Después de más de dos meses de tensión, negociaciones desgastantes y protestas crecientes, el Gobierno de Córdoba logró finalmente cerrar el conflicto con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). En el Centro Cívico respiraron aliviados. La gestión de Martín Llaryora consiguió neutralizar el foco más sensible del mapa gremial, pero la calma está lejos de consolidarse. El cierre docente no significó el final de la crisis: apenas abrió la puerta a una nueva etapa de conflictos estatales que ya comienzan a tomar forma.

Quien quedó en el centro de esta ingeniería política es el secretario general de la Gobernación, David Consalvi. Con la paritaria docente resuelta, el funcionario puede tomar aire, aunque no para descansar. El escenario que se abre es incluso más complejo: múltiples sindicatos en alerta, reclamos previsionales activos y tensiones internas en varios gremios que el oficialismo deberá administrar con precisión para evitar una escalada generalizada.

El conflicto docente terminó, pero dejó desgaste

La negociación con UEPC absorbió durante semanas toda la energía política del Panal. Fue una pulseada extensa, con asambleas calientes, rechazo de bases y una dirigencia sindical cuestionada por amplios sectores docentes. El acuerdo final permitió al Gobierno descomprimir una situación que amenazaba con complicar el calendario escolar y erosionar la imagen oficial.

Sin embargo, mientras la atención pública estaba puesta en los docentes, otros frentes comenzaron a recalentar motores.

El SEP en alerta y el desafío de negociar sin romper equilibrios

Uno de los principales focos es el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que ya declaró el estado de alerta ante la demora en la actualización salarial. Históricamente, el SEP no ha sido un gremio de confrontación abierta con el poder político, y justamente allí radica la dificultad para la Provincia.

El oficialismo necesita acordar con el SEP sin debilitar a una conducción sindical que le garantiza gobernabilidad. Una negociación mal manejada podría alterar equilibrios internos y abrir espacio a sectores disidentes que vienen creciendo silenciosamente.

Dentro del sindicato existen áreas especialmente sensibles, como los trabajadores de Salud. Muchos no se sienten contenidos por la estructura tradicional del SEP y se referencian en la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) o en asambleas hospitalarias surgidas durante la pandemia, que todavía conservan capacidad de movilización.

El antecedente que dejó heridas abiertas

La memoria gremial conserva un episodio clave. En diciembre de 2022, el entonces gobernador Juan Schiaretti otorgó por decreto mejoras salariales al personal de Salud tras un extenso conflicto y habilitó como interlocutores directos a sectores autoconvocados.

Aquella decisión fue leída como una “puenteada” al SEP y dejó heridas en la conducción sindical. En el actual contexto, repetir una maniobra similar podría reactivar tensiones que el Gobierno preferiría mantener dormidas.

Salarios deteriorados y malestar creciente

El telón de fondo de todos estos conflictos es económico. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, los salarios estatales sufrieron una fuerte pérdida frente a la inflación y quedaron más rezagados respecto del sector privado registrado.

Ese deterioro alimenta un fenómeno que preocupa tanto al Gobierno como a las dirigencias sindicales tradicionales: el crecimiento de autoconvocados, agrupaciones independientes y sectores de izquierda que ganan influencia donde las estructuras clásicas no logran contener el descontento.

Cuando el sueldo no alcanza, la paciencia se reduce. Y Córdoba no escapa a esa lógica.

Judiciales: la tregua se rompió

Otro frente delicado es el de los trabajadores judiciales. El acuerdo alcanzado el año pasado entre el Gobierno provincial —formalmente con intervención del Tribunal Superior de Justicia— prometía una tregua de tres años mediante un cronograma de recomposición salarial para acercar los haberes provinciales a los federales.

Ese esquema venía funcionando, hasta que la reforma previsional impulsada por Llaryora alteró el escenario.

El aumento de aportes impactó directamente en el salario de bolsillo y rompió una ecuación que sostenía la paz gremial. Desde entonces, el sindicato volvió al plan de lucha, con paros y nuevas medidas de fuerza.

Para esta jornada se anunció retiro anticipado desde las 10 de la mañana y asambleas en toda la provincia. Además, la próxima semana se prevé un paro de 36 horas con movilización y concentración frente a Tribunales I.

La reforma previsional, eje del nuevo conflicto

La denominada “Ley de Equidad Jubilatoria” se convirtió en el punto de unión de numerosos sindicatos estatales que, más allá de sus diferencias, coinciden en rechazar el incremento de aportes dispuesto por la Provincia.

La expresión visible de ese malestar es la carpa blanca instalada en Plaza Vélez Sarsfield, convertida en símbolo de resistencia gremial frente a la reforma.

Participan de ese espacio el SEP, Legislativos, UEPC, Casinos, SUOEM, Gráficos, ADEME, Luz y Fuerza, SIVIALCO, Músicos, UPS, Judiciales, Federación de Municipales, AMET, APSE, la Asociación Bancaria y SADOP, entre otros.

Llaryora gana una batalla, pero no la guerra sindical

En términos políticos, el Gobierno provincial consiguió una victoria táctica al cerrar el conflicto docente. Pero estratégicamente, el problema de fondo continúa intacto: salarios atrasados, sindicatos tensionados y una reforma previsional que unificó reclamos dispersos.

El desafío para Llaryora y su equipo será administrar cada negociación sin convertir un conflicto sectorial en una protesta generalizada. Porque si algo dejó en claro la crisis docente es que, cuando el malestar se acumula, ninguna estructura gremial garantiza por sí sola la paz social.

El Panal logró apagar un incendio. Ahora deberá evitar que se enciendan varios al mismo tiempo.