El legislador radical Matías Gvozdenovich presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo provincial información precisa sobre el funcionamiento del Fondo de Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales (FOMMEP), en medio de reclamos de intendentes del interior que aseguran estar afrontando con recursos municipales gastos que deberían contar con respaldo provincial.

La iniciativa pone el foco en uno de los puntos más sensibles de la gestión de seguridad: los recursos destinados al mantenimiento de patrulleros y dependencias policiales. Gvozdenovich pidió que el Gobierno informe de manera urgente y detallada cuáles son los montos asignados al fondo, cómo está previsto el esquema de distribución mensual durante 2026 y cuál es la situación de los supuestos pagos atrasados correspondientes a 2025.

El planteo opositor surge a partir de las denuncias de intendentes del interior provincial que advierten que, ante la falta o demora de recursos del FOMMEP, los municipios terminan utilizando fondos propios para mantener móviles policiales y edificios destinados al funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

La discusión no es menor. En muchas localidades del interior, los municipios cumplen un papel clave en el sostenimiento cotidiano de la infraestructura policial, desde reparaciones edilicias hasta el mantenimiento de vehículos. Para el radicalismo, esa situación no debería transformarse en una transferencia de responsabilidades y costos desde la Provincia hacia las administraciones locales.

El proyecto de Gvozdenovich busca, precisamente, poner números sobre esa discusión. El pedido de informes apunta a determinar cuánto dinero fue presupuestado, cuánto efectivamente se giró y qué municipios fueron alcanzados por las partidas. También pretende conocer el cronograma previsto para lo que resta de 2026 y despejar las dudas sobre eventuales obligaciones pendientes del año pasado.

Detrás del reclamo aparece además una cuestión política: la distribución de los recursos de seguridad entre Capital e interior. Los intendentes que plantean dificultades sostienen que la respuesta estatal debe garantizar condiciones similares para todas las localidades, independientemente de su tamaño o ubicación.

En ese sentido, el legislador radical busca instalar la discusión sobre la equidad territorial del financiamiento de la seguridad. Si los municipios deben recurrir sistemáticamente a sus propios presupuestos para sostener patrulleros o dependencias policiales, advierte, se termina afectando la capacidad de los gobiernos locales para atender otras demandas de sus vecinos.

“La seguridad no es un juego y los fondos deben estar disponibles para todos por igual”, planteó Gvozdenovich al fundamentar su iniciativa.

El pedido de informes obligará al Ejecutivo a transparentar el estado de un fondo que, en la práctica, se encuentra en el centro de una discusión mayor: quién paga la seguridad en Córdoba cuando los recursos destinados específicamente a ese objetivo no llegan en tiempo y forma.

La oposición buscará ahora que el reclamo trascienda la presentación formal en la Legislatura y que el Gobierno provincial dé respuestas concretas sobre montos, destinatarios y cumplimiento de los pagos. En un escenario donde la inseguridad ocupa un lugar cada vez más relevante en la agenda política, el manejo de los fondos destinados al mantenimiento de la estructura policial promete convertirse en otro frente de tensión entre la Provincia y los municipios.