El intendente de Córdoba anunció un nuevo esquema de fiscalización de la actividad nocturna que incluirá una revisión integral de habilitaciones, coordinación con Provincia y cambios en las normas vigentes. La decisión se da luego de la revocación del permiso del boliche Wachitas, vinculado a la investigación por el femicidio de Agostina Vega, y en medio de críticas por el funcionamiento de los controles municipales.

La Municipalidad de Córdoba decidió avanzar con una reestructuración profunda del sistema de controles sobre bares, boliches y espectáculos públicos. El intendente Daniel Passerini firmó un decreto mediante el cual se crea una Unidad Especial de Control de la Nocturnidad y los Espectáculos Públicos, un organismo que tendrá como objetivo central reforzar las inspecciones, revisar habilitaciones existentes y coordinar acciones entre distintas áreas estatales.

La medida llega en un momento de alta sensibilidad política para la gestión municipal, luego de la revocación de la habilitación del local Wachitas, ubicado en Nueva Córdoba, que quedó bajo la lupa pública tras las denuncias vinculadas al femicidio de Agostina Vega. A esto se sumaron clausuras recientes de otros establecimientos nocturnos, como Malibú y Luzbelito, también ubicados en el tradicional corredor nocturno de la ciudad.

El anuncio busca mostrar una respuesta política frente a un problema que, según admiten dentro del Palacio 6 de Julio, venía acumulando cuestionamientos durante años: la dificultad para controlar la actividad nocturna, clausurar locales con irregularidades y evitar que vuelvan a funcionar mediante recursos administrativos.

Una estructura de coordinación y más poder de control

Passerini explicó que la nueva unidad no implicará la creación de una dependencia paralela, sino una integración de organismos que ya intervienen en la fiscalización.

“Tiene como objeto integrar muchas áreas que hoy están trabajando y entendemos que con esta decisión le vamos a dotar de más fuerza”, señaló el intendente al anunciar la medida.

El nuevo esquema incorporará al Ente de Fiscalización y Control municipal, representantes de cámaras empresariales, el Ministerio de Seguridad provincial, la Policía de Córdoba y miembros del Concejo Deliberante.

La intención oficial es que la unidad funcione como una mesa permanente de seguimiento, con capacidad para recibir denuncias, coordinar operativos y generar respuestas rápidas frente a situaciones consideradas irregulares.

Passerini destacó que el organismo municipal encargado de los controles incrementó considerablemente sus intervenciones en el último tiempo. “El Ente de Fiscalización y Control casi sextuplicó la cantidad de intervenciones”, aseguró, aunque reconoció que existe un problema estructural: la posibilidad de que algunos locales clausurados puedan volver a abrir mediante mecanismos administrativos.

“Vamos, clausuramos y a los pocos días, con un trámite administrativo por un derecho que les corresponde por viejas ordenanzas, se vuelven a habilitar”, cuestionó el jefe comunal.

El debate por las habilitaciones y una reforma en camino

Uno de los principales puntos señalados por el intendente es la necesidad de actualizar el marco normativo que regula las habilitaciones comerciales en la ciudad.

En ese sentido, anticipó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para modificar las reglas actuales y evitar que establecimientos sancionados puedan utilizar vacíos legales para continuar funcionando.

“Esta unidad especial va a estar dotada de facultades no solo para intervenir, sino que en los próximos 90 días vamos a revisar todas las habilitaciones de este aspecto de la actividad comercial nocturna que hoy requiere de una adecuación y de una fuerte intervención”, explicó.

El objetivo político de la iniciativa es impedir situaciones como las que, según el municipio, se produjeron durante años: locales clausurados que reaparecen con otro nombre, nuevos titulares o recursos administrativos que permiten su reapertura.

Passerini planteó que la normativa vigente genera una dificultad para actuar con mayor firmeza y adelantó que la reforma buscará establecer mayores restricciones para aquellos comercios que hayan sido vinculados con actividades ilegales.

Una acusación directa contra viejas estructuras políticas

Durante el anuncio, el intendente realizó una fuerte acusación al señalar que parte de la problemática de la noche cordobesa estuvo vinculada a redes de intereses políticos que permitieron la continuidad de actividades irregulares.

“Hace más de 20 años lamentablemente la política, por compromisos políticos, en esta Municipalidad ingresó gente que tomó el control político y lo utilizó para generar actividades en la noche ilegales”, afirmó.

Passerini sostuvo que algunas de esas prácticas lograron mantenerse durante largos períodos y aseguró que su gestión tiene la decisión de avanzar contra esos mecanismos.

“Son actividades que muchas de ellas persistieron a lo largo del tiempo”, afirmó, y agregó: “Tenemos la firme decisión de terminar con esta actividad que genera ilegalidad, riesgos y que van muchas veces de la mano de hechos delictivos”.

La declaración abre un nuevo frente político dentro del municipio, ya que apunta directamente contra gestiones anteriores y plantea una disputa sobre quiénes fueron responsables de permitir determinadas habilitaciones.

El caso Wachitas y la respuesta del municipio

Consultado sobre si la Municipalidad actuó tarde frente a situaciones como la de Wachitas, Passerini rechazó que la actual administración sea responsable de esas habilitaciones.

El intendente explicó que, al revisar los expedientes administrativos, detectaron irregularidades en permisos otorgados durante gestiones anteriores.

“Cuando uno revisa los expedientes de habilitación, estos lugares fueron habilitados en gestiones anteriores, pero cuando uno ve el expediente ve que quien hizo la habilitación claramente lo hizo de manera irregular”, afirmó.

Según Passerini, esas decisiones administrativas generaron derechos adquiridos que actualmente dificultan una clausura definitiva.

Por eso, uno de los cambios que buscará impulsar la Municipalidad es que un comercio sancionado por desarrollar actividades ilegales no pueda volver a operar simplemente cambiando su nombre comercial o modificando su razón social.

La tensión con sectores vinculados a la noche

El anuncio también estuvo acompañado por una advertencia del intendente respecto a las presiones que, según afirmó, recibió la Municipalidad en el marco de los operativos.

Passerini vinculó esta situación con otras decisiones recientes de la gestión municipal, como la ofensiva contra los cuidacoches ilegales.

“Estamos siendo amenazados, tomamos una decisión firme con el gobernador el 26 de mayo de terminar con la actividad ilegal de los cuidacoches y las personas que en la calle extorsionaban a los usuarios”, manifestó.

El mensaje apunta a mostrar una línea política de mayor intervención estatal frente a actividades que el municipio considera ilegales o vinculadas a prácticas extorsivas.

Un nuevo capítulo en la disputa por la seguridad urbana

La creación de la Unidad Especial de Control de la Nocturnidad se inscribe en una etapa donde la seguridad y el orden urbano se transformaron en temas centrales para la administración de Passerini.

El intendente busca instalar la idea de que la Municipalidad no solo reaccionará ante conflictos puntuales, sino que pretende modificar un sistema de controles que considera debilitado por años de normativas antiguas y prácticas administrativas difíciles de revertir.

Sin embargo, el desafío será transformar el anuncio político en resultados concretos: controles más efectivos, clausuras sostenidas y una revisión transparente de las habilitaciones existentes.

El caso Wachitas puso nuevamente bajo la lupa la relación entre la noche cordobesa, los controles municipales y las responsabilidades políticas. Ahora, Passerini apuesta a que esta nueva estructura sea el instrumento para marcar un antes y un después en una actividad que históricamente estuvo atravesada por conflictos, intereses económicos y cuestionamientos institucionales.