En política, la palabra tiene peso. No es neutra, no es inocua y mucho menos cuando proviene de funcionarios con responsabilidades concretas en la gestión. Por eso, cuando escucho al ministro Miguel Siciliano opinar sobre salud, jubilados o discapacidad, no puedo dejar de señalar una contradicción que ya resulta insostenible.

No se trata de limitar la libertad de expresión —que es un pilar democrático—, sino de poner en evidencia lo que considero una creciente desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Porque cuando la palabra no está respaldada por la gestión, deja de ser opinión para transformarse en una forma de irresponsabilidad política.

Siciliano ha sido parte de un proceso que, durante años, ha impactado directamente en uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: los jubilados. No es un dato menor. Es un antecedente que no puede ser omitido cuando se pretende hablar hoy en nombre de quienes han sido sistemáticamente afectados por decisiones políticas.

En Córdoba, el debate sobre el sistema previsional no es nuevo. Tampoco lo es la discusión sobre el 82% móvil ni las condiciones en las que miles de jubilados perciben sus haberes. Hubo iniciativas, reclamos y propuestas que no avanzaron. Y en ese contexto, muchos eligieron el silencio o el bloqueo antes que el debate.

Por eso, cuando hoy se invoca preocupación por ese mismo sector, la pregunta surge sola: ¿desde cuándo?

Pero el problema no se agota en lo previsional. La situación de APROSS sigue siendo uno de los puntos más críticos del sistema de salud provincial. Demoras en pagos, cápitas insuficientes, prestadores que dejan de atender y afiliados —muchos de ellos jubilados o personas con discapacidad— que deben recorrer un circuito desgastante para acceder a una prestación básica.

Esa es la realidad. Y frente a esa realidad, las declaraciones grandilocuentes pierden sentido.

No se puede hablar de sensibilidad social sin hacerse cargo de la gestión. No se puede opinar sobre salud sin resolver los problemas estructurales del sistema. No se puede invocar a los jubilados sin revisar las decisiones que los afectaron directamente.

Hay otro punto que también merece atención. La preocupación por las alianzas políticas en Córdoba. En democracia, la construcción de acuerdos no solo es legítima, sino necesaria. Forma parte del juego institucional y del equilibrio de poder.

Entonces, ¿cuál es el problema?

Quizás el problema no sea la conformación de alianzas, sino el escenario que esas alianzas pueden generar. Un escenario donde haya mayor control, más debate y menos margen para sostener discursos sin correlato en la realidad.

De cara al 2027, es lógico que se empiecen a reconfigurar espacios políticos. Lo que no es lógico es intentar deslegitimar ese proceso con argumentos que no resisten análisis.

La política necesita recuperar algo básico: coherencia.

Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre la preocupación que se expresa y las decisiones que se toman. Porque cuando esa coherencia se pierde, la opinión deja de ser un aporte y se convierte en un problema.

Y en temas tan sensibles como la salud, las jubilaciones y la discapacidad, la sociedad no necesita más opiniones. Necesita respuestas.