La Municipalidad de Córdoba reconoció públicamente que existen falencias en sus mecanismos de control sobre el personal y anunció una batería de medidas destinadas a reforzar la supervisión de quienes integran la administración pública local. La decisión surge en medio del fuerte impacto político generado por el caso de Agostina Vega, una causa que puso bajo la lupa los vínculos entre empleados municipales y presuntas actividades delictivas.

El encargado de admitir la situación fue el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, quien reconoció que, si bien existen mecanismos de fiscalización, algunos de ellos no funcionaron de manera adecuada.

“Sí hay controles, pero en este punto en particular algunos controles han fallado”, afirmó el funcionario.

Sus declaraciones representan uno de los reconocimientos más explícitos realizados hasta ahora por la gestión del intendente Daniel Passerini, que en las últimas semanas se vio obligada a responder a una sucesión de escándalos que impactaron directamente sobre la estructura municipal.

Certificado de buena conducta cada seis meses

Como respuesta inmediata, la administración municipal resolvió profundizar los controles sobre el personal no solo al momento de ingresar al Estado, sino también durante su permanencia dentro de la planta.

La medida más significativa será la modificación de la periodicidad con la que se exige el certificado de buena conducta. Hasta ahora, el trámite debía renovarse cada cuatro años. Con el nuevo esquema, el documento deberá presentarse cada seis meses.

La decisión implica un endurecimiento considerable de los requisitos para los trabajadores municipales y busca reducir los márgenes de tiempo durante los cuales una situación judicial podría pasar inadvertida para las autoridades.

A ello se sumará otra medida de fuerte impacto: la ampliación de los narcotests y controles toxicológicos.

Hasta el momento, estas pruebas estaban reservadas principalmente para funcionarios políticos. Con la nueva disposición, alcanzarán a toda la planta municipal.

Según explicó Fernández, la intención es que cualquier persona que desempeñe funciones dentro del municipio quede alcanzada por los mismos estándares de control.

Mayor intercambio de información con la Justicia

Otro de los puntos que la gestión Passerini pretende fortalecer es la comunicación con el Poder Judicial.

La Municipalidad busca generar mecanismos más ágiles para tomar conocimiento de situaciones judiciales que involucren a empleados públicos.

La idea es que, cuando un trabajador municipal sea imputado o investigado por un delito, la información llegue con mayor rapidez a las autoridades municipales para evaluar medidas administrativas o disciplinarias.

El planteo deja en evidencia una de las principales debilidades que el Ejecutivo reconoce haber detectado: la dificultad para conocer en tiempo real situaciones ocurridas fuera del ámbito laboral que puedan comprometer la función pública.

El escándalo de las licencias apócrifas

Las declaraciones de Fernández también estuvieron vinculadas a otra investigación que sacude al municipio: las irregularidades detectadas en la Escuela Municipal de Tránsito.

La causa judicial tiene como principal imputado a un empleado identificado como Barrelier, acusado de participar en la emisión de licencias de conducir apócrifas.

De acuerdo con el funcionario, actualmente existen dos investigaciones en marcha:

• Una causa judicial iniciada el 13 de mayo.
• Una investigación administrativa interna destinada a determinar responsabilidades dentro de la estructura municipal.

El análisis alcanza a empleados de planta permanente, contratados y becarios que pudieron haber intervenido directa o indirectamente en las maniobras bajo investigación.

Mientras avanzan las actuaciones, la Municipalidad ya decidió remover a las autoridades de la Escuela de Tránsito y estudia una futura descentralización del sistema de emisión de licencias, aunque todavía no existen definiciones concretas sobre su implementación.

La defensa política de la gestión Passerini

Más allá de anunciar medidas correctivas, Fernández también buscó despegar a la actual administración de las irregularidades que hoy se investigan.

En ese sentido, aportó un dato que considera clave para contextualizar el problema: de los 119 expedientes administrativos actualmente activos, 91 fueron iniciados entre 2003 y 2007, durante la gestión municipal encabezada por Luis Juez.

La referencia no parece casual. En un contexto donde la oposición apunta a responsabilidades políticas actuales, el oficialismo intenta instalar la idea de que gran parte de las problemáticas investigadas tienen origen en estructuras heredadas de administraciones anteriores.

Fernández también defendió la política de recursos humanos aplicada durante los gobiernos de Martín Llaryora y Passerini.

Según sostuvo, en 2019 la Municipalidad contaba con aproximadamente 11.000 empleados de planta permanente, mientras que actualmente la cifra ronda los 8.200. Además, aseguró que desde la llegada de Llaryora al Palacio 6 de Julio no se produjo el pase a planta permanente de nuevos trabajadores.

Un reconocimiento inusual en medio de una crisis

La admisión pública de fallas en los controles internos marca un punto de inflexión para la gestión municipal. Durante años, distintos gobiernos locales defendieron la eficacia de los mecanismos administrativos de supervisión. Sin embargo, la acumulación de causas judiciales, denuncias y episodios vinculados a empleados municipales terminó obligando al Ejecutivo a reconocer que existen debilidades estructurales.

La estrategia oficial apunta ahora a mostrar capacidad de reacción y fortalecer los controles antes de que nuevos casos profundicen el desgaste político. No obstante, el desafío será demostrar que las medidas anunciadas no quedan únicamente en declaraciones y que logran traducirse en resultados concretos.

Porque si algo dejó expuesto la crisis de las últimas semanas es que los controles existen sobre el papel, pero la verdadera discusión pasa por su efectividad. Y es precisamente allí donde la propia Municipalidad acaba de admitir que el sistema mostró grietas difíciles de ignorar.