El juez Alejandro Sánchez Freytes procesó al vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género contra una secretaria judicial. También ordenó remitir el expediente al Consejo de la Magistratura. El fallo profundiza una crisis interna que golpea de lleno a uno de los tribunales más importantes de la provincia.
La Justicia Federal de Córdoba quedó atravesada por una crisis institucional de enorme magnitud después de que el juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, resolviera procesar al camarista Abel Sánchez Torres, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, en una causa que investiga abuso de autoridad y un presunto proceso de hostigamiento contra una funcionaria judicial.
La resolución, de 165 páginas, dispuso dos procesamientos contra Sánchez Torres y ordenó trabar un embargo por $70 millones sobre sus bienes.
El magistrado quedó procesado provisoriamente por abuso de autoridad y por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, en una investigación impulsada por los fiscales generales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano.
El fallo representa uno de los episodios más delicados de los últimos años dentro de la Justicia Federal cordobesa y golpea directamente a uno de los integrantes de mayor peso político e institucional de la Cámara.
El origen: el expediente Humanes
Uno de los ejes centrales de la investigación se encuentra en el denominado caso Humanes, una causa vinculada con una presunta evasión tributaria que involucraba a un directivo de la cerealera Bunge.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, en diciembre de 2023 Sánchez Torres habría firmado un decreto destinado a integrar la Sala B de la Cámara con la camarista Graciela Montesi, quien era su pareja.
La Justicia consideró, de manera provisoria, que esa decisión habría vulnerado el régimen de subrogancias y las normas internas del propio tribunal.
En ese contexto apareció la figura de Celina Laje Anaya, entonces secretaria penal de la Cámara Federal.
De acuerdo con la investigación, la funcionaria advirtió irregularidades en la integración del tribunal y se negó a suscribir un certificado que respaldara el procedimiento.
Esa negativa se convirtió posteriormente en uno de los puntos centrales de la causa.
La denuncia por hostigamiento laboral
La resolución de Sánchez Freytes reconstruye lo ocurrido después de aquel episodio y describe lo que considera, de manera provisoria, un patrón sistemático de hostigamiento, maltrato y persecución laboral contra Laje Anaya.
Entre los hechos analizados aparecen el traslado de la secretaria desde su despacho hacia una oficina sin ventanas, una fuerte sobrecarga de trabajo y presiones para aceptar una permuta laboral.
Según la acusación, ese cambio hubiera significado para la funcionaria una disminución de categoría, una reducción salarial y consecuencias negativas sobre su carrera dentro del Poder Judicial.
El juez consideró que la sucesión de hechos reunía elementos suficientes, en esta etapa del proceso, para encuadrar la conducta atribuida a Sánchez Torres dentro de la figura de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género.
El procesamiento no equivale a una condena definitiva y será revisado en las instancias correspondientes.
La fiscalía había pedido prisión domiciliaria
La gravedad de la disputa quedó expuesta también durante la investigación.
Los fiscales Hairabedián y Turano habían solicitado que Sánchez Torres cumpliera arresto domiciliario, bajo el argumento de que su posición dentro de la Cámara podía permitirle interferir sobre empleados o testigos vinculados al expediente.
Sánchez Freytes rechazó ese planteo.
El juez tuvo en cuenta la inmunidad de arresto que posee Sánchez Torres por su condición de magistrado y entendió que, al menos en esta etapa, no estaban acreditados riesgos procesales suficientes para justificar una medida de esa naturaleza.
La decisión, sin embargo, estuvo acompañada por otra resolución con fuerte impacto institucional.
El expediente llegará al Consejo de la Magistratura
Sánchez Freytes ordenó enviar copias de las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado, entre otras funciones, de evaluar la conducta de los jueces federales y nacionales.
La remisión abre ahora un nuevo frente para Sánchez Torres.
El Consejo deberá analizar las actuaciones y determinar si existen elementos que ameriten alguna intervención relacionada con su desempeño como magistrado.
