La Asamblea Provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) protagonizó este lunes una de las jornadas más tensas de los últimos años. En medio de un fuerte operativo policial, denuncias de represión, discusiones reglamentarias y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, el máximo órgano sindical resolvió aceptar la propuesta salarial del Gobierno de Martín Llaryora, pese a que en numerosas asambleas escolares el mandato previo había sido de rechazo.

La definición no sólo cerró una negociación que mantuvo en vilo durante semanas al sistema educativo cordobés, sino que además dejó expuestas profundas fracturas internas dentro del gremio docente.

Un clima de máxima tensión desde temprano

Antes de las 11 de la mañana, la sede donde se desarrolló la asamblea, ubicada sobre calle San Jerónimo al 500, ya se encontraba rodeada por un inédito operativo policial. Vallas metálicas, efectivos de infantería y controles estrictos marcaron el inicio de una jornada que anticipaba conflicto.

Según trascendió, el despliegue fue justificado por supuestas agresiones sufridas días atrás por el secretario general Roberto Cristalli tras una reunión entre la conducción gremial y funcionarios provinciales en el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, el clima se agravó cuando delegados opositores denunciaron haber sido reprimidos mientras intentaban ingresar para acreditarse. Incluso se informó la detención de uno de ellos, hecho que elevó aún más la tensión política y sindical.

El oficialismo defendió la “autonomía” de los delegados

Una vez iniciada la asamblea, la conducción provincial abrió el debate con una fuerte defensa de la autonomía de los delegados departamentales para decidir si correspondía aceptar o rechazar la nueva propuesta oficial.

El mensaje fue leído por sectores críticos como una señal directa para habilitar cambios respecto de los mandatos surgidos en las bases escolares, donde predominaba el rechazo.

Es decir: delegados que llegaban con instrucciones negativas quedaban políticamente habilitados para votar en sentido contrario.

Qué mejoró la Provincia para destrabar el conflicto

El Gobierno provincial introdujo una serie de modificaciones orientadas a revertir la negativa docente y alcanzar finalmente un acuerdo. Entre los principales puntos se destacaron:

• Reajustes salariales mensuales atados al IPC Córdoba desde mayo.
• Devolución de un día descontado por paro.
• Mejora en los montos compensatorios por Fonid para jubilados docentes.
• Incrementos salariales ya incluidos en la oferta anterior.
• Eliminación del tope del complemento remunerativo.
• Prórroga de suspensiones vinculadas al FOSAET y al artículo 3 de Profesionalidad Docente.
• Plus de $120.000 para cargos directivos.
• Plus de $400.000 para supervisores por movilidad y traslados.
• Mejora del esquema previsional para jubilados del sector.

En términos salariales, la propuesta contemplaba aumentos del 23,3% para maestras de grado, 18,8% para docentes secundarios con 30 horas cátedra y 15,9% para cargos directivos.

La pelea por el voto: nominal o a mano alzada

El momento más delicado llegó al momento de votar.

La oposición reclamó que la definición fuera nominal, es decir, dejando constancia pública de cómo votaba cada delegado. El estatuto prevé esa modalidad si lo solicita al menos un quinto de la asamblea.

La intención era clara: exponer a quienes modificaran el mandato recibido en sus departamentos.

El oficialismo primero intentó imponer una votación a mano alzada. Luego, ante la debilidad reglamentaria de esa postura, ensayó una alternativa insólita: una votación “nominal-secreta”, fórmula que generó rechazo y fuertes cuestionamientos internos.

Finalmente, cuando la conducción comenzó a preparar una urna, la oposición retiró su moción nominal para al menos poder identificar visualmente quiénes cambiaban su posición.

Se dio vuelta el resultado

En la previa, el conteo indicaba una ventaja del rechazo: 76 votos contra 58.

Pero al momento de la definición, el escenario cambió drásticamente.

El resultado final fue:

• 79 votos por la aceptación
• 59 votos por el rechazo

La oferta salarial quedó aprobada, se cerró la paritaria docente y el Gobierno provincial consiguió destrabar uno de los conflictos más sensibles de su gestión.

Triunfo para Llaryora, costo político para la conducción gremial

Con la aprobación del acuerdo, la administración provincial gana aire para avanzar ahora con el resto de las negociaciones estatales, que inevitablemente tomarán como referencia lo resuelto en la UEPC.

Pero puertas adentro del gremio, la jornada dejó heridas profundas.

Sectores opositores denuncian que se desconocieron mandatos de base y que la conducción intentó evitar la transparencia del voto para proteger a quienes modificaron su postura.

La conducción sindical logró aprobar la propuesta, pero quedó bajo cuestionamiento político por el método utilizado.

Lo que viene

El conflicto docente puede haber encontrado una salida salarial, pero no una salida institucional. La fractura interna quedó expuesta y la discusión sobre representatividad, democracia sindical y obediencia a los mandatos promete seguir abierta.

La paritaria terminó. La interna de la UEPC, no.