La Legislatura vuelve a sesionar después de dos semanas y el caso del empleado radical promete dominar buena parte de la discusión política. El oficialismo buscará llevar al recinto iniciativas vinculadas con Omar Ludueña, mientras en el bloque radical debaten si habilitar el tratamiento sobre tablas para responder o evitar un debate que consideran planteado para equiparar su situación con el caso Villarreal.

La Legislatura de Córdoba tendrá este martes una jornada atravesada por dos planos muy diferentes. Primero realizará una sesión especial por los 25 años de la Reforma Constitucional de 2001, que modificó la representación legislativa y dio origen al actual sistema unicameral. Luego llegará la sesión ordinaria, donde la disputa política entre el oficialismo y la UCR volverá a ocupar el centro de la escena.

La sesión especial fue convocada oficialmente para las 10 y tendrá como objetivo conmemorar la última Convención Constituyente y reflexionar sobre su trascendencia institucional. La reforma de 2001 estableció, entre otros cambios, la actual conformación de la Legislatura, con 26 representantes departamentales y otros 44 elegidos por distrito único.

Pero terminada esa ceremonia, el clima promete cambiar.

En la sesión ordinaria, Hacemos Unidos por Córdoba buscará avanzar con iniciativas relacionadas con el caso Omar Ludueña, el empleado de planta permanente de la Legislatura que se encontraba asignado al ámbito radical y que fue detenido en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos contra la integridad sexual. Ludueña había ingresado a la Legislatura en 2011.

El oficialismo ya presentó un pedido para conocer detalles sobre su situación laboral y política dentro de la Legislatura y, además, el legislador Leonardo Limia impulsó una resolución para que la radical Alejandra Ferrero mantenga su apartamiento de la actividad parlamentaria mientras se esclarecen las circunstancias institucionales relacionadas con el caso.

La discusión radical: habilitar el debate o no darle lugar

El problema para la UCR no está solamente en qué responder, sino en cómo actuar parlamentariamente.

Dentro del bloque radical todavía no existe una posición unificada respecto de la posibilidad de acompañar el tratamiento sobre tablas de las iniciativas oficialistas.

La discusión tiene una particularidad: para poder ingresar al debate y exponer públicamente sus argumentos, el radicalismo podría terminar colaborando primero con la habilitación del tratamiento que impulsa el propio oficialismo.

Los proyectos que no forman parte del orden previsto necesitan una mayoría especial para ser incorporados sobre tablas. En las conversaciones previas a la sesión ya se anticipó que este tipo de iniciativas requiere dos tercios para habilitar su discusión, un número que el oficialismo no alcanzaría por sí solo.

Un sector radical considera que la UCR debería permitir el tratamiento precisamente para utilizar el recinto como escenario donde diferenciar el caso Ludueña del caso José Villarreal, el exasesor del entonces legislador oficialista Ramón “Cañito” Flores.

La idea sería responder directamente a la tesis política planteada desde Hacemos Unidos, que reclama al radicalismo mantener frente a Ludueña el mismo criterio que utilizó cuando cuestionó al oficialismo por el caso Villarreal.

Otro sector de la bancada, sin embargo, advierte que esa estrategia podría terminar siendo funcional al PJ.

La UCR rechaza que los casos sean equivalentes

El punto central de la discusión es que el radicalismo rechaza la comparación entre ambos episodios.

Desde Hacemos Unidos sostienen que la oposición debería aplicar frente a Ludueña el mismo estándar político que reclamó durante la crisis que terminó con la salida de Ramón “Cañito” Flores de la Legislatura. Desde la UCR, por el contrario, argumentan que existen diferencias sustanciales entre las responsabilidades políticas involucradas en cada situación.

En el caso Villarreal, el involucrado era asesor directo de Flores. Villarreal permanece detenido en una investigación que incluye acusaciones por delitos contra la integridad sexual y grooming; al ser indagado se abstuvo de declarar y negó los hechos atribuidos.

