El proyecto de Gustavo Pedrocca busca establecer una incompatibilidad ética tras la polémica que involucró al exconcejal Ricardo Moreno y al acusado por el crimen de Agostina Vega
La conmoción política y social generada por el femicidio de Agostina Vega continúa teniendo consecuencias dentro del ámbito institucional de Córdoba. En este contexto, el concejal Gustavo Pedrocca presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de la ciudad que apunta a modificar los límites éticos de quienes ocupan cargos públicos electivos y, al mismo tiempo, ejercen la profesión de abogados.
La iniciativa propone establecer una incompatibilidad para que intendentes, viceintendentes, concejales y funcionarios municipales de alto rango no puedan desempeñarse como abogados defensores en causas penales vinculadas a delitos considerados de extrema gravedad mientras permanezcan en sus cargos.
El planteo surge luego del escándalo político provocado por la situación del exedil Ricardo Moreno, quien dejó su banca tras conocerse que había ejercido la defensa legal de Claudio Barrelier, señalado como principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega. Moreno había intervenido previamente como abogado defensor de Barrelier en una causa por privación ilegítima de la libertad ocurrida en 2025.
La situación abrió un fuerte debate dentro de la política cordobesa sobre los límites entre el ejercicio profesional y la representación pública. Desde distintos sectores cuestionaron la convivencia entre un rol institucional elegido por los ciudadanos y la defensa técnica de personas acusadas de delitos que generan una fuerte condena social.
Una discusión sobre ética pública y representación política
El proyecto presentado por Pedrocca busca llevar esa discusión al plano normativo. Según explicó el concejal, el objetivo no es restringir el derecho constitucional a la defensa que tienen todas las personas acusadas de un delito, sino establecer reglas específicas para quienes deciden asumir responsabilidades dentro del Estado.
La propuesta plantea que quienes llegan a cargos electivos deben aceptar determinadas restricciones vinculadas con la función pública, de la misma manera que ocurre con otras incompatibilidades existentes dentro de la administración estatal.
“Me eligen como concejal para representar al pueblo de Córdoba y después quiero defender a los que matan, roban y venden droga al mismo pueblo que los votó”, expresó Pedrocca al fundamentar su iniciativa.
El edil sostuvo que la política atraviesa una crisis de confianza ciudadana y que situaciones como la ocurrida con Moreno generan una percepción negativa sobre la dirigencia.
“Hay una sensación de impunidad total en algunos sectores de la dirigencia y eso debe corregirse con reglas claras”, planteó el concejal, quien insistió en que la discusión debe darse desde la transparencia institucional y no desde una mirada penal sobre la tarea de los abogados.
Qué establece el proyecto
La ordenanza establece una serie de delitos en los cuales los funcionarios públicos electivos no podrían intervenir profesionalmente como abogados defensores mientras dure su mandato.
Entre las figuras penales incluidas aparecen:
- Delitos contra la integridad sexual.
- Trata de personas.
- Narcotráfico.
- Crímenes de lesa humanidad y genocidio.
- Delitos contra la seguridad de la Nación.
- Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.
- Delitos contra la administración pública.
- Delitos contra la fe pública.
La norma alcanzaría al intendente, viceintendente, concejales y otros funcionarios municipales que tengan responsabilidades dentro del gobierno local.
Además, el proyecto contempla un período de adecuación: aquellos funcionarios que asuman un cargo y tengan participación profesional en alguna causa alcanzada por la prohibición tendrían un plazo de 30 días para abandonar esa intervención.
El caso Barrelier como punto de partida del debate
El trasfondo político de la iniciativa está directamente relacionado con el caso que conmocionó a Córdoba tras la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Agostina Vega. La investigación judicial y las circunstancias que rodearon al principal acusado generaron cuestionamientos sobre los vínculos previos entre dirigentes políticos y personas involucradas en causas penales.
La renuncia de Ricardo Moreno al Concejo Deliberante intentó cerrar una crisis institucional inmediata, pero dejó abierta una discusión más profunda: cuáles deben ser los límites personales y profesionales de quienes ocupan cargos de representación ciudadana.
Para Pedrocca, el problema no radica en el ejercicio de la abogacía, sino en la incompatibilidad ética que puede surgir cuando un funcionario electo representa políticamente a la comunidad y, simultáneamente, defiende judicialmente a personas acusadas de delitos que afectan gravemente a esa misma sociedad.
Un debate que ahora deberá atravesar el Concejo Deliberante
La iniciativa ingresó formalmente al Concejo Deliberante y abrirá una discusión que promete generar posiciones divididas dentro del cuerpo legislativo municipal.
Mientras sus impulsores consideran que la norma representa un avance en materia de ética pública y recuperación de confianza ciudadana, otros sectores podrían plantear interrogantes relacionados con el derecho constitucional a ejercer libremente una profesión y con los límites que el Estado puede imponer a los abogados.
El debate pondrá nuevamente bajo la lupa la relación entre política, justicia y ciudadanía en Córdoba. En un escenario marcado por el reclamo social de mayor transparencia, el proyecto de Pedrocca busca instalar una nueva regla de conducta para quienes ocupan cargos públicos: que la representación institucional tenga prioridad frente a determinados intereses profesionales.
La discusión recién comienza y podría convertirse en uno de los debates políticos centrales del Concejo Deliberante durante las próximas semanas.