La crisis política generada por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando derivaciones en la ciudad de Córdoba. Este jueves, el abogado penalista y concejal Ricardo Moreno presentó su renuncia al lugar que ocupaba como edil suplente dentro del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba, una decisión que se produce en un contexto de fuerte cuestionamiento público por su vínculo con Claudio Barrelier, principal acusado del crimen de la adolescente.

La salida de Moreno se da apenas días después de que el intendente Daniel Passerini resolviera reemplazarlo en el Concejo Deliberante por el exsecretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava. Sin embargo, aunque ya no ejercía funciones como concejal titular, el dirigente peronista continuaba formando parte de la lista de suplentes del oficialismo, situación que quedó sin efecto tras su dimisión.

Según trascendió, la renuncia fue comunicada de manera telefónica y ahora deberá completarse el procedimiento administrativo correspondiente para formalizar su salida definitiva de la estructura legislativa municipal.

El vínculo con Barrelier que desató la polémica

La situación de Moreno se volvió insostenible luego de que él mismo confirmara públicamente que había recomendado el ingreso de Claudio Barrelier a la planta municipal en 2021.

El dirigente explicó que la incorporación del ahora detenido se produjo a pedido de un sector gremial vinculado a trabajadores de delivery y aseguró que, al momento de gestionar su ingreso, Barrelier no registraba antecedentes penales.

«Era un militante activo que representaba a un sector de los delivery que él estaba liderando», sostuvo Moreno al describir la relación que mantenía con el acusado.

El abogado también aclaró que el vínculo entre ambos se limitaba a la militancia política dentro de la seccional séptima del peronismo cordobés y negó haber tenido una relación personal estrecha con el imputado.

No obstante, sus declaraciones alimentaron las críticas hacia los mecanismos de contratación dentro de la administración pública municipal, especialmente luego de admitir que intervino para facilitar el ingreso laboral del sospechoso.

La defensa de las prácticas de contratación política

Durante las entrevistas que brindó tras conocerse el caso, Moreno relativizó su responsabilidad en la incorporación de Barrelier al municipio.

Según explicó, el acusado ingresó en el escalafón más bajo de la estructura laboral.

«Entró a pintar cordones, el lugar más bajo de precariedad laboral», afirmó.

Pero una de las declaraciones que más repercusión generó fue su defensa de los mecanismos utilizados para recomendar personal dentro del Estado. Consultado sobre los criterios de selección, el dirigente sostuvo que este tipo de prácticas son habituales en la política argentina.

«Ante la crisis, no he hecho entrar a más de 15 personas en los últimos años», manifestó, en un intento por justificar su intervención en distintas incorporaciones laborales.

Sus palabras reabrieron el debate sobre los sistemas de ingreso a la administración pública y los márgenes de discrecionalidad política que aún persisten en distintos niveles del Estado.

Su rol como abogado defensor del acusado

A la controversia por el ingreso de Barrelier al municipio se sumó otro elemento de alto impacto político: Moreno fue abogado defensor del acusado en una causa judicial iniciada en 2025 por privación ilegítima de la libertad.

En aquel expediente, Barrelier permaneció detenido durante aproximadamente 20 días tras una denuncia presentada por una expareja.

Respecto de esa actuación profesional, Moreno defendió tanto su trabajo como el desempeño del fiscal Iván Rodríguez, quien intervino en aquella investigación.

«El fiscal actuó de acuerdo a derecho; no había tentativa de violación como dicen los medios», aseguró.

La afirmación generó cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales, que consideran que el antecedente judicial debió haber despertado mayores alertas institucionales.

Incluso, el propio Moreno apuntó contra la Municipalidad de Córdoba y, particularmente, contra el área de Recursos Humanos por no haber detectado la situación.

«Deben tomar cartas en el asunto cuando una persona no asiste a trabajar por 20 días por estar presa», cuestionó.

La declaración fue interpretada como un intento de trasladar responsabilidades hacia otros sectores de la administración municipal en medio de una creciente presión pública.

La ruptura tras el femicidio de Agostina Vega

Luego de conocerse los detalles del brutal asesinato de Agostina Vega, Moreno anunció que abandonaba inmediatamente la defensa legal de Barrelier.

El abogado tomó distancia del acusado y expresó un fuerte repudio hacia los hechos investigados.

«No podíamos defender a una alimaña humana de esta naturaleza; es un hecho repudiable y asqueroso», sostuvo.

Sus declaraciones buscaron marcar una diferencia entre su actuación profesional previa y la gravedad de los hechos que hoy se le atribuyen al detenido.

Sin embargo, la revelación de su doble vínculo con Barrelier —como defensor judicial y como impulsor de su ingreso al municipio— profundizó el desgaste político que ya enfrentaba.

Presión política y pedido de expulsión

La situación derivó rápidamente en un conflicto político dentro del Concejo Deliberante.

El bloque de la Unión Cívica Radical, alineado con el diputado nacional Rodrigo de Loredo, solicitó formalmente la expulsión de Moreno del cuerpo legislativo al considerar incompatible su permanencia con la gravedad del caso.

Pese a ello, el dirigente peronista rechazó la posibilidad de abandonar voluntariamente su cargo y defendió la legalidad de su actuación profesional.

Moreno argumentó que ejercer la abogacía no constituye ningún conflicto de intereses y sostuvo que no existían fundamentos jurídicos para apartarlo del Concejo.

Paralelamente, también salió al cruce de un audio viralizado en redes sociales donde se lo vincula con supuestas gestiones masivas de cargos públicos. El abogado calificó ese material como «trucho» y «apócrifo», y denunció que su difusión forma parte de una estrategia impulsada por sectores opositores para desacreditarlo políticamente.

Un caso que sigue impactando en la política cordobesa

La renuncia de Ricardo Moreno a su lugar como concejal suplente representa uno de los primeros costos políticos concretos derivados del caso Agostina Vega. Sin embargo, el episodio mantiene abiertas múltiples discusiones sobre los controles estatales, los mecanismos de contratación en la administración pública, las responsabilidades institucionales y el funcionamiento de los sistemas de prevención ante antecedentes de violencia.

Mientras la investigación judicial avanza y la sociedad cordobesa continúa reclamando respuestas, el caso sigue proyectando sus efectos sobre la dirigencia política local, que enfrenta crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas frente a uno de los hechos más conmocionantes de los últimos años en la provincia.