El gobernador exige un trato igualitario para las provincias, pero no aplica el mismo criterio en la distribución de recursos entre los municipios cordobeses.

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La contradicción de Martín Llaryora queda expuesta cuando reclama ante el Gobierno nacional un reparto más justo de los recursos, mientras en Córdoba sostiene una política de distribución que favorece a determinadas administraciones.

El planteo al Gobierno nacional es legítimo. Pero también debería aplicarlo en su propia provincia: los fondos de coparticipación y la asistencia financiera deben llegar a todos los municipios con criterios objetivos, sin distinciones partidarias.

La ciudad de Córdoba es el ejemplo más evidente. Llaryora cogobierna con Daniel Passerini y destina miles de millones de pesos para asistir a una Municipalidad que atraviesa serias dificultades financieras. Una ayuda que, más allá de las necesidades de los vecinos, también busca evitar que el costo de una gestión deficiente recaiga sobre el oficialismo.

Mientras tanto, numerosas intendencias del interior deben afrontar sus obligaciones con recursos más limitados, sin recibir una respuesta equivalente de la Provincia. La diferencia no parece responder únicamente a las necesidades de cada localidad, sino también al peso político y electoral que representa la Capital.

Los recursos públicos pertenecen a todos los cordobeses. No son una herramienta para sostener aliados ni una caja para administrar conveniencias electorales.

Llaryora no puede reclamar federalismo en Buenos Aires y olvidarse de practicarlo en Córdoba. La igualdad que exige para las provincias también debe garantizarla a los municipios.

Basta de hipocresía. El federalismo empieza por casa.