La Cámara de Diputados le dio este miércoles media sanción al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría y reducir subsidios al gas en buena parte del país, en una votación que dejó expuesta tanto la nueva lógica de negociación parlamentaria del oficialismo como la creciente tensión política alrededor del ajuste energético.
La iniciativa fue aprobada con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, luego de una jornada atravesada por negociaciones de último momento entre la Casa Rosada, gobernadores y bloques provinciales. Para el Gobierno nacional, se trata de uno de los triunfos legislativos más importantes del año porque consolida uno de los ejes centrales del programa económico libertario: la reducción del gasto público mediante el recorte de subsidios económicos.
Según estimaciones oficiales, la reforma permitiría un ahorro fiscal superior a los 272 mil millones de pesos y representa un nuevo avance dentro del esquema de recomposición tarifaria que la administración libertaria viene ejecutando desde el inicio de la gestión.
Córdoba volvió a dividirse frente al ajuste libertario
La votación de los diputados cordobeses se dio prácticamente en línea con lo anticipado en las horas previas al debate. Los legisladores Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Carolina Basualdo y Alejandra Torres no dieron quórum y luego votaron en contra del proyecto, alineándose con la postura crítica que había expresado previamente el gobernador Martín Llaryora.
También rechazaron la iniciativa Gabriela Estévez, de Unión por la Patria, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.
Del otro lado, los diez diputados libertarios acompañaron sin fisuras el proyecto enviado por la Casa Rosada, reforzando el respaldo político al plan de ajuste impulsado por el oficialismo nacional.
La única ausencia fue la del ex gobernador Juan Schiaretti, quien se encuentra de viaje en el exterior.
La votación dejó nuevamente en evidencia la fractura política que genera en Córdoba la discusión sobre subsidios y tarifas, especialmente después de que el propio Llaryora advirtiera días atrás que la eliminación de beneficios perjudicaría directamente a miles de familias cordobesas en un contexto económico todavía complejo.
Qué cambia con la reforma de Zona Fría
El proyecto aprobado elimina gran parte de la ampliación del régimen sancionada en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández y devuelve el esquema prácticamente a su diseño original.
De esta manera, las regiones históricamente alcanzadas por el beneficio —como la Patagonia, Malargüe y zonas de la Puna— seguirán manteniendo subsidios permanentes, mientras que millones de usuarios incorporados durante la ampliación de los últimos años perderán parte de las bonificaciones tarifarias.
Desde el oficialismo argumentan que la reforma busca corregir una “distorsión fiscal” generada por la expansión del universo subsidiado. Según datos del Gobierno nacional, el régimen original alcanzaba a unos 950 mil hogares, pero tras la ampliación de 2021 el beneficio se extendió a más de 4 millones de usuarios en todo el país.
La Casa Rosada sostiene que buena parte de esos subsidios terminaban llegando a sectores que no necesitaban asistencia estatal y que el esquema energético heredado se había vuelto fiscalmente insostenible.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron el impacto social de la medida y advirtieron que el recorte podría traducirse en un aumento significativo de tarifas residenciales en provincias incorporadas recientemente al régimen.
La negociación con el norte y el nacimiento de la “Zona Cálida”
El oficialismo logró destrabar la votación apenas horas antes de la sesión tras alcanzar acuerdos con gobernadores y legisladores del norte argentino, una región donde existían fuertes resistencias al proyecto.
La llave política apareció con la creación de un nuevo esquema denominado “Zona Cálida”, pensado para provincias que registran altos consumos eléctricos por temperaturas extremas durante gran parte del año.
A través de ese mecanismo compensatorio, el Gobierno ofreció alternativas energéticas para amortiguar el impacto del recorte de subsidios al gas, lo que permitió sumar apoyos decisivos para alcanzar la media sanción.
La maniobra volvió a mostrar el método parlamentario que viene utilizando el oficialismo libertario: negociaciones caso por caso, acuerdos sectoriales y alianzas circunstanciales para sostener el programa económico sin contar con mayorías propias sólidas en el Congreso.
El debate de fondo: ajuste fiscal versus impacto social
Más allá de la victoria legislativa, la discusión por Zona Fría volvió a exponer uno de los debates más sensibles del actual escenario económico argentino: hasta dónde puede avanzar el Gobierno con la reducción de subsidios sin profundizar el deterioro social.
La reforma se suma a una serie de medidas adoptadas por la gestión de Milei desde diciembre, entre ellas los aumentos en electricidad, combustibles y transporte público, todas orientadas a reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas.
Mientras el oficialismo insiste en que el ordenamiento fiscal es imprescindible para estabilizar la economía, distintos sectores opositores advierten que el ajuste tarifario podría impactar de lleno sobre hogares de clase media y trabajadores que ya enfrentan una fuerte caída del poder adquisitivo.
La preocupación crece especialmente de cara al invierno, en un contexto donde el consumo continúa deprimido, los salarios siguen perdiendo frente a la inflación y amplios sectores sociales muestran crecientes dificultades para afrontar servicios básicos.
En ese escenario, la aprobación de la reforma no sólo representa una victoria parlamentaria para Milei. También anticipa que la discusión sobre subsidios, tarifas y costo social del ajuste seguirá ocupando el centro de la agenda política durante los próximos meses.