La conmoción política y social provocada por el crimen de Agostina Vega continúa generando consecuencias dentro de la administración municipal de Córdoba. Tras la renuncia del exconcejal Ricardo Moreno y la reconfiguración de áreas sensibles del Ejecutivo, el intendente Daniel Passerini avanzó en una nueva etapa de su estrategia de contención política, que incluye desplazamientos de funcionarios, modificaciones en el organigrama municipal y medidas administrativas que no han pasado desapercibidas.
Mientras la semana pasada estuvo marcada por la desaparición de la adolescente y el avance de una investigación que reveló detalles cada vez más impactantes, los últimos días mostraron a un oficialismo concentrado en reducir el impacto político de un caso que golpeó de lleno a la gestión municipal.
Reacomodamiento político tras la salida de Moreno
En la sesión del Concejo Deliberante realizada este jueves se formalizó la renuncia de Ricardo Moreno a su banca. Su reemplazo será Raúl La Cava, quien dejó la Secretaría de Políticas Sociales para retomar el cargo legislativo que le correspondía como titular de la banca.
La salida de La Cava obligó a una rápida reorganización dentro del Ejecutivo. La conducción de Políticas Sociales quedó en manos de Andrea Ledesma, dirigente de estrecha confianza del exfuncionario y también del propio Passerini, con quien compartió funciones durante la gestión provincial encabezada por el fallecido gobernador José Manuel de la Sota.
Sin embargo, los movimientos políticos no terminaron allí.
Transporte y Tránsito: una reestructuración con mensaje político
En paralelo al recambio en el área social, el intendente decidió intervenir sobre la estructura de la Secretaría de Gobierno, particularmente en uno de los sectores que quedó expuesto tras las derivaciones del caso.
La actual Subsecretaría de Movilidad y Tránsito fue dividida en dos áreas diferenciadas. Eduardo Ramírez continuará al frente de Tránsito, mientras que Federico Ingaramo asumirá una nueva Subsecretaría de Transporte, encargada de la relación operativa con las empresas prestatarias del servicio.
La reorganización también incluyó el desembarco de Matías Paredes, proveniente de TAMSE, como nuevo director general de la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito.
Paredes reemplazará a Iván Contreras, quien fue apartado de su cargo junto con Florencia Barrionuevo, hasta ahora directora de Educación Vial.
Las razones detrás de las expulsiones
Los desplazamientos tienen relación con dos episodios que encendieron alarmas dentro del Palacio 6 de Julio.
El primero fue el allanamiento y posterior detención de un empleado de la Escuela Municipal de Tránsito, investigado por una presunta maniobra de venta irregular de licencias de conducir.
El segundo episodio está directamente vinculado con el caso de Andrés Barrelier, principal acusado en la causa por el femicidio de Agostina Vega.
La investigación reveló que Barrelier había permanecido detenido durante aproximadamente veinte días en 2025 sin que esa situación derivara en alertas administrativas dentro del municipio ni provocara la suspensión de la beca laboral que percibía en la dependencia donde prestaba funciones.
La situación expuso severas falencias en los mecanismos internos de control y seguimiento del personal municipal, generando cuestionamientos sobre la capacidad de supervisión de las áreas involucradas.
Certificados de buena conducta y narco-test obligatorios
Como parte del paquete de medidas destinadas a mostrar una respuesta institucional frente a la crisis, el Ejecutivo municipal impulsa modificaciones a la Ordenanza 7.244, correspondiente al Estatuto del Empleado Municipal.
La iniciativa busca establecer la presentación obligatoria, cada seis meses, de certificados de antecedentes y pruebas de consumo de sustancias para la totalidad de los trabajadores municipales.
La propuesta aparece como uno de los principales intentos de la administración Passerini para enviar una señal de endurecimiento de los controles internos y recuperar credibilidad en medio de la tormenta política.
Clausuras que generan interrogantes
Mientras la atención pública se concentraba en los cambios de funcionarios y en el avance de la investigación judicial, otras decisiones comenzaron a desarrollarse por debajo del radar.
Entre ellas aparece la clausura de “Wachitas”, un local gastronómico ubicado en el barrio de Nueva Córdoba.
El establecimiento adquirió notoriedad luego de que trascendiera que allí trabajaba la mujer señalada por distintas versiones periodísticas como la presunta amante de Barrelier y propietaria del vehículo que habría sido utilizado para trasladar los restos de la víctima.
La clausura se produjo después de que la relación entre ambos tomara estado público y cuando medios nacionales comenzaron a poner el foco sobre el establecimiento.
Poco después también fue clausurado “Malibú”, un local bailable ubicado en las inmediaciones, que quedó bajo observación mediática tras una cobertura difundida por el periodista Tomás Méndez en un programa de televisión nacional.
La paradoja de las habilitaciones
Formalmente, ambos establecimientos fueron sancionados por incumplimientos vinculados a habilitación, higiene y condiciones de seguridad.
Sin embargo, la decisión abrió interrogantes dentro de distintos sectores políticos y empresariales de la ciudad.
La principal observación apunta a una aparente contradicción: los mismos organismos municipales que otorgaron las habilitaciones a los locales son los que ahora decidieron suspender su funcionamiento, precisamente cuando la atención mediática se concentró sobre ellos.
Esa coincidencia temporal alimenta cuestionamientos acerca de si las clausuras responden exclusivamente a controles técnicos o si forman parte de una estrategia más amplia de administración de daños en medio de una de las crisis políticas más complejas que enfrenta la gestión de Passerini desde su llegada al Palacio 6 de Julio.
En ese contexto, cada decisión administrativa parece estar siendo observada bajo una misma lente: la necesidad del oficialismo municipal de contener el impacto político de un caso que no deja de sumar derivaciones y que continúa generando repercusiones tanto en la opinión pública como dentro de las propias estructuras del Estado.