El bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba decidió profundizar su perfil opositor y abrir una nueva etapa de confrontación política con la gestión del intendente Daniel Passerini. Con una agenda enfocada en tres temas sensibles para el Palacio 6 de Julio —la Guardia Urbana, la regulación de los cuidacoches y el traspaso del alumbrado público a EPEC— el radicalismo busca instalar debates incómodos para el oficialismo y capitalizar el malestar social en áreas clave de la administración municipal.

La avanzada opositora se da en un contexto donde la gestión municipal intenta consolidar su esquema político y administrativo, mientras enfrenta crecientes cuestionamientos por seguridad urbana, ordenamiento del espacio público y prestación de servicios.

El Concejo, escenario de una nueva pulseada política

La señal más reciente del endurecimiento radical se observó este martes, cuando la comisión de Servicios Públicos —determinante para tratar la futura regulación de los denominados “naranjitas”— no logró reunirse pese a la urgencia legislativa del tema.

El cuerpo deliberativo dispone de un plazo de 30 días para avanzar en una ordenanza que regule la actividad de los cuidacoches en la capital cordobesa, una problemática que se volvió central por las reiteradas denuncias vecinales, episodios de violencia y reclamos de comerciantes y automovilistas.

Finalmente, la convocatoria fue reprogramada para el jueves por la tarde, aunque en medio de un cronograma cruzado por otra actividad sensible: una visita de concejales a la base operativa de la Guardia Urbana. Esa recorrida, según trascendió, podría postergarse.

Detrás de esos movimientos administrativos se esconde una disputa política más profunda: la oposición busca marcar el ritmo del debate público y condicionar la narrativa oficialista sobre gestión y control urbano.

Guardia Urbana: De Loredo escala el conflicto

Uno de los puntos más calientes es la continuidad de la Guardia Urbana Municipal, un dispositivo impulsado por el municipio como herramienta de prevención, presencia territorial y apoyo en tareas de convivencia ciudadana.

El exdiputado nacional Rodrigo de Loredo reactivó el tema con un video en el que cuestionó duramente el funcionamiento del cuerpo y propuso directamente su eliminación.

“La Guardia Urbana expresa una lógica de marketing y no de resultados”, lanzó el dirigente radical, en una crítica que apunta al corazón comunicacional del passerinismo.

De Loredo también puso bajo la lupa el costo operativo del sistema y la falta de herramientas concretas para intervenir frente al delito, en momentos donde la inseguridad figura entre las principales preocupaciones ciudadanas.

Lejos de quedar en una declaración mediática, la ofensiva se tradujo en el plano institucional. El bloque radical presentó un proyecto de ordenanza para derogar el marco normativo que sostiene a la fuerza municipal.

La iniciativa lleva la firma de los ocho concejales radicales encabezados por Elisa Caffaratti, con el respaldo de Soher El Sukaria y acompañamiento del Frente Cívico.

Desde la bancada opositora, Caffaratti fue contundente: “Impulsamos la derogación del decreto de creación porque el desempeño está a la vista”.

La frase resume el posicionamiento radical: mostrar a la Guardia Urbana como una estructura costosa, de baja eficacia y diseñada más para la imagen que para resolver problemas reales.

Naranjitas: una discusión urgente que desplaza otros debates

Sin embargo, el foco inmediato se trasladó hacia otro conflicto de alto impacto ciudadano: los cuidacoches.

La regulación de los “naranjitas” se convirtió en prioridad política tras años de convivencia conflictiva entre el municipio y un sistema informal que creció sin controles claros.

El radicalismo busca aprovechar esa discusión para exhibir al oficialismo como reactivo y tardío frente a un problema estructural. La demora en la comisión legislativa refuerza ese argumento.

En el corto plazo, todo indica que este debate desplazará temporalmente la pelea por la Guardia Urbana, aunque ambos temas comparten un mismo eje: el control del espacio público y la capacidad del municipio para garantizar orden.

Alumbrado público: EPEC entra en escena y crecen las sospechas

El tercer frente abierto por la UCR apunta al anuncio conjunto entre el gobernador Martín Llaryora y el intendente Passerini sobre la reconversión integral del alumbrado público.

El plan prevé una inversión de $37.500 millones, con ejecución en 25 meses y participación central de EPEC.

Más allá del anuncio de modernización tecnológica, la oposición puso la lupa sobre la “letra chica” del acuerdo: por primera vez, la empresa provincial asumiría un rol determinante en un servicio históricamente administrado por la Municipalidad.

Para el radicalismo, el traspaso genera dudas institucionales, laborales y presupuestarias.

Caffaratti reclamó precisiones sobre el destino de alrededor de 100 trabajadores municipales del área de alumbrado público.

“No se informó qué va a pasar con el personal”, señalaron desde la bancada opositora.

Además, remarcan el silencio del SUOEM, el poderoso sindicato de municipales, que hasta ahora evitó fijar postura pública sobre una medida que podría modificar estructuras internas y áreas sensibles del municipio.

Una oposición que busca centralidad

Con estos tres ejes, la UCR intenta recuperar protagonismo político en la capital cordobesa y consolidar al Concejo Deliberante como escenario principal de desgaste para la gestión Passerini.

La estrategia también dialoga con el posicionamiento de Rodrigo de Loredo de cara al futuro electoral: confrontar con el oficialismo municipal, exhibir falencias de gestión y presentarse como alternativa.

Para Passerini, el desafío será doble. No solo deberá responder a cuestionamientos concretos sobre seguridad urbana, cuidacoches y servicios públicos, sino también evitar que la oposición logre instalar la idea de una administración sin reflejos ante los problemas cotidianos.

En el Palacio 6 de Julio saben que no se trata solo de tres debates técnicos. Lo que está en juego es el control del clima político en la ciudad más importante de Córdoba.