La eliminación del Inmobiliario Urbano propuesta por La Libertad Avanza y la rebaja tributaria anunciada por Llaryora encendieron el debate legislativo. Facundo Torres Lima y Gabriel Bornoroni protagonizaron el primer cruce, mientras la UCR, el Frente Cívico, Encuentro Vecinal y el PRO cuestionaron el gasto público y las cuentas provinciales.

El Presupuesto 2027 de Martín Llaryora abrió un nuevo frente de confrontación política en Córdoba. La discusión por el alivio fiscal anunciado por el gobernador derivó en el primer cruce entre el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres Lima, y el referente de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni.
El disparador fue una palabra del diputado libertario: «migajas». Bornoroni cuestionó el alcance de la rebaja impositiva y acusó al mandatario de ofrecer medidas insuficientes después de haber aumentado la presión tributaria durante su gestión.
«Después de subir el impuesto inmobiliario urbano durante toda su gestión, ahora Llaryora les ofrece migajas a los cordobeses», disparó.
La crítica forma parte de la ofensiva fiscal de LLA, que propone eliminar el Inmobiliario Urbano mediante un recorte del gasto político y de las estructuras estatales. «Se puede hacer. Córdoba necesita reformas en serio, no medidas improvisadas al calor de las necesidades electorales del gobernador de turno», sostuvo Bornoroni. Para respaldar su planteo, recordó que el tributo habría aumentado hasta un 172% en 2025, frente a una inflación del 118% durante el año anterior.
La respuesta de Torres Lima fue inmediata. El legislador acusó al libertario de mostrar «una enorme insensibilidad social» al calificar de migajas un paquete de alivio fiscal que, según el Ejecutivo, alcanza los 1,5 billones de pesos.
«Vuelve con la muletilla de siempre: prometer eliminar impuestos sin explicar cómo se sostendrían los hospitales, las escuelas, la seguridad y la obra pública. Eso no es una propuesta seria. Es vender espejitos de colores», retrucó.
Además, desafió a Bornoroni a impulsar en el Congreso la eliminación del impuesto nacional a los combustibles, al que señaló como un factor que encarece el transporte, la producción y el costo de vida.
«La discusión no es quién promete eliminar más impuestos, sino cómo se alivia a la gente sin abandonar las responsabilidades del Estado», afirmó Torres Lima, antes de cuestionar las propuestas libertarias por considerarlas consignas destinadas a las redes sociales.
El oficialismo defiende su esquema fiscal
La vicegobernadora Myrian Prunotto respaldó la estrategia de Llaryora y sostuvo que el cuidado de las cuentas provinciales permite reducir impuestos sin comprometer la inversión pública.
«Cuidar las cuentas de la Provincia nos permite dar ese alivio y sostener la inversión pública donde más se necesita. En 2027 vamos a seguir destinando recursos para mejorar la educación, la salud y la seguridad», afirmó.
En la misma línea, el legislador Leonardo Limia defendió las exenciones y los beneficios tributarios previstos para acompañar a las familias, el comercio y la industria. «Bajar impuestos debe formar parte de una política fiscal sostenible, que cuide los recursos públicos y garantice el desarrollo de nuestra provincia», sostuvo. También destacó que el presupuesto contempla una reducción impositiva manteniendo el equilibrio fiscal.
Sin embargo, los argumentos oficiales no despejaron las dudas opositoras. La UCR, el Frente Cívico, Encuentro Vecinal y el PRO reclamaron precisiones sobre el impacto real de las rebajas y cuestionaron la falta de medidas para reducir el gasto estatal.
La oposición cuestiona el gasto y las cuentas
Desde la UCR, Alejandra Ferrero advirtió que todavía falta conocer el impacto concreto de los anuncios sobre los contribuyentes. También alertó sobre la caída de la obra pública y los posibles recortes en programas sociales, educativos, de discapacidad y salud mental, mientras se mantienen las estructuras estatales.
«Ningún achicamiento del Estado, ninguna cuantificación del ahorro real de haber achicado alguna estructura del Estado», cuestionó.
La jefa del bloque radical también puso en duda cómo se financiará la rebaja tributaria en un contexto de caída de la recaudación. Frente a la explicación oficial, que atribuye el retroceso a la recesión y la contracción del consumo, sostuvo que Córdoba no acompañó medidas de reducción del Estado y ahorro que permitan amortiguar ese impacto.
El Frente Cívico, por su parte, apuntó directamente contra el tamaño de la administración provincial. Walter Nostrala cuestionó la continuidad de los 15 ministerios, las 10 agencias, los gastos reservados y las designaciones de personal.
«No hay ningún tipo de achique de gasto en el Estado. En Córdoba la fiesta del gasto no para», disparó.
El legislador reclamó una reforma tributaria más profunda y recordó que el juecismo tiene presentado desde 2024 un proyecto para reducir Ingresos Brutos y eliminar el impuesto a los Sellos. Además, calificó al presupuesto como «dibujado» y «marketinero», por considerar insuficientes las medidas anunciadas.
Desde Encuentro Vecinal, Gerardo Grosso trasladó la discusión a la confiabilidad de las cuentas públicas. Recordó que el Tribunal de Cuentas recomendó no aprobar la Cuenta de Inversión 2025 por tercer año consecutivo y cuestionó el tratamiento contable de las diferencias de cambio y los intereses de deuda registrados por la ACIF.
Según los cálculos que expuso, el superávit de 592.000 millones de pesos informado por el Ejecutivo sería artificial y, corregida esa contabilización, el resultado arrojaría un déficit cercano a los 445.000 millones. También mencionó las observaciones sobre inversión educativa y el patrimonio negativo de la Caja de Jubilaciones.
«¿Cómo vamos a votar lo que se va a gastar el año que viene sin discutir cómo se gastó el anterior?», planteó. Aunque anticipó que acompañará la baja de impuestos, advirtió que no debe servir para evitar el debate sobre las estructuras políticas y las agencias provinciales.
Por el PRO, Oscar Agost Carreño valoró la reducción de Ingresos Brutos y el regreso al Consenso Fiscal de 2017, aunque cuestionó la discrecionalidad del sistema tributario cordobés.
«Una economía de mercado necesita reglas claras, simples e iguales para todos, no un Estado que elija a quién beneficiar», sostuvo.
El legislador también desglosó los anuncios oficiales: de los 1,5 billones de pesos presentados como alivio fiscal, solamente 222.698 millones corresponderían a medidas nuevas, menos del 15%. De ese monto, 81.285 millones responden al revalúo inmobiliario que finalmente no se aplicará.
«Mantener beneficios anteriores no es lo mismo que bajar impuestos», advirtió. Además, comparó la inversión de capital de Córdoba con la de Santa Fe: mientras la provincia vecina destina el 13% de su presupuesto a ese rubro, Córdoba asigna el 9,9%.
El debate rumbo a 2027
El primer cruce entre Torres Lima y Bornoroni dejó expuestas las diferencias sobre el modelo de Estado y la política tributaria provincial. El oficialismo defiende el alivio fiscal con equilibrio de las cuentas, LLA propone eliminar impuestos mediante un recorte del gasto político y el resto de la oposición reclama revisar las estructuras estatales y la consistencia de los números.
Con las elecciones de 2027 como telón de fondo, el presupuesto se convirtió en un nuevo escenario de disputa. La discusión ya no pasa solamente por cuánto se reducen los impuestos, sino también por cuánto gasta el Estado, dónde invierte y cómo administra los recursos públicos.
