La condena a tres años de prisión condicional para Oscar González desató una ofensiva de Luis Juez, Gabriel Bornoroni y el radicalismo de Rodrigo de Loredo contra la Justicia provincial. La sentencia también obliga al exlegislador y a la Provincia a afrontar indemnizaciones por más de $2.010 millones. La oposición reclama investigar los privilegios políticos y los controles sobre el vehículo oficial involucrado en el siniestro.

La condena a Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres volvió a colocar en el centro de la disputa política cordobesa los vínculos entre el poder y la Justicia. La sentencia contra el exlegislador peronista, una de las figuras de mayor influencia del PJ en Traslasierra, provocó una dura reacción opositora que coincidió en cuestionar la respuesta judicial y denunciar un sistema de privilegios.

Luis Juez y Gabriel Bornoroni encabezaron las críticas, mientras el radicalismo referenciado en Rodrigo de Loredo exigió esclarecer las responsabilidades políticas, los posibles encubrimientos y los controles que debían garantizar el uso adecuado de los vehículos bajo custodia estatal.

Pero la controversia no se limita a la condena penal. El fallo también estableció indemnizaciones que, en conjunto, superan los $2.010 millones y que deberán afrontar González y la Provincia de Córdoba. Así, el desenlace judicial abrió otro interrogante: cuánto de esa obligación económica podría terminar recayendo sobre las arcas públicas.

Juez y Bornoroni apuntaron contra la Justicia provincial

«La vergüenza y la impunidad hoy tienen nombre: Oscar González», lanzó el senador nacional Luis Juez en sus redes sociales. El dirigente del Frente Cívico calificó la sentencia como «una vergüenza» y la presentó como una muestra de las falencias que, a su entender, atraviesan al Poder Judicial cordobés.

«Cuando los gobiernos entienden que su impunidad les permite sacar sentencias como esta, en algún momento la sociedad reacciona», advirtió. Juez también relacionó el caso con otros episodios judiciales, entre ellos la megacausa Bomberos y el tratamiento de las imputaciones mediante juicios abreviados, para advertir sobre un deterioro institucional en la provincia.

El senador puso el foco, además, en la influencia política que González ejerció durante años en el oeste cordobés. «Lo de González era obvio. Él es el emperador del oeste, los cuatro departamentos del oeste los maneja como él quiere», afirmó.

En esa línea, sostuvo que jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial fueron designados durante los años en que el exlegislador consolidó su poder territorial. Sus declaraciones apuntaron directamente a la relación entre esa influencia política y el funcionamiento de la Justicia, aunque se trata de cuestionamientos formulados por el dirigente opositor.

Desde La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni también cargó contra el fallo. El jefe del bloque libertario en Diputados y referente del espacio en Córdoba lo consideró «una prueba más de la impunidad que se vive en Córdoba».

«Todo un sistema de poder diseñado para cuidar a lo peor del PJ. Los cordobeses y, sobre todo, la familia de la víctima merecían una respuesta distinta», expresó a este medio.

La reacción también alcanzó a la Legislatura provincial. Walter Nostrala, presidente de la bancada del Frente Cívico en la Unicameral, cuestionó la sentencia y sostuvo: «Algún día la Justicia de Córdoba tendrá que pedirles disculpas a los cordobeses». Su mensaje terminó con una definición contundente: «Vergüenza».

La UCR de De Loredo reclamó investigar los privilegios

El radicalismo sumó su propia ofensiva. Alejandra Ferrero, flamante presidenta del bloque UCR en la Legislatura y dirigente alineada con Rodrigo de Loredo, calificó la sentencia como «una sentencia que duele e indigna».

«Una Justicia selectiva con el poder político: dura con los ciudadanos de a pie y suave con los poderosos. Un fallo que profundiza la enorme sensación de impunidad», cuestionó.

Para Ferrero, la condena «no hace justicia», sino que «solo consolida privilegios y deja huérfanas a las víctimas». El planteo trasladó el debate desde la pena impuesta a González hacia el funcionamiento general de las instituciones y la eventual existencia de responsabilidades que excedan al exlegislador.

En un comunicado conjunto, los legisladores radicales repudiaron el fallo y reclamaron investigar los privilegios, los posibles encubrimientos y las responsabilidades políticas de quienes debían ejercer los controles.

«La condena social ya está. La Justicia sigue en deuda con las víctimas y sus familias», señalaron.

La bancada también puso el acento en las consecuencias económicas de la resolución. «¿Seremos los cordobeses quienes terminemos pagando las indemnizaciones, las costas judiciales y hasta los honorarios de los abogados?», preguntaron, al advertir sobre el impacto que el caso podría tener en los recursos públicos.

«El poder no puede ser sinónimo de privilegios, protección e impunidad. Ningún funcionario puede estar por encima de la ley», concluyeron los legisladores radicales.

La crítica tuvo otro capítulo con la intervención de De Loredo, quien este martes participó en San Justo del acto de asunción de las nuevas autoridades del Comité Departamental de la UCR.

