
Escuché con atención el extenso discurso del gobernador Martín Llaryora en la apertura del período legislativo en Laboulaye. Fueron más de dos horas de palabras cuidadosamente seleccionadas para construir un relato: el de una gestión eficiente, distinta, casi desligada de los largos años de gobiernos peronistas que condujeron Córdoba y de los cuales él fue protagonista central. Con orgullo, y también con una preocupante liviandad frente a la verdad, Llaryora exhibió supuestos logros y se presentó como si recién llegara a la administración pública.
Pero mientras hablaba de gestión, omitió deliberadamente una parte esencial de la democracia: el control.
Porque si todo funciona tan bien como dice, si no hay errores, si no hay corrupción ni desmanejos, la pregunta es inevitable: ¿dónde obstaculiza la oposición?, ¿dónde lo controla?, ¿dónde se le ponen límites para evitar abusos?
Eso no lo dijo.
El gobernador eligió construir un enemigo conveniente: la oposición y los organismos de control. Los acusó de “obstaculizar”, de “poner palos en la rueda”, de frenar decisiones clave. Pero nunca explicó por qué existen esos frenos, ni reconoció que el control no es un capricho político sino una obligación institucional. El Tribunal de Cuentas, la Legislatura y la oposición no están para aplaudir al Ejecutivo, están para evitar errores, sobreprecios, improvisaciones y hechos de corrupción que Córdoba ya ha pagado caro en el pasado.
Llaryora intenta despegarse del pasado peronista como si no hubiese sido ministro, diputado nacional, vicegobernador y parte central del mismo modelo que hoy dice venir a corregir. No se puede renegar de la historia propia cuando conviene, ni fingir que los problemas estructurales de la provincia nacieron hace dos años. La deuda, el gasto público desmedido, la crisis previsional, el deterioro de la salud y la inseguridad no aparecieron por generación espontánea.
Cuando el gobernador habla de gestión sin mencionar el control, no está defendiendo la democracia: está cuestionándola. Gobernar sin controles es gobernar sin límites, y la historia argentina demuestra que ese camino siempre termina mal. La oposición no obstaculiza cuando exige explicaciones; cumple su rol cuando pide informes, cuando cuestiona licitaciones dudosas, cuando frena decisiones apresuradas que comprometen recursos públicos.
Basta de mentir.
Basta de presentar el control como un problema y la obediencia como una virtud. Córdoba necesita un gobierno que diga la verdad, que asuma responsabilidades y que entienda que sin oposición y sin control no hay república posible, solo poder concentrado.
