Tras dos jornadas en las que el oficialismo logró exhibir capacidad de gestión durante la visita del papa León XIV, el asesinato de un repartidor de Rappi reabrió el debate sobre la seguridad en Córdoba. El ministro Juan Pablo Quinteros enfrenta el desgaste de una de las áreas más sensibles de la administración y, en paralelo, aparecen especulaciones sobre su futuro político de cara a 2027.

El Gobierno de Martín Llaryora venía de atravesar dos jornadas que le permitieron mostrar capacidad de gestión, organización y articulación institucional durante la histórica visita del papa León XIV a Córdoba. La magnitud del acontecimiento, su repercusión nacional y el despliegue de las distintas áreas del Estado habían dejado un saldo político favorable para el oficialismo. Sin embargo, apenas terminado el evento, la agenda pública volvió a colocar sobre la mesa uno de los problemas que más preocupan a los cordobeses: la inseguridad.
El asesinato de un repartidor de Rappi sacudió a la ciudad y reactivó los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Estado frente al delito. El episodio volvió a poner en discusión una problemática que no se limita a los homicidios, sino que atraviesa la vida cotidiana de numerosos barrios, donde los robos, los hechos de violencia y el temor a circular forman parte de las preocupaciones permanentes de los vecinos.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial y también desde el Gobierno nacional suelen destacar los indicadores que ubican a Córdoba entre las jurisdicciones con bajas tasas de homicidios. Sin embargo, ese diagnóstico estadístico no alcanza para cerrar la discusión. La percepción de inseguridad se construye también a partir de los delitos cotidianos, de las situaciones que se repiten en determinadas zonas y de la sensación de desprotección que experimentan quienes conviven diariamente con esas situaciones.
Allí aparece una de las principales dificultades para la gestión: la distancia entre los números que exhiben las autoridades y las experiencias que relatan los vecinos. En distintos sectores de la ciudad se multiplican las denuncias por hechos recurrentes, la identificación de zonas conflictivas y hasta los señalamientos sobre personas que, según los propios habitantes, estarían vinculadas con episodios delictivos. La persistencia de esos reclamos y la falta de respuestas que los vecinos consideren efectivas constituyen una cuenta pendiente para el Estado.
En ese escenario, Juan Pablo Quinteros vuelve a quedar bajo los reflectores. El ministro conduce una de las áreas más sensibles de la administración de Llaryora, donde los resultados se evalúan prácticamente a diario y donde cada episodio de gravedad puede reabrir el debate sobre las políticas implementadas, los recursos disponibles y la capacidad de prevención y reacción de las fuerzas de seguridad.
Quinteros construyó un perfil de alta exposición pública, con presencia territorial, declaraciones frecuentes y una estrategia de comunicación que lo convirtió en uno de los funcionarios más visibles del gabinete provincial. Esa exposición le permite instalar su agenda y defender la gestión, pero también lo deja en una posición particularmente vulnerable frente a los hechos que vuelven a poner en cuestión la política de seguridad.
La discusión, además, empieza a cruzarse con el escenario electoral de 2027. El nombre del ministro aparece en las especulaciones sobre el armado del peronismo para Córdoba Capital y su eventual candidatura a intendente. No obstante, la seguridad tiene una particularidad: difícilmente permita separar la construcción política de un funcionario de los resultados de la cartera que conduce. Cada episodio de violencia impacta sobre su imagen y condiciona cualquier proyección electoral.
El asesinato del repartidor también abrió un nuevo capítulo de confrontación con la oposición. El senador nacional Luis Juez aprovechó el episodio para cuestionar la situación que atraviesan distintos barrios de Córdoba y apuntó contra las dificultades para garantizar condiciones de seguridad en determinados sectores de la ciudad.
En su intervención, Juez también planteó que Quinteros termina concentrando buena parte del desgaste de una problemática que, a su entender, excede las responsabilidades de un ministerio y compromete al conjunto de la administración provincial. De esa manera, el cuestionamiento dejó de apuntar exclusivamente al desempeño del titular de Seguridad para alcanzar también las decisiones y prioridades del Gobierno de Llaryora.
El senador fue más allá cuando se refirió a las versiones sobre el futuro electoral del ministro. Sostuvo que el peronismo no permitirá que un dirigente ajeno a su estructura sea el candidato a intendente para disputar el Palacio 6 de Julio. En ese contexto, arriesgó otra posibilidad: consideró que Quinteros podría terminar ocupando la candidatura a vicegobernador en una eventual fórmula encabezada por Llaryora.
La lectura de Juez introduce una variable adicional en las especulaciones sobre el armado oficialista, aunque él mismo aclaró que todavía falta mucho para esas definiciones. Por ahora, la prioridad de Quinteros sigue estando en una gestión que no ofrece demasiado margen para distracciones políticas.
La visita papal había permitido al oficialismo exhibir coordinación, capacidad organizativa y presencia estatal en un acontecimiento de enorme trascendencia. Pero el crimen del repartidor devolvió la discusión a un terreno mucho más cotidiano y difícil de administrar. La seguridad no se define en dos jornadas excepcionales ni se resuelve con indicadores generales: se pone a prueba todos los días, en cada barrio y frente a cada vecino que reclama respuestas.
Para Llaryora, el desafío consiste en sostener el saldo político favorable que dejó la visita de León XIV sin que los problemas estructurales de la provincia vuelvan a imponerse sobre la agenda. Para Quinteros, en cambio, el reto es todavía más directo: demostrar que la visibilidad pública y la construcción de un perfil político pueden ir acompañadas de resultados concretos en una de las áreas donde la sociedad tiene menos paciencia y más demandas.
