Laboulaye fue, durante el domingo, la capital política de Córdoba. En el Teatro Sporting, el gobernador Martín Llaryora inauguró el 148° Período Legislativo de la Unicameral con un discurso extenso —125 minutos—, cargado de balance de gestión, anuncios medidos y señales políticas claras. El mandatario combinó un repaso clásico de sus dos primeros años de gobierno con definiciones sobre seguridad, previsión social y una confrontación directa —aunque sin nombres propios— con el Tribunal de Cuentas y los principales referentes opositores.

El mensaje tuvo un eje evidente: defender la gestión, mostrarse activo en un contexto de “crisis” y dejar en claro que, aunque no haya elecciones este año, el 2027 ya empezó a jugarse.

Jubilaciones: aumento de la mínima y defensa de la Caja

Uno de los anuncios más relevantes estuvo en el plano previsional. Llaryora confirmó que la jubilación mínima provincial será elevada hasta rondar los 800 mil pesos antes de fin de año y prometió ampliar el universo de beneficiarios del 82% móvil. En ese marco, ratificó una de las banderas sensibles del oficialismo: la Caja de Jubilaciones seguirá bajo control provincial.

“La Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, enfatizó el gobernador, dejando un mensaje tanto hacia la Nación como hacia los sectores que cuestionan la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, el entusiasmo oficial contrasta con el malestar gremial. Sindicatos ya anticiparon la presentación de amparos colectivos e individuales en la Justicia provincial por el aumento de aportes a los trabajadores con mejores salarios y la consecuente caída del salario de bolsillo, incluso entre algunos jubilados alcanzados por los beneficios anunciados.

Seguridad como bandera y eje de confrontación

La seguridad ocupó buena parte del discurso y volvió a consolidarse como el terreno elegido por Llaryora para diferenciarse y confrontar. El gobernador reivindicó la Ley de Seguridad sancionada al inicio de su mandato y anunció el envío de dos nuevos proyectos: una ley antibúnkeres y una norma de protección integral a las víctimas de delitos, que pidió denominar “ley Joaquín”, en homenaje a Joaquín Sperani, el niño asesinado en Laboulaye.

En este punto, el mandatario endureció el tono y apuntó directamente contra el Tribunal de Cuentas, al que acusó de “obstruir” la compra de tecnología para combatir el narcotráfico. “Obstruir la compra de tecnología es ponerse del lado de los narcotraficantes”, lanzó, sugiriendo que el organismo actuó bajo órdenes políticas y con temor a una derrota electoral futura.

Sin nombrarlo, el principal destinatario fue el senador Luis Juez y el juecismo, fuerza que controla el Tribunal. Llaryora sostuvo que “no hay lugar para los tibios” frente al narcotráfico y se abrazó al alineamiento con la doctrina de seguridad nacional, incluso felicitando al gobierno de Javier Milei por la baja de homicidios, un gesto político que buscó cuidar la relación con la Casa Rosada.

Dardos a la oposición y clima electoral anticipado

Aunque agradeció el acompañamiento opositor en algunas leyes, el gobernador también dedicó varios pasajes a marcar diferencias. Recordó, en tono irónico, el video con inteligencia artificial difundido por Rodrigo de Loredo en 2025 y deslizó que el radical “busca quedar bien con Milei”. Fue más duro aún al augurar que la UCR cordobesa podría quedarse sin representación en futuras elecciones.

De Loredo respondió luego que esos ataques son “síntoma de miedo a perder”, mientras que Juez redobló la apuesta defendiendo el rol del Tribunal de Cuentas y asegurando que las objeciones a la compra de drones respondieron a “sobreprecios”.

Antes de la sesión, Juez, De Loredo y el libertario Gabriel Bornoroni se mostraron juntos por primera vez en meses, bajo la consigna “fin de ciclo”, dejando una foto que buscó mostrar unidad opositora, aunque las tensiones internas y la disputa por la candidatura a gobernador siguen siendo más un factor de división que de cohesión.

Gestión, anuncios medidos y relato de estabilidad

El discurso de Llaryora no se salió del libreto esperado: repaso de obras, defensa de decisiones y una hoja de ruta sin grandes giros. Apeló a un concepto menos ideológico —“tener corazón”— para justificar políticas destinadas a sectores golpeados por la recesión, como el plan Medicor, los 5.000 lotes para viviendas, fondos para emprendedores y programas para discapacidad.

En materia impositiva, ratificó la rebaja del impuesto inmobiliario y aseguró que, por esa vía, “volvieron a los bolsillos de los cordobeses unos 900 mil millones de pesos”. Según sus cálculos, el 40% de los contribuyentes pagará menos que el año pasado y el resto tendrá actualizaciones por debajo de la inflación.

Gestión versus control, una disputa que recién empieza

La tensión entre el Ejecutivo y los organismos de control quedó expuesta como uno de los conflictos políticos centrales del año. Llaryora adelantó que insistirá con la compra de tecnología vetada por el Tribunal de Cuentas y deslizó la posibilidad de modificar su integración, pasando de tres a cinco miembros.

A la salida del acto, Juez defendió el rol del organismo y acusó al gobierno de intentar correr los límites del control. “Ganen la elección en buena ley, no obstruyendo”, respondió el gobernador, convencido de que la licitación fue frenada por razones políticas.

Todo indica que la disputa entre gestión y control, entre ejecución y freno institucional, será uno de los ejes del debate cordobés en los próximos meses. Con Laboulaye como escenario y la seguridad como bandera, Llaryora dejó en claro que gobierna mirando más allá del presente. El 2027 ya no es un horizonte lejano, sino una variable que empieza a ordenar discursos, alianzas y conflictos.