Los cinco diputados que responden al gobernador se abstuvieron y permitieron que el oficialismo devolviera a comisión el proyecto que buscaba aliviar las deudas de las familias. La decisión contrastó con los recientes cruces públicos entre Martín Llaryora y la Casa Rosada y alimentó las sospechas sobre una negociación reservada por la deuda previsional de Córdoba.

La madrugada del jueves dejó una de las señales políticas más llamativas de la sesión de la Cámara de Diputados: Martín Llaryora terminó colaborando con el gobierno de Javier Milei para frenar el debate de una iniciativa destinada a aliviar el endeudamiento de las familias. Por orden del gobernador, cinco diputados cordobeses se abstuvieron en la votación que permitió devolver a comisión el proyecto de morosidad, dejando sin fecha cierta su tratamiento en el recinto.

El desenlace fue favorable para La Libertad Avanza (LLA), que consiguió evitar una discusión que no consideraba prioritaria y que podía derivar en una norma con mayores facilidades de pago para quienes acumulan deudas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales. La iniciativa también contemplaba la educación financiera, pero su principal impacto potencial estaba vinculado con las alternativas para afrontar obligaciones que se volvieron cada vez más difíciles de sostener.

La maniobra expuso, además, una contradicción política: mientras Llaryora venía cuestionando con dureza el ajuste de Milei en distintos medios nacionales, sus legisladores contribuyeron a sostener al oficialismo en votaciones decisivas. La distancia entre el discurso público y el comportamiento parlamentario sorprendió incluso a dirigentes del propio llaryorismo.

Una votación que cambió el destino del proyecto

Pasadas las 3 de la madrugada, Silvana Giudici presentó la moción para devolver el proyecto de morosidad a comisión. El oficialismo se impuso por 121 votos contra 117, con cinco abstenciones de diputados cordobeses: Juan Schiaretti, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo. El sexto representante cordobés mencionado en la disputa, Juan Brügge, votó directamente junto con La Libertad Avanza.

La decisión terminó por bloquear el tratamiento de los dictámenes que podían abrir una alternativa para las familias endeudadas. Aunque la oposición había intentado reunir los apoyos necesarios para avanzar con alguna de sus propuestas, no consiguió consolidar una mayoría y terminó facilitando el camino elegido por el oficialismo.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, buscó ganar tiempo para ordenar a los distintos sectores opositores e impulsar uno de los dictámenes de minoría. Sin embargo, Martín Menem apuró la votación de la moción de Giudici, respaldado en el reglamento parlamentario.

El resultado desató la furia opositora. En medio de las acusaciones por presuntas negociaciones para asegurar voluntades, el desenlace dejó una conclusión política concreta: el oficialismo logró postergar sin plazo una discusión que había perdido capacidad para controlar.

Sospechas y reproches en plena madrugada

La votación estuvo acompañada por fuertes cuestionamientos sobre los movimientos de algunos legisladores durante la sesión. La diputada massista Cecilia Moreau aludió al antecedente de Edgardo Kueider, el exsenador entrerriano que fue detenido en Paraguay en diciembre de 2024 con más de 200.000 dólares y que había votado a favor de la Ley Bases.

Por su parte, el radical Pablo Juliano describió con ironía los cambios de postura que, según denunció, se habían producido durante la jornada.

“Cada vez que llegan camionetas negras a la puerta del Congreso cortamos clavos porque, de repente, algunas voluntades se levantan, se esconden, tienen dictámenes y los tiran a la basura”, sostuvo. También cuestionó a legisladores que primero manifestaban su apoyo y luego modificaban su posición, a la espera de instrucciones o contactos políticos.

En la misma línea, un legislador peronista deslizó que el subsecretario Ignacio Devitt habría participado en las conversaciones con diputados que necesitaba el oficialismo para abortar la discusión y levantar la sesión.

Se trató de acusaciones formuladas durante una madrugada de alta tensión, sin que los señalamientos constituyeran por sí mismos una prueba de compra de votos. Pero el episodio volvió a instalar las sospechas sobre los acuerdos que se tejen fuera del recinto cuando el oficialismo enfrenta dificultades para reunir mayorías.

Desde las filas libertarias ofrecieron otra interpretación. Fuentes del bloque sostuvieron que al Gobierno no le preocupaba especialmente el proyecto de morosidad y que la iniciativa había surgido a partir de un pedido de sus aliados. También atribuyeron el desenlace a un error de estrategia de Germán Martínez y Nicolás Massot, quienes intentaron reunir votos para derrotar al oficialismo y terminaron favoreciendo el regreso del proyecto a comisión.

Más allá de esas explicaciones, el resultado benefició a la Casa Rosada: el Congreso dejó de avanzar, al menos por ahora, en una propuesta que podía abrir una discusión sobre las condiciones de pago de las deudas de los hogares.

La ayuda cordobesa en tres votaciones clave

La abstención en morosidad no fue un hecho aislado. Durante toda la jornada, los diputados alineados con el gobernador mantuvieron una conducta que resultó funcional a los intereses del Gobierno nacional en tres votaciones centrales.

