El gremio se reunirá este martes con David Consalvi para activar la revisión prevista en el acuerdo de abril, pero buscará reabrir las paritarias y obtener garantías para 2027. La Provincia descarta nuevos aumentos por la caída de la recaudación y cuestiona el rechazo a una oferta anterior más favorable.

La disputa salarial docente vuelve a poner bajo presión al Gobierno de Martín Llaryora. La conducción de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) llegará este martes al Centro Cívico para reunirse con el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, con una agenda que incluye salarios, titularizaciones y previsibilidad para el próximo año.

El encuentro se produce en un contexto económico adverso y con posiciones distantes. Mientras el gremio advierte sobre la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias docentes, la Provincia sostiene que cumple con lo firmado y que no dispone de recursos para mejorar la pauta salarial.

El límite que fija la Provincia

Consalvi confirmó la reunión el domingo por la noche, a través de su cuenta de X, y aprovechó para defender el acuerdo vigente.

“El acuerdo salarial se encuentra vigente y en pleno cumplimiento por parte del Gobierno de la Provincia de la totalidad de los compromisos asumidos”, afirmó. También remarcó que la administración provincial mantuvo esas obligaciones pese al cambio de las condiciones macroeconómicas desde la firma del convenio.

El mensaje anticipa la postura oficial: la revisión prevista para octubre no supone, necesariamente, reabrir la paritaria.

El acuerdo vence el 31 de enero de 2027, pero la caída de los ingresos complica cualquier mejora. Según fuentes provinciales, la recaudación acumula nueve meses consecutivos de retroceso y el último registro mostró una baja interanual cercana al 10%.

Desde el Panal agregan que, por fuera del convenio, los docentes recibieron dos bonos extraordinarios: uno vinculado con las pruebas Aprender y otro relacionado con las pruebas PISA.

El antecedente que incomoda a UEPC

La discusión actual tiene un antecedente clave en abril. Después de varias ofertas oficiales, el gremio terminó aceptando una propuesta que, en algunos aspectos, resultaba menos favorable que la tercera alternativa presentada por la Provincia.

Aquella oferta contemplaba una actualización mensual acumulativa equivalente al 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin condicionamientos ligados a la recaudación. También incluía un incremento del 10,3% por febrero y marzo, con un recupero salarial del 5,3%, además de pagos retroactivos.

El rechazo estuvo atravesado por la interna sindical, especialmente por las diferencias entre la conducción provincial y UEPC Capital, que sostuvo una posición más dura frente a las propuestas oficiales.

Ahora, desde el Gobierno cuestionan aquella decisión y señalan que el sindicato intenta recuperar condiciones que no aceptó durante la negociación anterior. El antecedente agrega tensión a una discusión en la que el margen económico es menor que meses atrás.

Salarios y titularizaciones, en la agenda

UEPC sostiene que el esquema vigente no responde al deterioro de los ingresos y busca ampliar la revisión salarial para discutir nuevas condiciones. También pretende garantías de previsibilidad para 2027 y avances en las titularizaciones docentes.

La respuesta del Ejecutivo dependerá, en buena medida, de cuánto margen encuentre para atender los reclamos sin comprometer las cuentas provinciales. Por ahora, la postura oficial es sostener el convenio hasta su vencimiento.

El escenario también tiene una dimensión política. Llaryora deberá administrar las demandas de los gremios estatales en un año marcado por la discusión del Presupuesto 2027, la reducción de los recursos y la proximidad de las elecciones provinciales.

La reunión de este martes será el primer paso para medir hasta dónde puede avanzar cada parte. UEPC buscará ampliar las condiciones acordadas en abril; la Provincia, en cambio, intentará evitar que la revisión se transforme en una nueva obligación salarial en un contexto de ingresos debilitados.