La licencia de Ramón “Cañito” Flores parecía haber cerrado, al menos por ahora, la crisis política que golpea al oficialismo en la Legislatura de Córdoba. Sin embargo, una definición de la senadora nacional Alejandra Vigo volvió a poner el caso en el centro de la escena y abrió un nuevo interrogante sobre el futuro del legislador de Río Seco.

La presidenta del PJ Capital y esposa del exgobernador Juan Schiaretti sostuvo públicamente que Flores debería dejar su banca. La declaración tuvo un fuerte impacto político porque llegó apenas horas después de que la Legislatura aprobara su licencia con 34 votos a favor.

No se trató, dentro del peronismo, de una opinión más. El peso político de Vigo y su lugar dentro de la estructura partidaria hicieron que sus palabras fueran leídas como una señal hacia el propio oficialismo: la licencia podría no ser suficiente y la salida definitiva de Flores empieza a aparecer como una alternativa concreta.

Una licencia que no logró cerrar la crisis

El oficialismo consiguió sostener a Flores mediante una licencia, evitando por ahora una expulsión o una renuncia inmediata. La estrategia permitió descomprimir la sesión, pero no terminó con el problema político.

La oposición, particularmente la UCR, ya anticipó que insistirá con la exclusión del legislador en la próxima sesión. El radicalismo considera que la licencia no resuelve el fondo de la cuestión y buscará volver a poner al oficialismo frente a una definición.

En paralelo, dentro del PJ comenzaron a aparecer voces que entienden que prolongar la situación podría generar un costo político mayor que aceptar una salida definitiva.

Según fuentes legislativas, durante la reunión del bloque oficialista previa al pedido de licencia hubo posiciones diferentes. Algunos legisladores consideraban que la licencia era una herramienta para atravesar el momento de mayor exposición, mientras que otros advertían que sostenerla durante demasiado tiempo podía terminar agravando el desgaste del Gobierno y del propio bloque.

La intervención de Vigo modifica ese escenario.

La presión ahora viene también desde adentro

Hasta el momento, el principal reclamo contra Flores había surgido desde la oposición. Ahora, la presión comienza a atravesar al propio peronismo.

La declaración de Vigo instala una discusión que el oficialismo intentaba evitar: si la licencia constituye una solución institucional suficiente o si el caso requiere una decisión política definitiva.

En ese marco, dentro del PJ gana fuerza la posibilidad de que Flores presente su renuncia antes de la próxima sesión. De concretarse, el oficialismo podría intentar cerrar una crisis que amenaza con prolongarse y seguir generando costos políticos.

La diferencia no es menor. Una renuncia permitiría al peronismo recuperar el control de la agenda y evitar que cada sesión vuelva a convertirse en un debate sobre la permanencia de Flores.

El caso Pereyra, otro frente de presión

La discusión tampoco queda limitada al legislador de Río Seco. El caso Flores vuelve a poner bajo la lupa situaciones vinculadas con otros sectores de la Legislatura, entre ellas la situación que involucra a Pereyra, del Frente Cívico.

La oposición encuentra allí otro argumento para reclamar mayores controles sobre los legisladores, sus equipos de trabajo y las personas que integran sus estructuras políticas.

El oficialismo enfrenta así un problema más amplio: ya no alcanza solamente con resolver la situación individual de Flores. El escándalo obligó a revisar mecanismos de contratación y control dentro de la Unicameral y abrió una discusión institucional sobre los límites y responsabilidades de quienes ocupan una banca.

Flores no está imputado

Un elemento central del caso es que Ramón Flores no está imputado ni enfrenta causas judiciales abiertas en su contra. La crisis política se originó en la situación judicial de personas que formaban parte de su entorno de trabajo y en las distintas investigaciones que terminaron alcanzando a integrantes o allegados a su despacho.

Por eso, la discusión política no pasa directamente por una responsabilidad penal atribuida al legislador, sino por la responsabilidad política que el oficialismo considera que debe asumir frente al impacto del caso.

Ese punto explica también la diferencia de posiciones dentro de la Legislatura. Mientras la oposición reclama una sanción política, el oficialismo hasta ahora optó por una salida intermedia: apartar temporalmente a Flores sin avanzar sobre su banca.

La próxima sesión será una prueba para el PJ

La declaración de Vigo dejó una pregunta abierta que el oficialismo deberá responder en los próximos días: ¿la licencia fue realmente una solución o apenas una forma de ganar tiempo?

Si Flores renuncia, el peronismo podría cerrar el episodio antes de que vuelva al recinto. Si eso no ocurre, la próxima sesión volverá a convertirse en un escenario de confrontación.

La UCR ya avisó que insistirá con la exclusión y el resto de la oposición tendrá nuevamente la posibilidad de utilizar el caso para cuestionar al oficialismo.

En ese escenario, la definición de Alejandra Vigo adquiere especial relevancia. Su pedido de renuncia no sólo aumenta la presión sobre Flores, sino que también expone las diferencias que existen dentro del propio peronismo sobre cómo terminar con una crisis que, lejos de cerrarse con una licencia, amenaza con convertirse en un problema político recurrente para el Gobierno de Martín Llaryora.

El oficialismo todavía tiene margen para ordenar la situación. Pero la señal política ya fue emitida desde un lugar de peso dentro del PJ: para Vigo, la licencia no alcanza y la salida debería ser definitiva.