Dentro de los Tribunales Federales cordobeses, el avance de la causa comenzó además a alimentar versiones sobre el futuro institucional del camarista.
Fuentes judiciales mencionan desde hace días la posibilidad de una eventual jubilación, aunque hasta ahora no existe una decisión oficial conocida en ese sentido.
También circulan distintas alternativas sobre las medidas que podría evaluar el Consejo de la Magistratura. Cualquier suspensión o modificación de sus condiciones de trabajo, sin embargo, deberá atravesar los mecanismos institucionales correspondientes.
Sánchez Torres apelará
La defensa del camarista prepara ahora la apelación contra los dos procesamientos.
El recurso presenta una particularidad institucional: deberá ser analizado por la propia Cámara Federal de Córdoba, tribunal del cual Sánchez Torres forma parte.
Naturalmente, el magistrado no podrá intervenir en la decisión sobre su propio expediente y deberá apartarse de cualquier actuación relacionada con la causa.
Mientras tanto, continuará vigente el embargo de $70 millones dispuesto por Sánchez Freytes.
Montesi fue sobreseída
La situación procesal de Graciela Montesi, también integrante de la Cámara Federal y pareja de Sánchez Torres, fue diferente.
El juez resolvió sobreseerla en relación con el expediente Humanes.
Según la resolución, no se acreditó que Montesi hubiera sido debidamente notificada de la integración dispuesta ni que hubiera tenido una participación concreta en las decisiones investigadas.
Ese sobreseimiento la desvincula de ese capítulo específico de la causa.
No obstante, el escenario judicial alrededor de ambos magistrados continúa abierto.
Dos investigaciones que siguen bajo análisis
Las fiscalías encabezadas por Hairabedián y Turano mantienen otras líneas investigativas que involucran circunstancias vinculadas con Sánchez Torres y Montesi.
Una de ellas apunta a determinar las características de un viaje a Punta del Este realizado en un avión privado, cuyo vínculo con la empresaria Pía Astori está bajo análisis.
Otra línea se concentra en la evolución patrimonial de la pareja, particularmente en el caso de Sánchez Torres.
Se trata de investigaciones en curso, por lo que la existencia de esas actuaciones no implica por sí misma responsabilidad penal.
Una Cámara que acababa de recuperar su integración
El impacto institucional resulta todavía mayor por el momento que atraviesa la Cámara Federal de Córdoba.
Después de aproximadamente cinco años de vacancias, el tribunal acababa de recuperar su integración completa con seis camaristas.
Hace apenas una semana habían jurado Facundo Cortés Olmedo y Soledad Mancini, completando finalmente la estructura del cuerpo.
El procesamiento de Sánchez Torres vuelve ahora a instalar interrogantes sobre su funcionamiento futuro.
Si eventualmente se produjera alguna jubilación, renuncia, suspensión o alejamiento de alguno de sus miembros, la Cámara podría nuevamente enfrentar dificultades para mantener su integración plena.
Una crisis que recién comienza
El procesamiento de Abel Sánchez Torres marca un punto de inflexión dentro de la Justicia Federal de Córdoba.
No sólo porque uno de los principales integrantes de la Cámara quedó formalmente sometido a proceso por delitos vinculados al ejercicio de su función y por una acusación de violencia de género, sino porque buena parte de los testimonios centrales provienen del propio ámbito judicial en el que desarrolla su actividad.
A eso se suma la intervención que ahora deberá evaluar el Consejo de la Magistratura, la apelación que deberá resolver la Cámara Federal y la existencia de otras investigaciones todavía abiertas.
Las versiones sobre una eventual jubilación del camarista comenzaron a multiplicarse después de conocerse el fallo, pero por ahora permanecen en el terreno de las especulaciones tribunalicias.
Lo concreto es que Sánchez Torres enfrenta el momento judicial e institucional más delicado de su trayectoria.
Y una Cámara Federal que acababa de recuperar estabilidad después de años de vacantes vuelve a quedar atrapada en una crisis cuyo desenlace todavía está lejos de estar escrito.