La disputa política por el funcionamiento de la Legislatura de Córdoba volvió a escalar con fuerza y expuso un nuevo capítulo de la tensión entre el oficialismo de Martín Llaryora y el arco opositor provincial. Radicales, juecistas, liberales y la izquierda coincidieron en denunciar un supuesto “vaciamiento” del debate parlamentario, mientras que desde el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba respondieron con dureza y acusaron a la oposición de “no aceptar el juego de las mayorías”.

El centro de la polémica gira en torno al esquema de sesiones de la Unicameral, el manejo parlamentario del PJ y el rol de las comisiones legislativas. La oposición sostiene que el oficialismo mantiene “planchada” la actividad legislativa para evitar cuestionamientos a la gestión provincial. Desde el peronismo, en cambio, aseguran que la Legislatura funciona con normalidad y remarcan que gran parte de la actividad institucional estuvo concentrada en el histórico Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso.

Miguel Nicolás: “Llaryora gobierna sin el Poder Legislativo”

Uno de los cuestionamientos más duros provino del legislador radical Miguel Nicolás, quien apuntó directamente contra el gobernador cordobés al afirmar que “Llaryora gobierna sin el Poder Legislativo”.

El dirigente de la UCR cuestionó la baja frecuencia de sesiones y advirtió que la última reunión parlamentaria se realizó el 5 de mayo, mientras que la próxima fue convocada recién para el 28 de este mes. Para Nicolás, esa situación refleja un esquema deliberado de control político del oficialismo.

“El silencio legislativo no es por falta de trabajo de la oposición. Obedece a una censura previa que el oficialismo y sus aliados aplican permanentemente para evitar denuncias sobre la mala gestión provincial”, lanzó.

El radical también denunció que “cientos de proyectos se cajonean en las comisiones” y acusó al PJ de habilitar únicamente iniciativas vinculadas a “jubilaciones, aumento de impuestos, endeudamiento y creación de cargos políticos”.

Las declaraciones de Nicolás volvieron a poner sobre la mesa una crítica histórica de parte de sectores opositores hacia el modelo político cordobés: la concentración de poder en el Ejecutivo provincial y el fuerte control parlamentario que el peronismo sostiene desde hace más de dos décadas.

El juecismo endureció el tono y habló de “autoritarismo”

Las críticas también fueron profundizadas desde el Frente Cívico. El legislador Walter Nostrala aseguró que desde el inicio de la actual gestión provincial “se dio la orden de cerrar totalmente el debate en la Legislatura”.

“Un gobierno con claro tinte autoritario, como nunca desde la vuelta de la democracia”, disparó el dirigente juecista.

Nostrala además sostuvo que el oficialismo habría “cooptado opositores” para consolidar mayorías parlamentarias y acusó al PJ de no estar dispuesto a escuchar reclamos ni críticas a la administración provincial.

En un tono abiertamente político y electoral, el legislador consideró que el peronismo cordobés atraviesa el desgaste de un ciclo histórico. “Estamos ante el final de un largo ciclo del peronismo en Córdoba”, afirmó.

Las declaraciones reflejan cómo el escenario legislativo ya comienza a mezclarse con el armado opositor de cara a 2027, donde distintos sectores buscan posicionarse como alternativa al cordobesismo.

Liberales e izquierda también cargaron contra la Unicameral

La ofensiva opositora sumó además a los representantes liberales y de izquierda, quienes coincidieron en cuestionar el funcionamiento parlamentario.

El legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda afirmó que “Córdoba ya no es casi una democracia” y definió al esquema político provincial como “una autocracia cada vez más perfecta”.

Por su parte, la dirigente del FIT-Unidad Noelia Agüero sostuvo que la Legislatura provincial “siempre ha sido una escribanía de lujo y ahora peor”.

Agüero cuestionó especialmente las reformas reglamentarias impulsadas por el oficialismo, a las que definió como “un traje a medida para el gobierno”. Además, acusó al PJ de impedir debates y frenar proyectos incómodos para la administración provincial.

“Intentan amordazar las denuncias en torno a las políticas ajustadoras de Llaryora”, sostuvo la legisladora de izquierda, quien también acusó al gobierno de priorizar intereses empresariales por encima de las demandas sociales.

Aunque provienen de espacios ideológicamente opuestos, tanto liberales como sectores de izquierda coincidieron en un diagnóstico: el funcionamiento legislativo aparece cada vez más condicionado por la lógica de la mayoría oficialista.

Facundo Torres defendió al PJ y apuntó contra la oposición

La respuesta del oficialismo llegó de la mano del presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, quien rechazó de plano las acusaciones y defendió el funcionamiento institucional de la Unicameral.

El dirigente peronista calificó de “sesgada y tendenciosa” la mirada opositora y recordó que la Legislatura estuvo abocada durante las últimas semanas al Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro, investigados por su actuación en la causa Dalmasso.

El proceso terminó con la destitución de los tres fiscales y los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 20 de mayo.

Torres sostuvo que el Jury implicó una intensa actividad institucional y explicó que el proceso demandó semanas de trabajo parlamentario, audiencias, alegatos y deliberaciones.

“Además de eso hay comisiones y se sigue con el normal funcionamiento del Poder Legislativo de Córdoba”, afirmó.

El jefe del bloque oficialista negó que exista una Legislatura paralizada y calificó como “tremendamente falaz” la caracterización impulsada por la oposición.

Pero además dejó una definición política de fondo: “A la oposición le molesta el juego de las mayorías, no ganar votaciones y no lograr en el recinto lo que realmente buscan: frenar el avance de una gestión provincial exitosa”.

Finalmente, Torres defendió la capacidad del oficialismo para construir consensos parlamentarios y aprobar las leyes que considera necesarias para consolidar el plan de gobierno de Llaryora.

Un conflicto que expone la tensión política rumbo a 2027

Más allá de la discusión reglamentaria y parlamentaria, el enfrentamiento vuelve a dejar al descubierto la creciente tensión política en Córdoba. Mientras el oficialismo busca consolidar gobernabilidad y sostener el control legislativo, la oposición intenta instalar la idea de un desgaste institucional y de una concentración excesiva de poder.

La Legislatura cordobesa se transformó así en otro escenario de disputa anticipada rumbo a las elecciones de 2027, donde tanto el peronismo como los distintos espacios opositores ya comenzaron a mover fichas.

En el fondo, la pelea no sólo discute la frecuencia de las sesiones o el funcionamiento de las comisiones. También pone en debate el modelo político cordobés, el equilibrio entre mayorías y minorías parlamentarias y la capacidad real de la oposición para incidir en las decisiones de poder en la provincia.