El ministro de Seguridad de Córdoba ratificó su continuidad en el cargo y salió al cruce de los sectores opositores que exigieron su salida luego del hallazgo sin vida de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra. Defendió el accionar policial y aseguró que algunos dirigentes buscan obtener ventajas políticas a partir de la tragedia.

La crisis política desatada por el caso de Agostina Vega continúa generando repercusiones en la escena provincial. En medio de los cuestionamientos de distintos bloques de la oposición, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó este miércoles que seguirá al frente de la cartera y descartó cualquier posibilidad de renunciar a su cargo.

La postura del funcionario llega luego de que legisladores opositores solicitaran formalmente su salida, argumentando presuntas falencias en el desempeño del Ministerio de Seguridad durante la búsqueda de la adolescente de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

El caso provocó una fuerte conmoción social y abrió un intenso debate político e institucional sobre el funcionamiento de los organismos de seguridad y de la Justicia, generando pedidos de explicaciones tanto en la Legislatura como en distintos sectores de la sociedad civil.

Una respuesta directa a la oposición

Lejos de mostrarse a la defensiva, Quinteros eligió responder con dureza a quienes impulsan su salida del gabinete provincial. Durante declaraciones públicas, el ministro cuestionó la actitud de los dirigentes opositores y los acusó de aprovechar políticamente una situación dolorosa para las familias involucradas y para la comunidad en general.

«A esa gente le pido que se pongan a laburar, es mucho más fácil. Les pagan un sueldo para laburar a casi todos ellos», afirmó el funcionario, elevando el tono de la discusión política en torno al caso.

Las declaraciones representan una clara señal de que el Gobierno provincial no tiene previsto realizar cambios en el área de Seguridad pese a las críticas recibidas en las últimas semanas. Además, evidencian una estrategia de confrontación directa con los sectores que intentan convertir el caso en una herramienta de desgaste político para la administración provincial.

«Política carroñera»

Uno de los conceptos más fuertes expresados por Quinteros fue la acusación de que ciertos dirigentes están realizando una «política carroñera», una definición con la que buscó deslegitimar los reclamos de la oposición.

Según el ministro, en lugar de contribuir con propuestas para abordar los problemas vinculados a la seguridad y la prevención del delito, algunos referentes políticos optaron por centrar el debate exclusivamente en la exigencia de responsabilidades políticas inmediatas.

La expresión utilizada por el funcionario refleja el nivel de tensión que alcanzó la discusión pública tras el hallazgo de Agostina Vega, un caso que golpeó de lleno tanto a las instituciones provinciales como a la opinión pública.

Defensa del accionar policial

Quinteros también aprovechó la oportunidad para reivindicar el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad durante la búsqueda de la adolescente. En ese marco, sostuvo que existe una falta de reconocimiento hacia el personal policial que participó de los operativos desplegados durante los días previos al hallazgo.

«Ninguno de ellos se puso al lado de estos policías en toda esa búsqueda», afirmó el ministro, en referencia a los dirigentes que actualmente exigen explicaciones y responsabilidades políticas.

Desde el Ministerio consideran que los efectivos actuaron dentro de las facultades y recursos disponibles, mientras que la oposición sostiene que hubo errores y demoras que deben ser investigados.

Una crisis que sigue abierta

Aunque el hallazgo de la joven puso fin a la búsqueda que mantuvo en vilo a Córdoba durante varios días, las consecuencias políticas del caso continúan desarrollándose. Los pedidos de informes, las solicitudes de juicio político a funcionarios judiciales y las críticas a distintos organismos estatales mantienen el tema en el centro de la agenda pública.

La decisión de Quinteros de ratificar su continuidad busca cerrar cualquier especulación sobre cambios en el gabinete provincial. Sin embargo, la controversia está lejos de terminar. La oposición promete mantener la presión política en la Legislatura, mientras que el oficialismo intenta contener el impacto institucional de uno de los casos más sensibles y conmocionantes de los últimos meses.

La disputa, que comenzó alrededor de la investigación por la desaparición y posterior hallazgo de Agostina Vega, se transformó así en un nuevo capítulo de la creciente confrontación entre el Gobierno provincial y los distintos bloques opositores, en un contexto donde la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en el debate político cordobés.