La apertura del nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura, realizada en Laboulaye, dejó al descubierto algo más profundo que el tradicional mensaje anual del gobernador Martín Llaryora: la creciente incomodidad del oficialismo frente a un esquema de control que ya no logra disciplinar ni desacreditar con facilidad. Lejos de mostrar fortaleza política, el mandatario eligió la confrontación directa con la oposición, a la que acusó de “obstruir” la gestión, y terminó reforzando una imagen de desgaste prematuro y nerviosismo político.

El gobernador apuntó con dureza contra el juecismo, el radicalismo y el espacio libertario, responsabilizándolos por trabas institucionales que —según su relato— impactan negativamente en la vida cotidiana de los cordobeses. Sin embargo, el señalamiento quedó atrapado en una contradicción central: el ejercicio del control sobre los actos de gobierno no solo es una facultad legal de la oposición, sino una obligación democrática. Presentarlo como sabotaje expone más una molestia del poder que una defensa genuina del interés público.

La escena política de Laboulaye terminó siendo elocuente. Mientras Llaryora descargaba reproches desde el atril, en las bancas se consolidaba una imagen que el peronismo cordobés observa con creciente preocupación: Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni compartiendo fila, escuchando juntos más de dos horas de discurso y mostrando, al menos en lo simbólico, una oposición que empieza a coordinarse frente al oficialismo. No hubo anuncios electorales ni acuerdos formales, pero sí un mensaje claro: la fragmentación opositora ya no es un dato garantizado para el PJ.

Horas antes del acto, los tres referentes habían posado para una foto junto al intendente local, Luis Chiapello, en la Municipalidad de Laboulaye. El gesto, cuidadosamente construido, funcionó como una señal política inequívoca. No se trató de una casualidad protocolar, sino de una demostración de que, más allá de las diferencias ideológicas, existe un punto de convergencia: poner límites a una gestión que muestra signos de agotamiento discursivo y defensivo.

Tras el acto, el senador Luis Juez optó por un tono institucional, pero no cedió un centímetro en el fondo del planteo. Defendió el rol del Tribunal de Cuentas y rechazó de plano la acusación de obstruccionismo. “Fuimos elegidos para controlar el gasto público”, recordó, en alusión directa al conflicto por el bloqueo de una compra millonaria de drones para la Policía. La frase incomoda al Gobierno porque desnuda el núcleo del problema: no es la oposición la que interfiere, sino el control el que molesta.

Juez evitó personalizar el conflicto, pero dejó una definición política contundente al sostener que las observaciones del Tribunal de Cuentas responden a presuntos sobreprecios en obras públicas, una atribución expresamente prevista por la ley. El mensaje fue claro: no se trata de una disputa partidaria, sino de legalidad y transparencia. La reacción del Ejecutivo, en cambio, pareció confirmar que el control dejó de ser un trámite tolerable para convertirse en una amenaza política.

Rodrigo de Loredo profundizó esa lectura y fue más directo en la crítica al estilo del gobernador. Cuestionó el tono del discurso y habló de un mandatario “gritón” y visiblemente incómodo cuando se refirió a la oposición. Para el radical, la reacción de Llaryora no es casual: responde al temor de que la oposición logre articularse de cara a 2027. En ese marco, habló de “una gestión con mucho desgaste” y ironizó sobre el perfil discursivo del gobernador, a quien apodó “Don Charlatín”, retomando una crítica instalada a nivel nacional.

De Loredo también puso el foco en los anuncios oficiales, a los que acusó de carecer de impacto real y de ser utilizados con fines políticos. Señaló que programas de asistencia y líneas de crédito terminan concentrándose en sectores afines al peronismo, una práctica que, según denunció, se repite elección tras elección. La crítica golpea en un punto sensible: la utilización del Estado como herramienta de construcción política.

Desde el espacio libertario, Gabriel Bornoroni sumó una lectura complementaria, apuntando a la falta de coherencia del modelo provincial. Acusó a Llaryora de intentar imitar parcialmente políticas del Gobierno nacional sin asumir sus costos ni su lógica de fondo. “Una copia barata”, definió, al tiempo que reforzó el posicionamiento electoral de La Libertad Avanza y dejó en claro que el contraste con Javier Milei será un eje central de la disputa política en Córdoba.

Así, la jornada en Laboulaye dejó una postal incómoda para el oficialismo. El gobernador eligió confrontar, pero terminó exhibiendo debilidad. La oposición, sin unificar estrategias ni discursos, logró algo más relevante: mostrarse en escena, marcar límites y disputar el sentido del poder desde ahora. En ese movimiento, Llaryora no apareció como el conductor sólido de un proyecto en expansión, sino como un mandatario a la defensiva, cada vez más irritado frente a un control que ya no puede deslegitimar con discursos.