El legislador del Frente Cívico sostuvo que el caso relacionado con Omar Ludueña no puede equipararse al que derivó en la salida de Cañito Flores de la Legislatura. Anticipó que su bloque no acompañará un eventual pedido de renuncia de Alejandra Ferrero y reclamó controles periódicos más estrictos sobre los empleados públicos.

El legislador provincial del Frente Cívico Walter Nostrala salió en defensa de Alejandra Ferrero en medio de la discusión política abierta en la Legislatura de Córdoba por el caso de Omar Manuel Ludueña, empleado de planta permanente de la Unicameral.

Nostrala rechazó que la situación de Ferrero pueda ser comparada con la del exlegislador Cañito Flores y aseguró que existen diferencias sustanciales respecto de la responsabilidad política y ética que podría corresponderles a los legisladores en cada episodio.

En ese contexto, anticipó además que el Frente Cívico no acompañará un eventual pedido de renuncia contra Ferrero y planteó que la discusión debería avanzar hacia un sistema más riguroso de control de antecedentes dentro de toda la administración pública.

“No es la misma responsabilidad”

El punto central del argumento de Nostrala pasa por la situación laboral y los antecedentes de las personas involucradas en ambos casos.

Según sostuvo, Flores había incorporado a su equipo de trabajo a asesores sobre los cuales posteriormente se cuestionaron antecedentes penales. Para el legislador del Frente Cívico, ese elemento configuraba una responsabilidad política diferente.

“No es la misma la situación en cuanto a la responsabilidad de los legisladores”, afirmó.

Nostrala aclaró también que los cuestionamientos que en aquel momento pesaron sobre Flores no implicaban que existiera una denuncia penal contra el propio legislador.

“Nosotros fuimos muy claros. A pesar de que él no tenía ninguna denuncia, porque esto también hay que aclararlo, nos pareció que había una responsabilidad ética al nombrar acá a dos asesores que tenían antecedentes penales gravísimos”, sostuvo.

La diferenciación que plantea el Frente Cívico aparece en momentos en que la discusión por Ludueña comenzó a trasladarse al terreno político y distintos sectores de la Legislatura debaten hasta dónde llega la responsabilidad de un legislador por las personas que desempeñan tareas en su despacho.

La situación de Ludueña

Sobre Alejandra Ferrero, Nostrala remarcó que Ludueña ya pertenecía a la planta permanente de la Legislatura y sostuvo que, según la información de la que dispone, no registraba antecedentes penales al momento de comenzar a trabajar en el despacho de la legisladora radical.

Para el dirigente del Frente Cívico, esa circunstancia marca una diferencia sustancial con el caso Flores.

La discusión, de todos modos, se desarrolla mientras la Justicia avanza sobre la situación particular de Ludueña, por lo que las eventuales responsabilidades penales deberán determinarse dentro de ese expediente y no en el terreno político.

El Frente Cívico no acompañará un pedido de renuncia

Consultado directamente sobre qué posición adoptaría su bloque frente a un eventual intento de desplazar políticamente a Ferrero, Nostrala fue categórico.

“El bloque, por supuesto, no está de acuerdo con pedir la renuncia de la legisladora Ferrero”, afirmó.

Además, negó que esa posición responda a una defensa corporativa de la oposición o a la pertenencia partidaria de Ferrero.

Según planteó, el Frente Cívico mantendría el mismo criterio si una situación de características similares involucrara a un legislador del oficialismo provincial.

“Si se diera una situación igual en el bloque del peronismo, donde le suceda lo mismo que a Ferrero, nosotros no estaríamos dispuestos a pedirle la renuncia tampoco. No es una cuestión de partido”, aseguró.

La definición intenta marcar una posición frente a uno de los debates que atraviesa actualmente a la Unicameral: hasta qué punto puede trasladarse automáticamente a un legislador la responsabilidad por la conducta de un empleado o colaborador de su despacho.

Reclamo por controles periódicos

Más allá de la defensa de Ferrero, Nostrala consideró que los últimos episodios deberían servir para revisar los mecanismos utilizados por el Estado para controlar al personal.

El legislador sostuvo que no alcanza con solicitar certificados de antecedentes al momento del ingreso a la administración pública, sino que debería establecerse algún sistema de revisión periódica durante la permanencia del empleado en el Estado.

“Me parece bien que la Legislatura tome cada vez más recaudos, que sea cada vez más estricta en los controles, porque una cosa es el ingreso, pero me parece que después hay que controlarlos”, explicó.

Su planteo parte de una situación concreta: un empleado puede ingresar sin antecedentes y quedar posteriormente involucrado o condenado en una causa penal sin que necesariamente exista un mecanismo automático para que esa información llegue al organismo en el que trabaja.

Por eso, Nostrala reclamó “controles periódicos, permanentes y mucho más estrictos para evitar estas situaciones”.

El planteo se extiende a toda la administración pública

El legislador del Frente Cívico sostuvo que el debate no debería quedar circunscripto a la Legislatura provincial.

Durante la entrevista mencionó otros antecedentes de empleados o personas vinculadas con organismos estatales que, según afirmó, atravesaron posteriormente causas penales, y cuestionó especialmente los mecanismos utilizados para las designaciones y pases a planta permanente.

Nostrala utilizó esos ejemplos para insistir en que los controles deberían alcanzar por igual a todos los poderes, organismos y niveles de la administración pública, independientemente de qué partido político se encuentre al frente de ellos.

También cuestionó las designaciones realizadas sin una evaluación suficiente de antecedentes y sostuvo que incorporar personas únicamente por vínculos políticos, territoriales o partidarios puede aumentar los riesgos dentro de la administración.

“Si vos designás en la planta de empleados a barrabravas, a punteros, sin controlar antecedentes, esto es muy probable que suceda”, señaló.

Una discusión que excede el caso Ferrero

Para Nostrala, la discusión que atraviesa a la Legislatura debería superar el enfrentamiento entre oficialismo y oposición y transformarse en una revisión institucional de los criterios utilizados para incorporar y controlar personal estatal.

“No importa a qué bloque pertenezca, quién es el que lo designó. No puede ingresar a la administración pública una persona que tenga semejante antecedente”, sostuvo.

De esta manera, el Frente Cívico fijó posición frente a una discusión que promete continuar en la Unicameral: rechaza equiparar políticamente los casos Ferrero y Flores, no acompañará un eventual pedido de renuncia contra la legisladora radical y propone endurecer los controles de antecedentes en todo el Estado.

El debate de fondo ahora pasa por determinar qué mecanismos puede establecer la Legislatura para verificar periódicamente la situación de sus empleados y, al mismo tiempo, definir con mayor precisión hasta dónde llega la responsabilidad política de un legislador por la conducta de quienes trabajan dentro de su despacho.