El escenario financiero de la provincia de Córdoba volvió a quedar bajo fuerte cuestionamiento político e institucional. El Tribunal de Cuentas provincial recomendó no aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2025 y emitió un dictamen de alto impacto en el que denuncia presuntas maniobras contables, incumplimientos constitucionales y un delicado estado financiero de la Caja de Jubilaciones.

El organismo de control concluyó que la documentación presentada por el Poder Ejecutivo “carece de razonabilidad, consistencia y transparencia”, y sostuvo que no existen elementos suficientes para validar las cuentas oficiales correspondientes al último ejercicio.

La decisión marca el tercer rechazo consecutivo a la administración provincial y profundiza la disputa entre el oficialismo y los sectores opositores dentro del órgano de control.

“Por tercer año consecutivo vamos a rechazar todo lo actuado por la Provincia el año pasado. Martín Llaryora nos inventa un superávit que no existe”, afirmó el presidente opositor del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán.

Un superávit que el Tribunal considera ficticio

El núcleo del dictamen apunta directamente a la presentación de un supuesto superávit provincial de $592.000 millones. Según el análisis técnico del Tribunal, esa cifra no reflejaría la situación real de las finanzas públicas, sino el resultado de mecanismos contables aplicados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).

De acuerdo con el informe, la agencia habría “capitalizado” pérdidas derivadas de diferencias de cambio e intereses vinculados a la deuda pública, registrándolas como activos en vez de contabilizarlas como gastos corrientes.

El Tribunal sostiene que esas operaciones alcanzan al 98,44% de la deuda provincial y distorsionan el resultado económico del ejercicio. Bajo un criterio contable homogéneo y ajustado a legalidad, el año 2025 no habría cerrado con saldo positivo, sino con un déficit real de $444.986 millones.

La observación no sólo cuestiona la consistencia técnica de la Cuenta General, sino también el relato fiscal sostenido por la administración de Martín Llaryora, que viene presentando equilibrio financiero como uno de los pilares centrales de gestión.

La Caja de Jubilaciones, en “quiebra técnica”

Otro de los puntos más sensibles del dictamen es el referido a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. El Tribunal describió una situación de “quiebra técnica”, con un patrimonio neto negativo de $936.352 millones.

El informe advierte que el Estado provincial funciona como acreedor financiero del organismo previsional, aplicándole tasas BADLAR sobre la asistencia económica otorgada. Esa mecánica generaría una acumulación de intereses que el Tribunal define como un pasivo “artificial e impagable”.

El dato que más preocupación genera es que el 76% del déficit informado por la Caja no provendría del sistema previsional en sí mismo, sino justamente de esos intereses financieros acumulados por la relación con el propio Estado provincial.

La situación fue interpretada por el organismo como una “financiarización del derecho social”, una definición que deja entrever no sólo cuestionamientos técnicos, sino también políticos sobre la administración del sistema jubilatorio cordobés.

Recursos inflados y activos de dudosa recuperación

El Tribunal también objetó la disponibilidad de recursos que informó el Ejecutivo provincial, estimada oficialmente en $1,46 billones.

Según el dictamen, el 66,78% de ese monto corresponde a créditos que la Provincia mantiene contra la Caja de Jubilaciones, activos que fueron calificados como “ilíquidos” y de “recuperación incierta”.

Además, el informe sostiene que esos créditos se encuentran sobredimensionados porque incluyen $531.568 millones en intereses cuya validez técnica es cuestionada por los auditores.

Para el organismo de control, esa metodología amplía artificialmente la capacidad financiera del Tesoro y profundiza la distancia entre los números oficiales y la situación económica efectiva de la Provincia.

Educación: incumplimiento constitucional y fuerte desinversión

El dictamen también puso el foco sobre el área educativa. El Tribunal afirmó que el Gobierno provincial incumplió el piso mínimo de inversión establecido por la Ley 9.870, que obliga a destinar al menos el 35% del presupuesto a educación.

Durante 2025, la ejecución habría alcanzado apenas el 27,13%, casi ocho puntos por debajo de lo establecido legalmente.

La diferencia representa, según el cálculo del organismo, una desinversión cercana a los $785.000 millones.

El señalamiento adquiere relevancia política en un contexto donde la administración provincial ha buscado posicionar la educación y la infraestructura escolar como ejes centrales de gestión.

Fondos especiales bajo observación

El informe también detectó irregularidades en distintos instrumentos financieros y fondos específicos administrados por la Provincia.

En el Fondo Único de Crédito Oficial (FUCO), el Tribunal registró una utilización excedida en $51.877 millones por encima del límite permitido, configurando —según el dictamen— un mecanismo de financiamiento sin respaldo legal.

Por otra parte, el Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario (FDA) fue cuestionado porque parte de sus recursos habrían sido utilizados para la compra de un avión hidrante, un destino que el organismo considera ajeno a los objetivos originales del fideicomiso.

El Tribunal advirtió además que la operación fue canalizada a través de ACIF, evitando controles preventivos y reduciendo los mecanismos tradicionales de fiscalización.

Una “zona gris” en el control del gasto público

Entre las conclusiones más delicadas del documento aparece la advertencia sobre el creciente volumen de inversión pública ejecutado por fuera de los organismos sometidos a control preventivo.

Según el Tribunal, el 72% de la inversión en infraestructura provincial se realiza actualmente mediante agencias y entes descentralizados excluidos de la supervisión previa del organismo.

Para los auditores, esta modalidad genera una “zona gris” en la administración de fondos públicos y debilita los mecanismos institucionales de control.

El dictamen abre ahora un nuevo capítulo en la discusión política sobre la transparencia de las cuentas provinciales y promete convertirse en un eje central del debate opositor en Córdoba, especialmente en un escenario donde la situación fiscal comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante en la agenda pública.