Hay una realidad que ya no admite discusión ni maquillajes estadísticos: vivir en Córdoba se ha convertido en un desafío económico cada vez más difícil para miles de familias. Lo vemos cuando llega la boleta de los impuestos, cuando pagamos los servicios públicos y, desde ahora, también cuando un trabajador o un estudiante debe sacar dinero de su bolsillo para subir a un colectivo.

El nuevo aumento del boleto urbano no es un hecho aislado. Es una nueva demostración de una forma de gobernar que hace tiempo dejó de priorizar a los ciudadanos para concentrarse únicamente en sostener un esquema de administración que siempre encuentra en los vecinos la solución más fácil: cobrar más.

Mientras la economía familiar sigue golpeada por años de inflación, pérdida del poder adquisitivo y una recuperación que todavía no llega a todos los sectores, la Municipalidad de Córdoba decidió aplicar un incremento que lleva el pasaje urbano a convertirse en el más caro de la Argentina. El mensaje parece ser siempre el mismo: cuando las cuentas no cierran, paga el ciudadano.

Lo más preocupante es que este aumento llega sin que exista una verdadera discusión pública sobre la calidad del servicio que reciben los usuarios. Los cordobeses seguimos soportando largas esperas, frecuencias insuficientes, recorridos que no responden a las necesidades actuales de la ciudad y unidades que, en muchos casos, están lejos de ofrecer un transporte moderno y eficiente.

Durante años nos prometieron una transformación integral del sistema de transporte. Escuchamos anuncios sobre modernización, planificación y mejoras estructurales. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que los problemas siguen siendo prácticamente los mismos, aunque el costo para los usuarios aumenta de manera permanente.

A esta situación se suma otra preocupación que considero central: la falta de transparencia. Resulta difícil comprender cómo se determina el valor del boleto cuando no existe un marco regulatorio que garantice controles efectivos, cuando la información sobre los costos reales del sistema no siempre está disponible de manera clara y cuando las contrataciones públicas continúan generando más interrogantes que certezas.

La ausencia de mecanismos sólidos de rendición de cuentas termina provocando una sensación inevitable de desconfianza. Los ciudadanos pagan cada vez más, pero conocen cada vez menos cómo se administran esos recursos.

Todo esto ocurre en una provincia que ya soporta una de las presiones fiscales más elevadas del país. Los cordobeses contribuimos con impuestos provinciales, municipales, tasas y servicios que aumentan de manera constante. Ahora también debemos afrontar un boleto que supera ampliamente la evolución de la inflación y que representa un impacto directo sobre quienes dependen diariamente del transporte público para trabajar, estudiar o simplemente desarrollar su vida cotidiana.

La consecuencia es evidente. Cada incremento en el transporte no sólo afecta el bolsillo del usuario directo. También encarece la economía en su conjunto. Aumentan los costos laborales, se resiente el consumo y miles de familias deben reorganizar sus presupuestos sacrificando otras necesidades básicas.

Frente a este escenario, resulta inevitable preguntarse dónde quedó aquella tan repetida bandera de la «justicia social». Porque la verdadera justicia social no consiste en pronunciar discursos grandilocuentes mientras se profundiza la carga económica sobre quienes menos margen tienen para absorber nuevos aumentos.

La justicia social debería reflejarse en servicios públicos eficientes, administraciones transparentes y políticas que alivien la situación de los ciudadanos, no que la agraven.

Después de más de dos décadas de administraciones peronistas, Córdoba exhibe una presión tributaria creciente, servicios que no logran estar a la altura del esfuerzo que realizan los contribuyentes y un costo de vida que se ubica entre los más elevados del país. La combinación de impuestos altos, tarifas crecientes y transporte cada vez más caro demuestra que el problema ya no puede atribuirse únicamente al contexto económico nacional, sino también a decisiones políticas adoptadas durante años.

Estoy convencido de que Córdoba necesita abrir una nueva etapa. Una gestión que entienda que administrar bien no significa trasladar permanentemente los costos a los ciudadanos, sino utilizar con eficiencia los recursos públicos, transparentar cada peso que se recauda y ofrecer servicios acordes al enorme esfuerzo que hacen los cordobeses.

Porque gobernar no puede consistir únicamente en aumentar tarifas e impuestos. Gobernar también implica asumir responsabilidades, rendir cuentas y respetar a quienes todos los días sostienen con su trabajo el funcionamiento del Estado.

Los cordobeses merecemos mucho más que seguir pagando los errores de administraciones que nunca lograron resolver los problemas de fondo. Córdoba necesita, con urgencia, un cambio de rumbo.