Hay una pregunta que el Gobierno de Martín Llaryora debería responder: ¿por qué los cordobeses tienen que hacer cada vez más esfuerzos para sostener un Estado que parece tener cada vez más recursos para la política y menos para atender las necesidades sociales?
Por eso presenté el Proyecto N.º 47334/D/26, solicitando al gobernador el refuerzo de las partidas destinadas a asistencia y promoción social, para atender las situaciones de pobreza, indigencia y vulnerabilidad que atraviesan muchos cordobeses.
Pero no alcanza con pedir más recursos. También hay que discutir cómo y en qué se gasta el dinero público.
Córdoba es una de las provincias más caras para vivir. Los impuestos, las tarifas y los servicios aumentan y golpean directamente el bolsillo de trabajadores, jubilados, comerciantes y familias.
Mientras tanto, el Estado mantiene una estructura que debe ser revisada.
Por eso planteé la racionalización y redireccionamiento de partidas destinadas a organismos administrativos, cargos jerárquicos, agencias y gastos reservados vinculados al funcionamiento político del Estado.
La pregunta es sencilla: ¿cuánto de esos recursos podría destinarse a quienes realmente los necesitan?
No es razonable exigir sacrificios permanentes a los ciudadanos mientras se sostiene un Estado sobredimensionado y costoso.
El ajuste no puede recaer siempre sobre el que trabaja, paga impuestos o cobra una jubilación que no alcanza.
Si hay que ordenar las cuentas, la política también tiene que hacer su parte.
No estoy proponiendo un Estado más grande. Estoy proponiendo un Estado más eficiente, austero y justo, que priorice la asistencia social, la salud, la educación, los salarios y las jubilaciones por encima del gasto político innecesario.
Los recursos públicos no son propiedad de ningún gobierno. Son de los cordobeses.
Y si los cordobeses hacen un esfuerzo cada vez mayor para sostener al Estado, el Estado tiene la obligación de demostrar que cada peso recaudado vuelve a la sociedad en mejores servicios, mejores oportunidades y mayor bienestar.
Menos gasto político. Más recursos para quienes los necesitan.
Ésa debe ser la prioridad.