Fuerte presión política desde el interior provincial por la crisis sanitaria que afecta a afiliados y obliga a municipios a cubrir prestaciones con fondos propios

En una demostración de fuerza política poco habitual, más de 150 intendentes y jefes comunales de toda la provincia de Córdoba presentaron una nota formal ante la Jefatura de la Delegación Córdoba del PAMI para exigir respuestas urgentes frente a una situación que califican como crítica y que, aseguran, pone en riesgo la atención médica de miles de jubilados en el interior provincial.

El documento, fechado el 22 de abril de 2026, plantea una batería de reclamos vinculados a deudas acumuladas, falta de cobertura sanitaria, demoras en pagos a prestadores y severas deficiencias en el sistema de ambulancias. La presentación deja expuesto un creciente malestar institucional que atraviesa a municipios de distinto signo político, todos unidos por un mismo diagnóstico: el sistema está funcionando gracias al esfuerzo económico de las comunas.

Municipios sosteniendo obligaciones nacionales

El punto central del reclamo gira en torno a los gastos que vienen afrontando los gobiernos locales para mantener prestaciones que deberían estar cubiertas por la obra social nacional.

Según expresaron los intendentes, hospitales municipales, dispensarios y centros de atención primaria continúan recibiendo y atendiendo afiliados al PAMI desde hace meses sin recibir los pagos correspondientes.

“Esta situación obliga a los gobiernos locales a destinar recursos propios para cubrir obligaciones que corresponden a la obra social”, remarcaron en la nota.

La advertencia no es menor. En muchas localidades del interior, el sistema sanitario municipal es la primera y muchas veces única respuesta inmediata para los adultos mayores. Eso significa que, ante la falta de reintegros, los municipios terminan desviando partidas originalmente destinadas a obras públicas, servicios urbanos, desarrollo social o mantenimiento general.

El drama de las ambulancias en el interior

Otro de los ejes más sensibles del planteo apunta al sistema de emergencias y traslados.

Los jefes comunales denuncian que las empresas privadas contratadas por PAMI presentan limitaciones operativas, tiempos de respuesta excesivos y escasa presencia en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Esa situación obliga a las municipalidades a utilizar ambulancias propias, personal local y combustible financiado por las arcas municipales para resolver emergencias que deberían estar cubiertas por el esquema prestacional nacional.

En términos concretos, los intendentes advierten que no se trata solo de un problema administrativo: sostienen que la demora en los traslados puede comprometer la vida de los pacientes.

Farmacias, clínicas y tratamientos bajo presión

El reclamo también incluye la situación de prestadores privados, clínicas y farmacias, que vienen registrando atrasos en los pagos y dificultades operativas.

Según señalan los mandatarios, esto genera un deterioro visible en la calidad de atención, afecta la continuidad de tratamientos y complica el acceso a medicamentos, especialmente en localidades donde la oferta sanitaria es reducida.

En muchos pueblos del interior, la farmacia local o un pequeño sanatorio privado son piezas esenciales del sistema. Cuando esos actores dejan de cobrar, el impacto recae directamente sobre jubilados y pensionados.

Cinco exigencias urgentes al PAMI

En la nota elevada a la delegación Córdoba, los firmantes solicitaron medidas inmediatas:

• Regularización de la deuda acumulada con los municipios.
• Definición de un cronograma de pagos previsible.
• Revisión integral del sistema de ambulancias y emergencias.
• Normalización de pagos a prestadores privados y farmacias.
• Creación de una mesa de trabajo permanente entre PAMI y municipios del interior.

El texto concluye con una advertencia clara: si no hay respuestas rápidas, continuará el deterioro de las prestaciones que reciben miles de jubilados cordobeses.

Reclamo transversal y mensaje político

Uno de los datos más relevantes de la presentación es su amplitud territorial y política. Entre los firmantes aparecen intendentes de ciudades importantes como San Francisco, Villa María, Río Cuarto, Alta Gracia, Cosquín, Unquillo y numerosas comunas pequeñas y medianas.

La señal es potente: no se trata de un conflicto aislado ni de una disputa partidaria puntual. Es una reacción coordinada del interior cordobés frente a un esquema que consideran insostenible.

Además, el reclamo se produce en un contexto nacional de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, donde varias áreas sensibles vienen mostrando tensiones crecientes. En Córdoba, ahora el foco se posa sobre PAMI y el impacto concreto que las demoras administrativas tienen en jubilados y municipios.

Jubilados en el medio de una pelea de recursos

Mientras se multiplican los reclamos institucionales, quienes quedan en el centro del problema son los adultos mayores: pacientes que dependen de medicamentos, controles médicos, traslados y tratamientos permanentes.

La advertencia de los intendentes resume el cuadro actual: los municipios siguen respondiendo por compromiso social, pero sostener indefinidamente responsabilidades nacionales con fondos locales parece cada vez menos viable. Si no aparecen soluciones, el conflicto podría escalar en los próximos días.