El caso de Ramón “Cañito” Flores tendrá este miércoles un capítulo decisivo en la Legislatura de Córdoba. El legislador por Río Seco pidió licencia y el oficialismo se encamina a aprobar el pedido en el recinto. La Unión Cívica Radical, en cambio, anticipó que no acompañará la medida y reclamará su renuncia definitiva.

La discusión comenzó a ordenarse este martes en la reunión previa a la sesión. Flores formalizó su solicitud de licencia y el peronismo decidió respaldarla. De esta manera, salvo un cambio de último momento, el legislador se apartará temporalmente de su banca.

La oposición considera que esa salida es insuficiente. Para el radicalismo, una licencia no resuelve el problema político generado por el escándalo que involucró a integrantes del equipo de colaboradores de Flores. Por eso, insistirá con que el legislador abandone definitivamente su banca.

El problema para la UCR es numérico: para avanzar con una remoción o imponer una salida de esas características se requieren los dos tercios de la Cámara. La oposición no cuenta con esa mayoría y, en el actual escenario, resulta difícil que pueda reunir los votos necesarios.

El argumento del oficialismo

En el oficialismo remarcan un dato que consideran central para el debate: Flores no está imputado en las causas judiciales que quedaron bajo la lupa.

El planteo opositor, sin embargo, apunta a otro plano. La UCR sostiene que existe una responsabilidad política vinculada con las personas que formaban parte de su estructura de colaboradores y con los antecedentes que comenzaron a conocerse alrededor de algunos integrantes de ese equipo.

El caso que disparó la crisis fue la detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor de Flores, en el marco de una investigación por delitos sexuales contra menores en el norte provincial. A partir de allí aparecieron otros nombres relacionados con el despacho que también quedaron bajo cuestionamientos judiciales, lo que amplificó el impacto político del caso.

El efecto Flores llega a toda la Unicameral

Más allá de la pulseada que se dará este miércoles en el recinto, el escándalo ya comenzó a producir consecuencias institucionales dentro de la Legislatura.

La revisión de los equipos de asesores y contratados se extendió a distintos bloques. Legisladores comenzaron a repasar las nóminas de sus colaboradores, verificar documentación y revisar antecedentes para evitar que vuelva a producirse una situación similar.

La propia Legislatura comenzó a trabajar en nuevas herramientas de control para la incorporación y permanencia de personal. El objetivo es establecer mayores filtros sobre quienes ingresan a los despachos y reforzar los mecanismos de seguimiento de los equipos legislativos.

El caso Flores, de esta manera, dejó de ser solamente un problema de un bloque o de un legislador. La polémica puso bajo discusión el sistema de contratación de asesores de la Unicameral y obligó a todos los espacios a mirar hacia adentro.

Este miércoles, el recinto definirá el primer desenlace político: la licencia de Flores tiene los votos del oficialismo para avanzar, mientras la UCR buscará convertir la sesión en una discusión sobre la responsabilidad política del legislador y su continuidad en la Cámara.

Por ahora, todo indica que Flores se apartará de su banca, pero no de manera definitiva. La batalla por su salida definitiva, en cambio, parece destinada a continuar.