El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó el norte provincial y declaró que para él «los vecinos no son un número». Sin embargo, para los ciudadanos, el «sí» es un número, y uno que crece de manera alarmante: el impacto de los impuestazos implementados por su administración alcanza en algunos casos aumentos del 800% o más, generando una situación asfixiante para las economías familiares y el sector productivo.

El legislador provincial Miguel O. Nicolás, del bloque de la UCR, se hizo eco del malestar ciudadano y criticó con dureza las políticas de Llaryora en distintos ámbitos:

Un esquema impositivo confiscatorio

La carga tributaria en Córdoba ha alcanzado niveles insostenibles para amplios sectores de la sociedad. Lejos de aliviar la situación de los contribuyentes en un contexto de crisis económica nacional, el gobierno provincial ha profundizado los aumentos en impuestos y tasas, lo que ha generado un fuerte impacto en los bolsillos de los ciudadanos y en la competitividad de las pymes y comercios locales.

Inseguridad descontrolada y sin respuestas

Otro de los puntos críticos en la gestión de Llaryora es la falta de acción frente a la creciente ola de delitos que azota la provincia. A pesar de los discursos oficiales, las medidas concretas para combatir la delincuencia siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, los vecinos padecen día a día la sensación de desprotección, con hechos delictivos que van en aumento y un sistema de seguridad que no da respuestas.

Promesas reiteradas, obras que no se concretan

El gobernador ha hecho de los anuncios una constante de su administración. Sin embargo, muchas de las iniciativas presentadas con bombos y platillos nunca llegan a materializarse. Infraestructura, salud, educación y transporte son áreas en las que el oficialismo insiste con proyectos ambiciosos que, al final del día, quedan en meras promesas.

Salarios y jubilaciones por debajo de la pobreza

El panorama económico para los trabajadores y jubilados cordobeses es cada vez más preocupante. A pesar de los reiterados reclamos, la administración Llaryora no ha dado señales de querer revertir la pérdida de poder adquisitivo de estos sectores. Tanto los sueldos de los empleados estatales como las jubilaciones provinciales continúan por debajo de la línea de pobreza, lo que agrava la situación social en toda la provincia.

Un modelo que ahoga a los cordobeses

Mientras Llaryora busca posicionarse políticamente a nivel nacional, su gestión en la provincia enfrenta cuestionamientos cada vez más severos. La combinación de impuestazos, falta de seguridad, anuncios incumplidos y deterioro del poder adquisitivo deja en evidencia un modelo que está lejos de representar las necesidades de la mayoría de los cordobeses.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿seguirá el gobernador apostando a la propaganda y la improvisación, o finalmente tomará medidas concretas para revertir esta situación?