El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba aprobó este jueves la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, en un acuerdo que regirá hasta diciembre de 2026 y que contempla aumentos cercanos al 40%, sumas no remunerativas, cláusula gatillo por inflación y medidas vinculadas al endeudamiento de trabajadores y jubilados con el Banco de Córdoba.

La aceptación se definió durante un plenario de delegados realizado en la sede gremial de calle Corro al 269, encabezado por el secretario general del sindicato, Sergio Castro. De esta manera, el principal gremio de empleados públicos provinciales cerró una negociación clave para la administración de Martín Llaryora, en un contexto económico marcado por la inflación persistente y la pérdida del poder adquisitivo.

Cómo será el aumento salarial

Según lo acordado, los trabajadores estatales percibirán una suma fija no remunerativa de $175.000 correspondiente a abril y otra de $235.000 en mayo. A partir de junio comenzará a aplicarse una cláusula gatillo atada a la inflación, tomando como referencia el índice elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia.

El mecanismo busca evitar un mayor deterioro salarial frente a la suba de precios, una demanda que venía siendo planteada por distintos sectores de la administración pública provincial. La inclusión de actualizaciones automáticas aparece como uno de los puntos centrales del entendimiento entre el SEP y el Ejecutivo cordobés.

Aunque desde el gremio destacaron que el esquema permitirá recuperar parte de lo perdido frente a la inflación, en algunos sectores persisten dudas respecto al impacto real que tendrán las sumas no remunerativas sobre el salario de bolsillo y las futuras jubilaciones.

Impacto en el sector de salud

Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es la implementación de la Ley de Equipos de Salud, sancionada hace tres años pero cuya aplicación permanecía pendiente en distintos ámbitos de la administración pública.

La normativa impactará especialmente en los salarios del personal sanitario, uno de los sectores que venía reclamando mejoras específicas por las condiciones laborales y la sobrecarga estructural que atraviesa el sistema de salud provincial desde la pandemia.

Desde el SEP señalaron que este punto representa un avance histórico para los trabajadores de hospitales y centros de atención, aunque admiten que aún quedan discusiones abiertas sobre categorías, recategorizaciones y reconocimiento de funciones.

Deudas con el Bancor y plan de alivio financiero

Uno de los capítulos más sensibles de la negociación estuvo relacionado con el fuerte nivel de endeudamiento de empleados públicos y jubilados con el Banco de Córdoba.

En ese marco, la Provincia asumió el compromiso de intervenir para evitar que determinados descuentos afecten conceptos sensibles como las asignaciones familiares y las cuotas alimentarias. La situación había generado preocupación en distintos sectores sindicales debido al creciente peso de los créditos personales sobre los ingresos mensuales.

Además, durante mayo se pondrá en marcha un Plan de Alivio Financiero destinado a reducir la carga de las deudas que mantienen trabajadores activos y jubilados con la entidad bancaria provincial.

La medida aparece como un reconocimiento implícito de una problemática que se profundizó en los últimos años: el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento para sostener gastos cotidianos en medio de la caída del poder adquisitivo.

Qué pasará con los jubilados

En paralelo, el acuerdo contempla un incremento fijo de $46.000 para los jubilados públicos provinciales, según confirmó oficialmente el SEP.

El sector pasivo había manifestado reiteradamente su preocupación por la evolución de los haberes frente al aumento del costo de vida, especialmente en rubros sensibles como medicamentos, servicios y alimentos.

Con este cierre paritario, el Gobierno provincial logra desactivar momentáneamente uno de los focos de conflicto sindical más importantes de la administración pública cordobesa. Sin embargo, el verdadero impacto del acuerdo comenzará a medirse en los próximos meses, cuando la inflación y la evolución de la actividad económica determinen si la actualización salarial alcanza para sostener el ingreso real de los trabajadores estatales.