En medio del reordenamiento político que impulsa el gobernador Martín Llaryora de cara al tramo central de su gestión y con la mirada puesta en 2027, comenzaron a emerger señales de incomodidad dentro del amplio frente oficialista. Esta vez, el malestar proviene de un sector clave para la estrategia del cordobesismo: los intendentes y jefes comunales radicales que se alinearon al proyecto provincial y que ahora reclaman reciprocidad política, gestión y cumplimiento de acuerdos.

La tensión quedó expuesta tras una serie de reuniones y movimientos internos que muestran que, detrás del discurso de unidad, también existen exigencias concretas de los socios no peronistas de Hacemos Unidos por Córdoba.
El Panal activó a los intendentes propios
La semana pasada, el oficialismo convocó a unos 200 intendentes y jefes comunales al Centro Cívico en una reunión encabezada por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo. El objetivo fue doble: contener a las administraciones locales golpeadas por la crisis económica y, al mismo tiempo, comenzar a aceitar la estructura territorial que será decisiva para el futuro electoral del llaryorismo.
Según trascendió, desde el Gobierno provincial se transmitió un mensaje claro: Córdoba acompañará a los municipios frente al ajuste nacional. La comparación con el modelo libertario de Javier Milei estuvo implícita durante toda la convocatoria.
Pero además hubo una consigna política directa: defender la gestión provincial en cada territorio y prepararse para lo que viene.
La Casa de las Tejas entiende que los gobiernos locales serán una pieza central en cualquier intento reeleccionista de Llaryora en 2027. Sin intendentes movilizados, no hay proyecto competitivo posible.
Los radicales aliados pasan factura
Sin embargo, la foto institucional no logró tapar el malestar de otro sector del esquema oficialista: los intendentes radicales que durante el último año apostaron al llamado Partido Cordobés y hoy sienten que el vínculo se enfrió.
Se trata de dirigentes territoriales que acompañaron activamente la construcción transversal impulsada por Llaryora, participaron en la campaña legislativa y enfrentaron incluso cuestionamientos internos dentro de la UCR por su cercanía con el peronismo cordobés.
Muchos de ellos fueron acercados por Orlando Arduh, exsecretario de Cooperación Institucional, quien tenía a cargo buena parte de la ingeniería política para sumar aliados extrapartidarios.
Fue ese mismo grupo el que protagonizó una imagen potente en la previa electoral de octubre pasado: cerca de cien intendentes y dirigentes radicales respaldando la lista encabezada por Juan Schiaretti. Aquella postal fue utilizada por el peronismo como símbolo de amplitud política y como mensaje directo hacia la conducción radical de Rodrigo de Loredo.
“Nosotros cumplimos”
Hoy esos mismos dirigentes recuerdan que no solo acompañaron simbólicamente, sino que también aportaron estructura, fiscales, militancia y votos.
Según afirman, en 67 de las localidades donde jugaron fuerte por la lista de Provincias Unidas el resultado fue favorable, con un rendimiento que —sostienen— incluso superó al obtenido en varios distritos administrados por el propio justicialismo.
Por eso entienden que ya demostraron compromiso político y ahora exigen que el Gobierno provincial haga su parte.
Los reclamos son concretos: respuestas más ágiles, canales abiertos de diálogo, asistencia para los municipios y respeto por los acuerdos territoriales.
“Es lo mínimo”, resumieron desde ese espacio.
El acuerdo que preocupa: candidaturas locales
Uno de los puntos más sensibles pasa por las elecciones municipales de 2027. Según plantean estos intendentes, parte del entendimiento político con el cordobesismo incluía que el PJ no presentaría candidatos propios en aquellas localidades gobernadas por radicales aliados que busquen reelegir.
Ese compromiso es considerado central por varios jefes comunales del interior, que ya empiezan a proyectar sus próximos movimientos.
La inquietud surge porque, tras la salida de Arduh del Ministerio de Gobierno y su desembarco en la Defensoría del Pueblo como secretario de Relaciones Institucionales, algunos creen que la interlocución con el Panal perdió fluidez.
En otras palabras: sienten que cambió el operador, cambió el vínculo.
Arduh vuelve al territorio y asoma otra posibilidad política
En ese contexto, Orlando Arduh volvió a moverse. La semana pasada encabezó una reunión en Córdoba Capital con intendentes aliados y prevé replicar encuentros similares en Río Cuarto y Cruz del Eje.
El mensaje fue político y funcional: ponerse nuevamente a disposición para canalizar demandas, ordenar conversaciones y evitar que el descontento escale.
Entre los asistentes estuvieron dirigentes como Germán Corazza (Huerta Grande), Guillermo Moyano (Sarmiento), Emiliano Paredes (Tanti), Roberto Casas (Villa Tulumba), Pablo Díaz (El Brete), Maximiliano Rivarola (Villa Dolores), Francisco Iser (General Roca), José Mecchia (Sacanta), Sergio Marín (Toledo) y Eduardo Romero (Rafael García), entre otros.
Durante el encuentro se intercambiaron diagnósticos sobre la situación económica nacional y provincial, y Arduh dejó una definición con tono doctrinario: “El modelo cordobesista tiene como prioridad la gestión por encima de cualquier color político”.
Sin embargo, detrás de esa frase también se lee otro dato político: Arduh busca volver al centro de la escena y ya se lo menciona como posible candidato a Defensor del Pueblo de Córdoba.
Un actor silencioso que puede definir elecciones
Desde el entorno de los alcaldes advierten que no se trata de dirigentes menores ni testimoniales. Aunque gobiernan municipios medianos y pequeños, tienen incidencia real en cada elección.
Controlan padrones, mueven estructuras, articulan campañas y definen resultados en comicios legislativos y provinciales.
Por eso, su malestar no pasa inadvertido.
En el Panal saben que la lealtad de estos intendentes puede fortalecer al oficialismo, pero también que su desmovilización —o una neutralidad estratégica— podría complicar cualquier armado futuro.
Llaryora frente a un desafío interno
La construcción del cordobesismo siempre se presentó como una coalición pragmática, basada más en la gestión que en la identidad partidaria. Esa fórmula le permitió sumar peronistas, radicales, vecinalistas e independientes.
Pero sostener una alianza tan amplia exige algo más que fotos y discursos: requiere equilibrio, cumplimiento de compromisos y atención permanente.
Llaryora enfrenta ahora uno de los desafíos clásicos de todo frente dominante: administrar las expectativas de quienes ayudaron a construir poder.
Y en política, cuando los aliados empiezan a reclamar públicamente, suele ser porque sienten que en privado dejaron de ser escuchados.
