El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inauguró un nuevo año legislativo con un discurso cargado de promesas y autocomplacencia, pero alejado de la realidad que viven los cordobeses. En su intervención, aseguró que su gestión prioriza el crecimiento, la reducción de la presión fiscal y la defensa de los intereses de la provincia frente a la Nación. Sin embargo, las medidas adoptadas por su gobierno distan mucho de esas palabras y revelan una serie de contradicciones que han sido duramente cuestionadas desde la oposición.

El impuestazo disfrazado de alivio fiscal

Uno de los puntos más criticados de su gestión ha sido el descomunal aumento impositivo que afecta a los cordobeses. Mientras Llaryora habla de «alivio fiscal», los contribuyentes enfrentan subas que alcanzan hasta un 2000% en algunos casos, impactando de manera directa en la economía de los hogares y las pymes. Esta política tributaria contradice su discurso de una provincia que «no presiona impositivamente» y pone en evidencia el desfasaje entre la narrativa oficial y la realidad.

Leyes urgentes que nunca fueron prioridad

El gobernador también afirmó que envió leyes «urgentes» a la Legislatura para su tratamiento. Sin embargo, lo primero que envió fue el Presupuesto 2025, una normativa clave que fue debatida a contrarreloj, sin el tiempo suficiente para un análisis profundo. Esta estrategia legislativa parece responder más a una necesidad de cumplir con formalismos que a un verdadero interés por generar políticas públicas que mejoren la vida de los ciudadanos.

La crisis que los cordobeses sí sintieron

Llaryora también aseguró que los cordobeses no sintieron la crisis del 2024. Una afirmación que choca de frente con la realidad de docentes, profesionales de la salud, jubilados y empleados públicos, quienes han sufrido una brutal pérdida de poder adquisitivo y un recorte alarmante en su calidad de vida. La inflación y la falta de actualización salarial han deteriorado sus ingresos, mientras el gobierno provincial se muestra ajeno a sus reclamos.

Seguridad: un problema en aumento

Otro de los puntos más polémicos del discurso de Llaryora fue su afirmación de que la seguridad ha mejorado gracias a la ley sancionada en el período anterior. Sin embargo, la percepción de los vecinos es diametralmente opuesta. El narcotráfico sigue avanzando, los robos son moneda corriente y las guardias locales, lejos de ser una solución, representan una nueva carga financiera para los municipios. La falta de una política de seguridad integral sigue siendo una deuda pendiente.

El olvido de la vivienda

En su discurso, el gobernador omitió mencionar un plan de viviendas que atienda las necesidades de los sectores más vulnerables. La solución habitacional no puede quedar reducida a los créditos del Bancor, que no están al alcance de todos. La provincia debe asumir un rol activo en la construcción de viviendas sociales, algo que hasta el momento no figura en la agenda del oficialismo.

Las palabras de Llaryora pueden sonar esperanzadoras, pero la realidad se impone con crudeza. La provincia necesita menos discursos grandilocuentes y más respuestas concretas para los problemas que aquejan a los cordobeses.