La controversia en torno a la situación judicial de Marcos Carasso sumó un nuevo capítulo en la política cordobesa. La legisladora provincial Karina Bruno presentó un proyecto en la Legislatura para solicitar el apartamiento preventivo del vocal del Tribunal de Cuentas, luego de que fuera imputado en una causa que investiga una presunta defraudación millonaria contra el Pami en la ciudad de Río Cuarto.

La iniciativa busca que se adopte una medida institucional mientras la Justicia avanza con la investigación, en un caso que ya generó repercusiones tanto en el ámbito político como en los organismos de control de la provincia.

Un pedido basado en la gravedad de la acusación

Bruno fundamentó su planteo en la magnitud de las acusaciones que pesan sobre Carasso y en los recientes procedimientos judiciales realizados por las fuerzas federales.

Según explicó, la continuidad del dirigente radical dentro del Tribunal de Cuentas resulta incompatible con el contexto actual, especialmente después de los allanamientos que alcanzaron dependencias del organismo provincial y domicilios vinculados a la investigación.

“Pedí que hasta tanto se aclare la situación de Marcos Carasso, él no debería estar cumpliendo funciones en el Tribunal de Cuentas”, sostuvo la legisladora.

Además, remarcó que la situación excede una simple imputación judicial y afecta directamente la credibilidad de una institución encargada de controlar la administración de los recursos públicos.

“No solo por lo que sucedió con los allanamientos dentro del tribunal, sino porque hay una imputación concreta y además involucraría delitos en perjuicio del Pami por una suma millonaria”, argumentó.

Reclamo por transparencia y explicaciones institucionales

La legisladora también puso el foco sobre los procedimientos realizados en instalaciones del Tribunal de Cuentas y reclamó explicaciones por parte de las autoridades del organismo.

Bruno manifestó preocupación por la decisión judicial de avanzar con allanamientos en oficinas donde se desarrollan tareas vinculadas al control del gasto público provincial.

“Nos preocupa porque, más allá de que esto involucra a un actual personal de Carasso, llama la atención por qué hubo que allanar oficinas donde se cumplen funciones dentro del Tribunal de Cuentas”, expresó.

En ese sentido, consideró que todavía existen interrogantes sin respuesta sobre lo ocurrido durante los operativos.

“Hay que saber cuáles son los motivos. Ahí falta una respuesta de los superiores de Carasso, esa información falta”, señaló.

Y agregó: “Ellos deberían explicar qué pasó ahí adentro”.

Las declaraciones apuntan a instalar el debate sobre el impacto institucional que puede generar una investigación judicial que involucra a uno de los integrantes del máximo organismo de control externo de la provincia.

Se suma al pedido de informes del oficialismo

El planteo de Bruno se produce en paralelo con otra iniciativa impulsada en la Legislatura provincial. Días atrás, el bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba presentó un pedido de informes para conocer detalles sobre la situación judicial de Carasso y las circunstancias que rodearon el allanamiento realizado en la oficina que ocupa dentro del Tribunal de Cuentas.

La propuesta fue promovida por el presidente del bloque, Facundo Torres Lima, luego de los procedimientos realizados por Gendarmería Nacional Argentina durante la semana pasada.

Desde el oficialismo sostienen que resulta necesario esclarecer los alcances de la investigación y determinar si existen elementos que comprometan el funcionamiento institucional del organismo.

La situación de Carasso

Marcos Carasso es una figura de peso dentro del radicalismo cordobés. Fue diputado nacional, intendente de la ciudad de General Cabrera, presidente de la UCR Córdoba y candidato a vicegobernador en la fórmula encabezada por Luis Juez.

Actualmente se encuentra imputado en una causa que investiga una presunta defraudación millonaria contra PAMI, expediente que avanza en la Justicia Federal y que derivó en una serie de allanamientos que impactaron de lleno en la escena política provincial.

Mientras la investigación continúa, el pedido de apartamiento preventivo abre un nuevo frente de discusión en la Legislatura y suma presión sobre el Tribunal de Cuentas, un organismo cuya función central es garantizar la transparencia y el control de los recursos públicos.