A media tarde, los cinco cordobeses se abstuvieron junto con el larretista Álvaro González en la discusión de la ley de propiedad privada. La iniciativa fue aprobada por 124 votos contra 119 de la oposición.

Horas después, ya entrada la noche, la representación cordobesa votó en contra del proyecto de Discapacidad. En esa oportunidad, el rechazo incluyó también a Natalia De la Sota y a la kirchnerista Gabriela Estévez, que se sumaron a la posición contraria a la iniciativa.

Finalmente, durante la madrugada, las cinco abstenciones de los legisladores que responden al gobernador fueron decisivas para que el oficialismo consiguiera devolver a comisión el proyecto de morosidad.

La secuencia mostró a un cordobesismo dispuesto a acompañar o facilitar distintas decisiones parlamentarias de La Libertad Avanza, aun cuando el discurso de Llaryora apuntaba en sentido contrario. El contraste generó desconcierto entre dirigentes provinciales que venían escuchando al gobernador cuestionar las políticas económicas de Milei y ahora observaban a sus diputados contribuir a los objetivos de la Casa Rosada.

La lectura política excede, por lo tanto, una votación puntual. En el Congreso, el gobernador mostró que conserva capacidad de negociación y margen para intervenir en el equilibrio de fuerzas. La incógnita es qué obtuvo a cambio de esa disposición.

Del enfrentamiento público a una posible negociación con la Rosada

El giro tuvo un antecedente inmediato que volvió más llamativa la conducta cordobesa. La semana anterior, según la información política que circulaba en el oficialismo provincial, los Milei habían decidido endurecer su estrategia frente a Llaryora y descartar un entendimiento con el gobernador.

En ese marco, La Libertad Avanza activó la construcción política de Gabriel Bornoroni, quien eligió San Francisco —considerado el kilómetro cero del llaryorismo— como escenario para una señal de posicionamiento electoral.

La respuesta del gobernador había sido instruir a sus diputados para que acompañaran el intento opositor de voltear el DNU 70/23. Aquella posición alimentaba la percepción de un enfrentamiento creciente entre el Panal y la Casa Rosada.

Sin embargo, la sesión de Diputados modificó ese cuadro. En lugar de profundizar la confrontación, el llaryorismo terminó facilitando al Gobierno nacional tres resultados parlamentarios de peso.

La pregunta que quedó abierta es si hubo un cambio de estrategia o si detrás de las abstenciones existió una negociación cuyos términos todavía no se conocen.

En el entorno del gobernador comenzó a circular la especulación sobre un eventual entendimiento reservado para destrabar el pago de la deuda nacional con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Se trata de un reclamo de larga data para la administración provincial y de uno de los asuntos que podrían funcionar como moneda de negociación entre ambas jurisdicciones.

Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que ese compromiso exista o que haya sido acordado a cambio de los votos cordobeses. Sin embargo, el tema apareció de manera sugestiva en medio de la controversia parlamentaria.

La deuda previsional, bajo sospecha política

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro alimentó las especulaciones con un explosivo mensaje en redes sociales, en el que cuestionó a sus pares que contribuyeron a frenar la ley vinculada con el endeudamiento.

“No vaya a ser cosa que ahora aparezcan ampliaciones de concesiones viales, fondos para cajas jubilatorias y/o compensaciones en otros rubros”, advirtió.

La referencia a las cajas previsionales encendió las interpretaciones sobre posibles compensaciones a las provincias que colaboraron con el Gobierno nacional. En el caso de Córdoba, el reclamo por los fondos previsionales aparece como una hipótesis plausible para explicar el cambio de conducta, aunque no existe confirmación de un acuerdo entre Llaryora y la Casa Rosada.

El episodio deja expuesta una tensión central en la estrategia del gobernador. Por un lado, necesita sostener un perfil opositor frente al ajuste nacional, defender los intereses de Córdoba y marcar diferencias con Milei. Por el otro, depende de acuerdos con el poder central para resolver cuestiones fiscales y previsionales que impactan sobre las cuentas provinciales.

La sesión mostró que esa tensión puede resolverse, al menos en el Congreso, mediante una cooperación que no siempre coincide con el discurso público.

Mientras tanto, las familias endeudadas quedaron sin una perspectiva concreta de cuándo volverá a discutirse el proyecto. El oficialismo logró quitarle urgencia a la iniciativa y evitar que el recinto avanzara sobre una cuestión sensible para millones de usuarios de tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

La victoria parlamentaria fue para Milei y Martín Menem; el beneficio político para Llaryora, en cambio, sigue siendo una incógnita. Si la abstención fue parte de una negociación por los fondos previsionales, el Gobierno cordobés todavía deberá mostrar qué consiguió. Si no hubo contraprestación, tendrá que explicar por qué decidió facilitar una maniobra que dejó en suspenso una propuesta de alivio para los hogares endeudados.