El oficialismo comenzará a debatir una reforma del Código Tributario para adecuar la tasa a un fallo de la Corte Suprema. La UCR y el juecismo aún no definieron su voto, pero preparan cuestionamientos por el gasto municipal, la falta de información y el crecimiento de la estructura estatal.
La Municipalidad de Córdoba apura una reforma para blindar el cobro de Comercio e Industria, su principal fuente de ingresos. Este martes, la Comisión de Economía y Finanzas comenzará a tratar los cambios impulsados por Daniel Passerini, luego de que un fallo de la Corte Suprema encendiera las alarmas en el Palacio 6 de Julio.
La discusión, sin embargo, no será exclusivamente jurídica. Mientras el oficialismo busca adecuar la normativa, la oposición prepara una batería de críticas sobre el manejo de los recursos municipales.
El fallo que obligó a reaccionar
El 10 de septiembre, en la causa Banco Galicia contra Córdoba, la Corte Suprema reiteró que los municipios deben justificar el cobro de una tasa con servicios concretos vinculados al contribuyente. No alcanza con invocar prestaciones generales, como el arreglo de calles o el alumbrado público.
Además, la normativa debe identificar con precisión esos servicios y, si el contribuyente cuestiona su existencia, el municipio debe acreditar que los presta. Con ese criterio, el tribunal revocó un fallo del Tribunal Superior de Justicia favorable a la Municipalidad de Córdoba y devolvió la causa para que se dicte una nueva sentencia.
La decisión abrió la posibilidad de nuevos reclamos y obligó al Ejecutivo a revisar las reglas de recaudación.
Doce servicios bajo la lupa
El proyecto identifica doce tipos de prestaciones, entre ellas habilitaciones, inspecciones y controles sanitarios, ambientales y de seguridad. La intención es vincular el hecho imponible con servicios concretos, en lugar de justificar el tributo mediante prestaciones generales.
La reforma también permitiría cobrar la tasa sin intervenciones individualizadas en cada período, siempre que existan servicios permanentes efectivamente organizados y disponibles. Esa cláusula podría convertirse en un nuevo foco de controversia judicial, porque la discusión seguirá girando en torno a la relación entre el servicio y el contribuyente.
El impacto económico explica la urgencia: Comercio e Industria representa cerca del 70% de los ingresos municipales. Una eventual caída de la recaudación obligaría a revisar profundamente el funcionamiento de la administración.
La UCR, entre el rechazo y la cautela
Los bloques de la UCR y el Frente Cívico todavía no oficializaron su postura y anticipan que darán la discusión en el recinto.
En el radicalismo hay un condicionamiento adicional: otros municipios gobernados por dirigentes del partido también deberán revisar sus ordenanzas. Esa situación puede dificultar una posición común entre los concejales de la Capital y los intendentes radicales del interior.
Algunos ediles, sin embargo, sostienen que el oficialismo tiene los votos para aprobar la reforma y que el debate debería ser más profundo. En lugar de modificar las reglas para sostener la recaudación, plantean revisar el gasto y la estructura municipal para reducir la dependencia de esos ingresos.
La alternativa supone un desafío considerable por el peso que tiene la tasa en las cuentas de la ciudad.
El juecismo apunta al gasto
El Frente Cívico no parece dispuesto a acompañar la iniciativa sin antes marcar sus objeciones. Sus concejales preparan cuestionamientos por las dificultades para acceder a información pública, las demoras en el envío de las cuentas de inversión de ejercicios anteriores, el crecimiento de los planteles municipales y los gastos en alquileres.
La estrategia busca correr el eje de la discusión: además de discutir cómo cobra el municipio, el juecismo pretende instalar la pregunta sobre cómo administra los recursos que ya recibe.
El trámite también abre una disputa
La aprobación dependerá, en parte, de cómo se encuadre la reforma. Si se considera una creación o un aumento de un tributo, deberá atravesar la doble lectura y una audiencia pública. Si el oficialismo la presenta como una mera modificación normativa, podría intentar resolverla en una sola votación.
Passerini necesita avanzar para reducir los riesgos judiciales sobre la principal fuente de ingresos de la ciudad. Pero la reforma también abre un debate sobre la transparencia, el tamaño del Estado municipal y la calidad de los servicios que reciben los contribuyentes.
El oficialismo busca asegurar la recaudación; la oposición, convertir el debate tributario en una discusión sobre el gasto y la gestión de los recursos públicos.