Llaryora busca disputarle a Milei la bandera de la baja de impuestos

El gobernador anunció una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y una rebaja de Ingresos Brutos. La estrategia apunta a recuperar una bandera histórica del peronismo cordobés, discutirle el discurso libertario sobre la presión fiscal y reivindicar el legado de José Manuel de la Sota en un escenario marcado por la disputa electoral.

Martín Llaryora encontró en el Presupuesto 2027 una oportunidad para recuperar una de las banderas históricas del peronismo cordobés: la reducción de impuestos. Con un paquete de rebajas que tendrá como principal medida una disminución del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades, el gobernador busca disputarle a Javier Milei el discurso contra la presión tributaria, una de las principales herramientas políticas de La Libertad Avanza.

La apuesta tiene una lectura que excede lo económico. La promesa de bajar impuestos fue uno de los ejes que llevó a José Manuel de la Sota a ganar las elecciones de 1998 y que el PJ provincial considera parte de su identidad política. Ahora, Llaryora intenta recuperar ese legado en un contexto diferente: con Milei en la Casa Rosada, Gabriel Bornoroni ya instalado en la discusión electoral y una disputa abierta por quién representa mejor a los contribuyentes.

La referencia a De la Sota también adquiere relevancia por la tensión entre el gobernador y Natalia de la Sota. En ese escenario, el mandatario provincial busca apropiarse de una tradición política que los libertarios instalaron como propia y que amenaza con erosionar una de las bases históricas de sustentación electoral del peronismo cordobés.

De hecho, Bornoroni ya lanzó su primera promesa de campaña: eliminar el Inmobiliario Urbano. La respuesta de Llaryora fue presentar un esquema de alivio fiscal que no llega a la eliminación del tributo, pero busca mostrar que el oficialismo también puede ofrecer una reducción significativa sin abandonar el equilibrio de las cuentas públicas ni la inversión social.

El inmobiliario, la principal apuesta

En el Centro Cívico, acompañado por el ministro de Economía, Guillermo Acosta; el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y la vicegobernadora, Myrian Prunotto, Llaryora presentó el paquete tributario como una de las mayores reducciones impositivas del país. «Esta es una de las rebajas de impuestos más grandes que van a encontrar en Argentina en este momento», aseguró.

La medida central alcanzará a todos los inmuebles urbanos de Córdoba. El 97% de las propiedades tendrá una reducción del 30%, mientras que el 3% restante accederá a una rebaja del 5%. La diferencia estará determinada por la valuación fiscal: recibirán el descuento mayor las propiedades valuadas hasta $307 millones, mientras que las que superen ese monto tendrán el beneficio menor.

A esto se suma la decisión de no aplicar un nuevo revalúo inmobiliario. Las bases imponibles se mantendrán en los niveles de 2026, por lo que la Provincia sostiene que todos los propietarios pagarán nominalmente menos que este año.

El costo fiscal de estas medidas asciende a $156.162 millones. De ese total, $74.877 millones corresponden a los nuevos descuentos y otros $81.285 millones al revalúo que no se aplicará.

También continuarán las exenciones para jubilados, viviendas sociales, personas con discapacidad y entidades sin fines de lucro. Actualmente, 276.324 inmuebles están alcanzados por algún tipo de beneficio. Se mantendrá, además, el programa Ciudadano Cumplidor, que contempla una bonificación del 30% y alcanza al 62% de los contribuyentes, junto con el descuento del 15% por pago en cuota única.

Sin embargo, todavía resta precisar cómo se combinarán esos beneficios con la nueva reducción general. Ese punto será observado por la oposición, especialmente por La Libertad Avanza, que tiene una consigna más directa para explotar políticamente: eliminar el impuesto.

Comercios y trabajadores, en la mira

El segundo eje del paquete apunta a comerciantes y prestadores de servicios. La alícuota general de Ingresos Brutos bajará del 4,75% al 3,50%, lo que representa una reducción del 26,3% en términos relativos. La tasa efectiva promedio quedará en el 2,57%.

Además, el Gobierno ampliará el universo de contribuyentes que acceden a la alícuota reducida del 2,5%. Los beneficiarios pasarán de 70.000 a 110.000, sobre un padrón de 189.323 contribuyentes. De esta manera, el 57% de quienes tributan Ingresos Brutos quedará comprendido en ese régimen.

La estrategia incluye una nueva Ley de Promoción del Comercio, que extenderá a los establecimientos comerciales el mecanismo de Impuestos por Inversión. La herramienta permitirá recuperar parte de las obligaciones tributarias a partir de las inversiones realizadas, con el objetivo de incentivar aperturas, ampliaciones y nuevos proyectos. Los emprendimientos del noroeste y el sur provincial tendrán condiciones preferenciales.

El paquete también contempla una reducción del 50% del Impuesto Automotor para vehículos afectados al transporte de pasajeros y servicios de movilidad asistida, además de la exención total para las motos destinadas al reparto. La medida apunta a un sector de trabajadores independientes y repartidores que también forma parte del universo electoral al que buscan acercarse los libertarios.

En paralelo, se mantendrán las exenciones de Ingresos Brutos para el agro, la industria y la economía del conocimiento, además de los regímenes de promoción productiva.

Equilibrio fiscal con margen mínimo

La reducción de impuestos llega en un escenario económico complicado. Según el diagnóstico del Ejecutivo, Córdoba sufrió el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales y la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo. A eso se suman más de diez meses consecutivos de caída de la recaudación, un contexto que limita la capacidad de maniobra de la administración provincial.

La contracara del alivio tributario será una política de contención del gasto. El Presupuesto 2027 proyecta ingresos y erogaciones por $18,7 billones, con un resultado financiero positivo de apenas $10.118 millones, equivalente al 0,1% de los ingresos totales. El ahorro corriente, en cambio, alcanzará los $1,58 billones.

Llaryora anunció, además, un recorte del 40% en publicidad oficial y una política restrictiva para iniciar nuevas obras públicas. La prioridad será terminar los proyectos de gran escala que ya están en ejecución y concentrar los recursos en salud, educación, seguridad y programas sociales.

La inversión social llegará a $6,27 billones, el 34% del gasto total y tres puntos porcentuales por encima de la participación prevista en 2026.

El gobernador intenta así construir una síntesis política de cara al año electoral: reducir impuestos, sostener el equilibrio fiscal —aunque con un margen financiero mínimo— y preservar la inversión social. Pero el desafío no será solamente mostrar números más bajos en las boletas, sino convencer a los contribuyentes de que el alivio es real y suficiente.

En definitiva, Llaryora no quiere dejarles a Milei y Bornoroni el monopolio del discurso contra los impuestos. Busca recuperar una bandera que De la Sota convirtió en marca del peronismo cordobés y que hoy vuelve a convertirse en terreno de disputa electoral.

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