Acorralado por la presión política tras la detención e imputación de su (ex)asesor José Aníbal Ricardo Villarreal, el legislador peronista Ramón “Cañito” Flores decidió pedir licencia a su banca. La medida busca descomprimir una crisis que ya había dejado de ser exclusivamente judicial y comenzaba a comprometer políticamente al oficialismo y a la propia Unicameral.

La decisión de Flores llegó después de que la bancada de la UCR, conducida por Matías Gvozdenovich, avanzara con un proyecto de resolución para reclamar su exclusión de la Legislatura. El radicalismo fundamentó su pedido en el artículo 99 de la Constitución Provincial y en la causal de “indignidad”, a partir de la gravedad de los hechos que involucran a Villarreal.

El exasesor se encuentra detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, en una investigación encabezada por la fiscal Analía Cepede y vinculada con hechos que habrían afectado a tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco.

La aparición de un antecedente penal de Villarreal correspondiente a 2021, sumada a nuevos interrogantes sobre el vínculo que mantenía con Flores, incrementó la presión sobre el legislador y obligó al oficialismo a tomar distancia de una situación que inicialmente había intentado mantener en un segundo plano.

La ofensiva radical elevó el costo político

La UCR decidió convertir el episodio en un reclamo institucional. Para el radicalismo, ya no se trataba solamente de determinar las responsabilidades penales de Villarreal, sino también de discutir qué nivel de conocimiento pudo haber tenido Flores respecto de los antecedentes de quien fue contratado como asesor.

En ese marco, la legisladora Brenda Austin puso el foco directamente sobre el rol del representante de Río Seco y planteó interrogantes sobre si existió algún tipo de respaldo político al ahora detenido.

El planteo opositor modificó el escenario. La posibilidad de que la Legislatura tuviera que discutir formalmente la exclusión de uno de sus integrantes hubiera llevado el conflicto a una instancia de fuerte impacto institucional y colocado al bloque oficialista ante una situación especialmente incómoda.

La licencia aparece, justamente, como una vía para evitar que esa discusión escale dentro del recinto.

Flores: “Que la Justicia hable”

El propio Flores explicó que la decisión no implica reconocer ninguna responsabilidad en los hechos investigados y sostuvo que busca garantizar que la Justicia pueda avanzar sin interferencias.

“Decidí solicitar licencia en mi función como legislador provincial a partir de los repudiables hechos que son de público conocimiento y ante la necesidad de que el proceso judicial pueda avanzar con absoluta libertad”, expresó.

El legislador fue enfático al despegarse de la investigación: “No estoy involucrado en ninguno de los hechos que se investigan”, aseguró, y sostuvo que será la Justicia la que determine las responsabilidades individuales.

Sin embargo, Flores reconoció que su condición de funcionario público le impone una obligación adicional frente a las dudas generadas. “Cuando existen dudas o sospechas, es necesario contribuir activamente para que puedan ser despejadas”, señaló.

La frase sintetiza el principal argumento político detrás de la licencia: aunque Flores niega cualquier participación en los delitos investigados, entiende que su permanencia en la banca podía convertirse en un factor de presión adicional para la Legislatura y para el propio proceso político.

El oficialismo, obligado a administrar la crisis

La situación también expuso al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. Hasta ahora, el oficialismo había elegido mantener un perfil bajo frente a la causa, evitando que el conflicto derivara en una disputa política mayor.

Pero el pedido de exclusión presentado por la UCR cambió el escenario. La discusión dejó de estar concentrada únicamente en Flores y Villarreal y comenzó a involucrar al funcionamiento y la imagen institucional de la Unicameral.

La licencia permite, al menos temporalmente, bajar la temperatura política y evitar una confrontación entre oficialismo y oposición alrededor de la permanencia del legislador.

Flores intentó, además, correr el eje de la disputa partidaria y poner en primer plano a las víctimas y sus familias.

“Estamos hablando de hechos particularmente dolorosos, que involucran a adolescentes, familias y a comunidades de nuestra región. Frente a situaciones de esta naturaleza, cualquier consideración política debe quedar en un segundo plano”, afirmó.

Una salida política, sin cerrar el interrogante

La licencia no resuelve el interrogante político que abrió el caso. Sí modifica el escenario inmediato: Flores deja temporalmente su banca mientras continúa la investigación judicial y el oficialismo evita, por ahora, una discusión institucional de mayor alcance.

El legislador también buscó preservar su vínculo con el departamento Río Seco y sostuvo que su compromiso con la comunidad permanece intacto. Al mismo tiempo, vinculó la decisión con la necesidad de proteger su nombre y el de su familia.

“Por respeto a las familias damnificadas, a mi familia, a quienes confiaron en mí y a mi buen nombre, que sea la Justicia la que hable y establezca con claridad qué ocurrió y quiénes son los responsables”, sostuvo.

El caso deja así dos planos abiertos. En el judicial, será la investigación la que determine las responsabilidades por los delitos denunciados. En el político, la discusión ya comenzó y tiene como escenario a la Legislatura de Córdoba.

La licencia de Flores funciona como una válvula de escape frente a una presión que había crecido rápidamente. Pero difícilmente cierre por sí sola el debate sobre los vínculos, los antecedentes y los controles que rodearon la incorporación de Villarreal como asesor.

La UCR ya puso el tema en términos institucionales. El oficialismo deberá ahora administrar las consecuencias políticas de un caso que, por su gravedad, dejó de ser un problema individual y pasó a convertirse en una crisis que golpea directamente a la imagen de la Unicameral cordobesa.