El proyecto enviado a la Legislatura propone exenciones impositivas de hasta 15 años, beneficios para nuevas contrataciones, créditos preferenciales e incentivos para la modernización tecnológica. El Gobierno provincial busca concentrar en una sola ley el esquema de promoción industrial y ofrecer mayor previsibilidad a las empresas que inviertan en Córdoba.

El Gobierno de Martín Llaryora puso en marcha una nueva apuesta para captar inversiones privadas, modernizar el entramado productivo y estimular la generación de empleo formal en Córdoba. El Ejecutivo provincial envió a la Unicameral un proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo, una iniciativa que promete convertirse en uno de los debates económicos relevantes de la agenda legislativa.

El proyecto fue firmado por Llaryora y por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, y plantea reunir bajo un mismo marco normativo diferentes herramientas de promoción industrial que actualmente funcionan mediante distintos regímenes.

Según informó oficialmente la Legislatura, el objetivo es simplificar el acceso a los beneficios y establecer condiciones más previsibles para las empresas que decidan invertir en territorio cordobés, tanto mediante nuevos establecimientos como a través de la ampliación o modernización de plantas ya existentes.

Exenciones de hasta 15 años

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el esquema de alivio tributario.

Los proyectos que cumplan con los requisitos previstos podrán acceder a una exención del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante un período de 10 años.

El beneficio aumentará hasta 15 años para inversiones realizadas en parques industriales y para aquellas que se radiquen en determinadas zonas del noroeste y del sur provincial contempladas por la iniciativa.

La diferenciación territorial introduce uno de los componentes políticos y productivos más importantes del proyecto: utilizar los incentivos fiscales no solamente para captar capitales, sino también para orientar nuevas inversiones hacia regiones con menor desarrollo industrial.

De esa manera, el Gobierno provincial busca combinar promoción económica con una estrategia de mayor equilibrio territorial.

Beneficios también para las empresas que ya están en Córdoba

El régimen no estará limitado a nuevas firmas que desembarquen en la provincia.

También podrán ingresar empresas que actualmente desarrollan actividades en Córdoba y decidan ampliar sus establecimientos, incorporar maquinaria, modernizar sus procesos productivos o realizar nuevas inversiones en activos destinados a la producción.

El proyecto contempla expresamente la incorporación de herramientas vinculadas con la denominada Industria 4.0, entre ellas inteligencia artificial, fabricación aditiva y otros sistemas tecnológicos aplicados a los procesos industriales.

La intención es que el incentivo provincial no funcione únicamente como una herramienta para atraer empresas desde afuera de Córdoba, sino también como un mecanismo para estimular nuevas inversiones de compañías que ya forman parte del entramado productivo local.

Un régimen simplificado para las pymes

La iniciativa incorpora además un mecanismo específico para pequeñas y medianas empresas.

El proyecto establece un régimen simplificado para firmas cuyos ingresos brutos anuales no superen los $4.500 millones.

Para obtener la exención sobre Ingresos Brutos correspondiente a su actividad industrial, estas empresas deberán invertir en activos fijos un monto equivalente, como mínimo, al 1,2% de la base imponible provincial de esa actividad del año anterior.

La exención, según la propuesta enviada a la Legislatura, no comprenderá las operaciones realizadas directamente con consumidores finales.

Este esquema retoma y amplía herramientas que Córdoba ya venía utilizando para incentivar la reinversión productiva de las pymes, pero elevando el límite de facturación y procurando concentrar las diferentes políticas de promoción en un régimen más amplio.

Un salario mínimo por cada nuevo trabajador

El empleo constituye otro de los pilares del proyecto.

Para las pymes que incorporen nuevos trabajadores a jornada completa y por tiempo indeterminado, el Gobierno propone una asignación destinada a capacitación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nueva contratación.

La asistencia tendrá una duración de 12 meses dentro del régimen general.

En proyectos instalados en parques industriales o alcanzados por los beneficios territoriales incrementales, ese plazo podrá llegar a 24 meses.

De esta forma, el Ejecutivo intenta reducir durante los primeros meses una parte del costo asociado a la incorporación de personal y vincular los incentivos fiscales con compromisos concretos de inversión y creación de empleo.

Créditos preferenciales y parques industriales

La propuesta también faculta al Poder Ejecutivo a gestionar líneas especiales de crédito con tasas preferenciales o subsidiadas para proyectos comprendidos por el nuevo régimen.

Además, los parques o áreas industriales constituidos bajo una forma jurídica propia podrán acceder a beneficios impositivos durante cinco años.

La ubicación dentro de parques industriales tendrá, de hecho, un tratamiento preferencial dentro de buena parte del esquema, ya que las empresas allí radicadas podrán acceder a plazos mayores tanto en las exenciones tributarias como en determinados incentivos vinculados al empleo.

“Reglas claras” para captar inversiones

Desde el Gobierno provincial presentan la iniciativa como una herramienta para ofrecer mayor previsibilidad en momentos de incertidumbre económica.

El concepto de fondo es sencillo: ofrecer un horizonte prolongado de beneficios fiscales y condiciones previamente establecidas para que una empresa pueda calcular con mayor certeza el costo de una inversión realizada en Córdoba.

La Provincia intenta posicionarse así en la competencia entre jurisdicciones por captar nuevos proyectos productivos, utilizando como principales instrumentos las exenciones fiscales, la infraestructura industrial, el financiamiento y los beneficios asociados a la incorporación de trabajadores.

El proyecto también garantiza que los beneficios otorgados mediante los regímenes actualmente vigentes mantendrán sus plazos y condiciones, evitando que el cambio legislativo afecte derechos ya concedidos.

Una apuesta que comenzaría en 2027

En caso de obtener aprobación legislativa, el nuevo régimen comenzaría a regir el 1 de enero de 2027 y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036.

Antes deberá atravesar el debate en la Unicameral, donde el oficialismo buscará construir los acuerdos necesarios para convertirlo en ley.

La discusión permitirá además conocer la posición de los distintos bloques sobre el costo fiscal de las exenciones, los criterios de distribución territorial de los beneficios y los mecanismos mediante los cuales se evaluará el cumplimiento efectivo de las inversiones y la creación de empleo comprometida por las empresas.

Con esta iniciativa, Llaryora intenta colocar nuevamente a la producción como uno de los ejes de su gestión y enviar una señal hacia el sector privado: Córdoba está dispuesta a resignar parte de la recaudación futura si, a cambio, consigue nuevas inversiones, modernización industrial y puestos de trabajo registrados.

En un contexto económico nacional complejo, la Provincia busca construir así su propia estrategia para competir por capitales y sostener la actividad productiva. El desafío, una vez que el proyecto atraviese la Legislatura, será que los incentivos prometidos se traduzcan efectivamente en inversiones y empleo.