A ese expediente se agregó posteriormente información sobre otros colaboradores vinculados al entonces legislador. Según documentación y fuentes oficiales citadas por Cadena 3, al menos otros asesores de Flores registraban antecedentes judiciales, entre ellos un colaborador con una condena firme por usurpación y peculado.

Es precisamente esa acumulación de situaciones la que la UCR utiliza como uno de sus argumentos para sostener que no corresponde trasladar automáticamente la responsabilidad política de un caso al otro.

En el radicalismo remarcan además otra diferencia: Ludueña era un agente de planta permanente de la Legislatura, con alrededor de 15 años dentro de la estructura, aunque en distintos momentos estuvo vinculado laboral y políticamente al radicalismo.

La posición radical es que un bloque político no tiene sobre un empleado permanente el mismo nivel de decisión administrativa que posee un legislador respecto de un asesor incorporado directamente a su equipo.

Esa es, en definitiva, una de las discusiones de fondo que podría llegar al recinto.

El riesgo de habilitar una discusión sin garantías

Quienes dentro de la UCR se inclinan por no acompañar el tratamiento sobre tablas exponen otro argumento: consideran que el radicalismo ya dio explicaciones públicas sobre el caso y que abrir nuevamente la discusión podría terminar otorgándole al oficialismo un escenario para profundizar sus cuestionamientos.

Existe además una preocupación vinculada con el funcionamiento mismo de la sesión.

Al tener el oficialismo la primera minoría y la conducción institucional del cuerpo, algunos radicales temen que, una vez habilitada la discusión, Hacemos Unidos pueda administrar los tiempos parlamentarios de manera favorable a su estrategia.

En ese escenario, sostienen quienes rechazan habilitar las tablas, la UCR podría aportar los votos necesarios para abrir un debate sin tener después garantías políticas de desarrollar ampliamente su respuesta.

La encerrona es evidente: para defenderse de un planteo del oficialismo, el radicalismo podría necesitar primero ayudar a que ese planteo llegue al recinto.

Una disputa que ya excede los casos individuales

El conflicto comenzó a superar, además, las situaciones particulares de Flores, Villarreal, Ludueña o Ferrero.

Después de los episodios conocidos durante las últimas semanas, la Legislatura comenzó a revisar sus mecanismos internos de control. Entre otras medidas, se estableció que los asesores deben presentar certificados de antecedentes nacionales y provinciales con renovaciones periódicas, mientras distintos bloques plantearon la necesidad de discutir procedimientos más amplios para el ingreso y permanencia del personal.

El debate político, sin embargo, continúa instalado en otro terreno.

El peronismo considera que la UCR llevó el caso Villarreal más allá de la responsabilidad individual del entonces legislador Flores y utilizó el episodio para cuestionar al oficialismo provincial en su conjunto. Ahora, dirigentes de Hacemos Unidos reclaman que los radicales sostengan el mismo criterio cuando una investigación alcanza a una persona vinculada a su estructura política.

La UCR responde que esa equiparación desconoce las diferencias laborales, institucionales y políticas entre ambas situaciones.

Ese choque será el telón de fondo de la sesión de este martes.

Y puertas adentro del radicalismo aparece una dificultad adicional: todavía no existe una estrategia común sobre cómo enfrentar el planteo.

Algunos quieren abrir el debate y responder. Otros prefieren no aportar los votos que necesita el oficialismo para llevarlo al recinto. Incluso dentro de la bancada comenzaron a aparecer sospechas y diferencias respecto del nivel de respaldo que debería recibir Ferrero.

Así, después de dos semanas sin sesiones, la Legislatura volverá a abrir sus puertas con una jornada que comenzará recordando uno de los principales acuerdos institucionales de la Córdoba contemporánea y que, pocas horas después, podría transformarse nuevamente en escenario de una de las disputas políticas más tensas del año.

La cuestión de fondo ya no será solamente qué ocurrió con Ludueña o qué ocurrió con Villarreal, sino hasta dónde llega la responsabilidad política de un legislador o de un bloque frente a las conductas judicialmente investigadas de quienes trabajan dentro de la estructura legislativa.