La conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega continúa dejando al descubierto una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de búsqueda y respuesta del Estado. En ese contexto, el legislador provincial Mauricio Jaimes, presidente de la Comisión de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Legislatura de Córdoba, presentó un pedido de informe destinado a esclarecer aspectos clave de la actuación judicial y administrativa durante las primeras horas posteriores a la desaparición de la adolescente.

La iniciativa apunta a reconstruir con precisión la secuencia de hechos desde el momento en que la madre de Agostina, Melisa Heredia, acudió a denunciar la desaparición de su hija hasta la activación efectiva de los protocolos de búsqueda. Para Jaimes, existen dudas que aún no han sido respondidas y que resultan fundamentales para determinar si el sistema actuó con la rapidez que exigía una situación de extrema gravedad.

La primera denuncia bajo la lupa

Uno de los principales puntos planteados en el pedido de informe busca establecer si existe algún registro oficial que permita determinar la hora exacta en que Heredia se presentó en la Unidad Judicial 13 para denunciar la desaparición de su hija.

La pregunta no es menor. La diferencia entre el momento en que una persona se presenta a denunciar y el instante en que esa denuncia es incorporada formalmente al sistema puede representar horas valiosas en casos de búsqueda de menores. Y en situaciones de riesgo, cada minuto cuenta.

El planteo surge además a raíz de las declaraciones públicas del fiscal Raúl Garzón, quien sostuvo que la denuncia fue recibida y tramitada con rapidez. Sin embargo, desde distintos sectores políticos y sociales comenzaron a surgir dudas sobre si efectivamente los procedimientos se desarrollaron con la celeridad que se afirma oficialmente.

La intención del legislador es determinar con exactitud cuánto tiempo transcurrió entre la presencia física de la madre en la dependencia judicial y la activación formal de los protocolos correspondientes.

Un problema estructural que vuelve a quedar expuesto

Más allá del caso puntual, el pedido pone sobre la mesa una problemática que desde hace años denuncian abogados, víctimas y ciudadanos: las demoras en la recepción y procesamiento de denuncias dentro del sistema judicial cordobés.

La lentitud en las unidades judiciales es una de las críticas más frecuentes hacia el servicio de Justicia. En muchos casos, los denunciantes deben esperar largas horas para ser atendidos, mientras que la carga administrativa y la falta de personal suelen retrasar la derivación de las actuaciones a las fiscalías correspondientes.

Por ello, Jaimes también solicitó información detallada sobre el funcionamiento de la Unidad Judicial 13 durante la noche en que se realizó la denuncia.

Entre otras cuestiones, pidió conocer:

• Cuántos empleados trabajan habitualmente en esa dependencia.
• Cuántos agentes estaban efectivamente de turno esa noche.
• Qué personal intervino en la recepción de la denuncia.
• Cuál es el tiempo promedio que tarda una denuncia en llegar a conocimiento de una fiscalía.

Las respuestas podrían resultar determinantes para evaluar si existieron fallas operativas o demoras que hayan afectado la capacidad de reacción del Estado.

¿La Unidad Judicial funcionaba normalmente?

Otro de los interrogantes apunta directamente a las condiciones laborales y estructurales del sistema judicial provincial.

El legislador preguntó expresamente si la Unidad Judicial 13 se encontraba funcionando con normalidad al momento de recibir la denuncia o si existía algún tipo de medida de fuerza por parte de sus trabajadores.

La inquietud no surge de manera aislada. Desde hace meses, empleados judiciales vienen denunciando bajos salarios, falta de recursos básicos, escasez de personal y problemas de infraestructura en distintas dependencias de la provincia.

Las críticas alcanzan directamente al Ministerio de Justicia, cuya conducción está a cargo de Julián López. Los reclamos por edificios deteriorados, falta de insumos y dificultades operativas forman parte de una discusión que se arrastra desde hace años y que, tras el crimen de Agostina, volvió a cobrar fuerza.

La ausencia del ministro en el centro de las críticas

Uno de los aspectos más llamativos señalados por Jaimes es la escasa exposición pública del ministro López en medio de una crisis institucional que ha generado una fuerte conmoción social.

Mientras distintos funcionarios del área de Seguridad y representantes judiciales brindaron explicaciones públicas sobre el caso, la ausencia del titular de Justicia no pasó inadvertida.

La crítica apunta a que, frente a cuestionamientos sobre el funcionamiento de las unidades judiciales y la capacidad de respuesta de los organismos encargados de recibir denuncias y activar protocolos, la máxima autoridad política del área debería ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía.

La falta de respuestas concretas alimenta una percepción cada vez más extendida entre los cordobeses: la sensación de que los sistemas de emergencia, recepción de denuncias y búsqueda de personas no siempre responden con la rapidez y eficacia que demandan situaciones críticas.

Un reclamo que excede un caso particular

El pedido de informe impulsado por Jaimes busca obtener información específica sobre lo ocurrido en el caso Agostina Vega, pero también abre una discusión más profunda sobre el estado de las instituciones encargadas de proteger a los sectores más vulnerables.

La tragedia ha puesto bajo observación el funcionamiento coordinado entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos estatales que intervienen ante la desaparición de menores.

Mientras la investigación judicial continúa avanzando, crece la demanda social de respuestas. No sólo para determinar si existieron errores o demoras, sino también para conocer si el Estado cuenta hoy con herramientas eficaces para actuar cuando la vida de una persona depende de la velocidad de una denuncia y de la activación inmediata de los protocolos de búsqueda.

Las preguntas formuladas por el legislador reflejan una inquietud que atraviesa a buena parte de la sociedad cordobesa: si el sistema respondió como debía hacerlo y, en caso contrario, quiénes deberán asumir las responsabilidades correspondientes.