En medio de la conmoción política y social que atraviesa la ciudad de Córdoba por el femicidio de Agostina Vega y las derivaciones institucionales del caso, el secretario de Políticas Sociales municipal, Raúl La Cava, confirmó que dejará su función en el Ejecutivo para regresar al Concejo Deliberante, ocupando la banca que deja vacante Ricardo Moreno, quien quedó en el centro de la polémica tras admitir que facilitó el ingreso de Claudio Barrelier a la administración municipal.

La decisión fue impulsada por el intendente de la ciudad, Daniel Passerini, y forma parte de una serie de movimientos políticos que buscan contener el impacto generado por las revelaciones vinculadas al acusado del femicidio de la adolescente de 14 años.

Un regreso decidido junto al intendente

La Cava explicó que su retorno al cuerpo legislativo municipal fue producto de una conversación directa con el jefe comunal y de una evaluación conjunta sobre el contexto que atraviesa la administración.

“Somos parte de un equipo. Así como me tocó salir de licencia para trabajar con el intendente, en el día de ayer me pidió la posibilidad de que vuelva a mi banca. Lo definimos juntos porque vengo de un área que no es nada fácil, el área social”, señaló.

El funcionario destacó que su paso por la Secretaría de Políticas Sociales le permitió adquirir experiencia en una de las áreas más sensibles de la gestión municipal y sostuvo que ahora buscará trasladar ese conocimiento al ámbito legislativo.

Su desembarco en el Concejo se produce en un momento particularmente delicado para el oficialismo municipal, obligado a responder a los cuestionamientos surgidos tras conocerse la vinculación laboral que tuvo Barrelier con el municipio.

El impacto político del caso Agostina Vega

La salida de Ricardo Moreno se produjo luego de que el propio dirigente reconociera haber intervenido en el ingreso de Claudio Barrelier a la estructura municipal.

La revelación generó una fuerte repercusión política y abrió interrogantes sobre los mecanismos de control utilizados para el ingreso de personal a la administración pública.

Consultado sobre la situación de Moreno, La Cava evitó emitir juicios personales.

“Alguna visión mía sobre Ricardo Moreno, no tengo por qué expresarla, porque Ricardo la podrá expresar por él mismo directamente”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que los acontecimientos recientes golpearon profundamente a la comunidad cordobesa.

“Parte de lo que ha sucedido en la ciudad nos ha dolido a todos, todos los que somos papás, vecinos. Ha sido un fin de semana terrible para todos”, expresó.

Sus declaraciones reflejan el clima de sensibilidad social que rodea al caso y que ha generado una creciente presión sobre las autoridades municipales y provinciales para explicar cómo funcionaron los controles institucionales previos al crimen.

Revisión de los mecanismos de control

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones de La Cava estuvo vinculado a la necesidad de reformular los procedimientos administrativos para evitar situaciones similares en el futuro.

El futuro concejal adelantó que la Municipalidad trabaja en una revisión integral de los sistemas de verificación aplicados al ingreso y permanencia de personal dentro del Estado local.

“Estos controles hoy va a haber que reorganizarlos, reajustarlos en virtud de garantizar que cualquier persona que esté cubriendo un lugar en el municipio no vuelva a repetirse esta situación de contar con un certificado hasta determinada fecha y que esa situación se entere tarde el Ejecutivo”, afirmó.

La referencia apunta a las discusiones abiertas sobre los antecedentes judiciales y las condiciones bajo las cuales Barrelier logró desempeñarse dentro de la administración municipal.

Las declaraciones constituyen además un reconocimiento implícito de que los mecanismos existentes no resultaron suficientes para detectar o actuar con la rapidez necesaria frente a situaciones que podrían representar un riesgo para la administración pública.

Posibles cambios normativos

La Cava también anticipó que el municipio evalúa impulsar modificaciones regulatorias para fortalecer los controles y reducir los márgenes de discrecionalidad en los procesos de incorporación de personal.

“Estoy seguro que parte de las cartas en el asunto que está tomando la Intendencia es modificar ordenanzas y demás para que esto no vuelva a ocurrir dentro de lo que es el ámbito municipal”, sostuvo.

La afirmación abre la puerta a una futura discusión política en el propio Concejo Deliberante sobre los requisitos, verificaciones y mecanismos de seguimiento que deberán aplicarse a quienes ingresen a desempeñarse en distintas áreas del Estado municipal.

Un cambio que busca contener la crisis

El regreso de La Cava al Concejo Deliberante se interpreta como una decisión política orientada a reordenar el escenario institucional tras uno de los episodios más sensibles que enfrentó la gestión de Passerini.

Más allá del reemplazo de un dirigente por otro, la situación deja expuesta una problemática de mayor profundidad: los controles internos del Estado, los mecanismos de selección de personal y las responsabilidades políticas derivadas de decisiones que hoy son objeto de cuestionamiento público.

Mientras la investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando, el municipio enfrenta el desafío de reconstruir confianza y demostrar que los cambios anunciados no quedarán únicamente en declaraciones, sino que derivarán en reformas concretas capaces de evitar que una situación similar vuelva a repetirse.