«Otra página vergonzosa en la Córdoba peronista. Los privilegios del poder político están bien resguardados por y para los caciques del PJ», denunció el exdiputado nacional.

Y agregó: «Un día la resignación se va a transformar en indignación y ustedes van a dejar el poder y van a tener que rendir cuentas». El dirigente radical apuntó así contra el peronismo provincial y buscó convertir el fallo en un cuestionamiento más amplio a la continuidad del oficialismo y a su relación con las instituciones judiciales.

Una condena condicional y ocho años de inhabilitación

El juez Santiago Camogli condenó a González a tres años de prisión de ejecución condicional por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Por tratarse de una pena condicional, el exlegislador no irá a prisión, aunque deberá cumplir las condiciones que correspondan.

La sentencia también le impuso ocho años de inhabilitación para conducir.

La tragedia de las Altas Cumbres dejó una persona fallecida y dos jóvenes mujeres con graves secuelas. La gravedad de las consecuencias del siniestro, sumada a la trayectoria y la influencia política de González, convirtió el fallo en un nuevo foco de confrontación entre el peronismo y sus adversarios.

En los sectores jurídicos vinculados con la oposición, las primeras evaluaciones consideran poco probable que el Tribunal Superior de Justicia modifique la sentencia. También advierten que una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dependerá de los planteos que se formulen y de la existencia de cuestiones de naturaleza federal que habiliten su competencia.

Esas apreciaciones, sin embargo, no anticipan por sí mismas el resultado de eventuales impugnaciones.

Indemnizaciones por más de $2.010 millones

El capítulo civil agrega una dimensión económica de peso. La sentencia estableció que González y la Provincia de Córdoba deberán pagar las siguientes indemnizaciones:

• $31.633.758,86 a Vera Szulewicz.
• $353.575.089,30 a Marina Szulewicz.
• $1.625.279.401 a Alexa Miranda.

En conjunto, los montos alcanzan los $2.010.488.249,16, es decir, más de $2.010 millones.

La distribución de las obligaciones y su eventual impacto concreto sobre las cuentas provinciales forman parte de las cuestiones relevantes que deja abiertas el fallo. Una fuente consultada consideró que el Estado podría terminar afrontando las indemnizaciones por la condición de funcionario provincial que tenía González al momento del hecho y por la naturaleza del vehículo involucrado.

«El Estado provincial, seguramente, porque era funcionario provincial en el momento de suceder el hecho y el vehículo era un vehículo de la Provincia que estaba bajo su custodia», sostuvo el interlocutor.

La hipótesis pone el foco en un aspecto central del caso: el uso de un vehículo estatal y los mecanismos de control que debían regir su entrega, custodia y utilización. Si la Provincia debe afrontar una parte sustancial de las reparaciones económicas, el impacto no quedaría limitado a los responsables directos del siniestro, sino que comprometería recursos públicos.

Agost Carreño reactivó el debate por los vehículos secuestrados

En ese contexto, el legislador Oscar Agost Carreño, del PRO, insistió en la necesidad de tratar con urgencia su proyecto para regular la entrega y el control de vehículos secuestrados destinados al uso oficial.

El dirigente vinculó la iniciativa con las consecuencias económicas de la tragedia de las Altas Cumbres y advirtió sobre la responsabilidad que puede recaer en el Estado. «Una responsabilidad que también compromete los recursos de todos los cordobeses», remarcó.

Agost Carreño sostuvo que las víctimas merecen una reparación, pero señaló que también es necesario revisar los procedimientos que permiten que vehículos secuestrados sean utilizados para funciones oficiales. Su propuesta apunta a precisar quién autoriza esas entregas, bajo qué condiciones pueden circular y qué responsabilidades corresponden cuando se emplean sin los controles adecuados.

El planteo abre una discusión que excede la situación particular de González. El caso expone la necesidad de determinar qué mecanismos de supervisión existían, quién debía aplicarlos y cuáles eran las obligaciones de los funcionarios encargados de garantizar el uso regular de esos bienes.

Un fallo que profundiza la disputa política

La condena a González reavivó el enfrentamiento entre el PJ y la oposición por la relación entre poder político y Justicia. Juez y Bornoroni denunciaron impunidad; el radicalismo de De Loredo reclamó investigar privilegios y responsabilidades políticas; y Agost Carreño buscó instalar cambios en los controles sobre los vehículos secuestrados destinados al uso oficial.

A ese frente se suma la dimensión económica. Las indemnizaciones por más de $2.010 millones plantean interrogantes sobre la responsabilidad patrimonial de la Provincia y la posibilidad de que parte de la factura termine siendo afrontada con recursos públicos.

Mientras las eventuales vías de revisión judicial dependerán de los planteos que puedan formularse, la controversia política ya está instalada. La oposición convirtió la sentencia en un cuestionamiento al sistema de poder cordobés y puso bajo la lupa tanto las relaciones entre dirigentes y Justicia como los controles estatales que debían evitar que una tragedia de estas características terminara generando nuevas responsabilidades para la Provincia.