El gobernador cuestionó el capítulo incluido por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2027 y pidió a diputados y senadores que no acompañen las modificaciones. Córdoba sostiene una red junto a casi 350 organizaciones y gobiernos locales y advierte que un menor compromiso de Nación podría afectar la continuidad de las prestaciones.

Martín Llaryora elevó el tono frente al Gobierno nacional por uno de los puntos más sensibles del proyecto de Presupuesto 2027: las modificaciones previstas para el sistema de discapacidad.

El gobernador cordobés rechazó cualquier reducción de recursos y reclamó directamente a los representantes de Córdoba en el Congreso que no acompañen los cambios impulsados por la administración de Javier Milei.

“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional que afecte estos derechos”, afirmó Llaryora a través de sus redes sociales.

El pronunciamiento introduce un nuevo punto de tensión entre la Provincia y la Casa Rosada en plena discusión presupuestaria y anticipa cuál será uno de los temas sobre los que el cordobesismo buscará fijar posición durante el tratamiento legislativo.

El punto que genera la disputa

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso propone modificaciones sobre aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del sistema de prestaciones.

Entre ellas aparece un cambio en el esquema de actualización de los pagos a prestadores y en el carácter universal de los aranceles. La legislación vigente establece valores iguales para las entidades obligadas y un mecanismo de actualización, mientras que la propuesta oficial busca modificar ese esquema.

También se plantean modificaciones vinculadas con las pensiones y con las condiciones de acceso a determinados beneficios. Los cambios todavía no están vigentes: forman parte del proyecto presupuestario que deberá ser discutido y eventualmente aprobado por el Congreso.

Desde el Gobierno nacional, la política oficial en materia de discapacidad viene siendo presentada bajo el argumento de ordenar el sistema, garantizar su sostenibilidad y mejorar los mecanismos de control y transparencia. A comienzos de septiembre, funcionarios nacionales sostuvieron ante Diputados que el objetivo era asegurar las prestaciones y ordenar el esquema de pensiones.

La lectura del Gobierno cordobés, sin embargo, es diferente: considera que los cambios podrían traducirse en una menor cobertura y un traslado de responsabilidades hacia provincias, municipios, organizaciones y familias.

“No es beneficencia ni caridad”

Llaryora buscó colocar el debate directamente en el terreno de los derechos.

“No es beneficencia ni caridad”, sostuvo al referirse a las prestaciones, tratamientos, terapias y traslados que requieren las personas con discapacidad.

Para el gobernador, el acceso a esos servicios no debería quedar condicionado por la situación económica de cada familia ni por el lugar donde viva cada persona.

El mensaje adquiere además una dimensión política porque el mandatario no se limitó a cuestionar al Ejecutivo nacional: trasladó el reclamo al Congreso, donde el oficialismo necesitará construir acuerdos para avanzar con el Presupuesto.

“Les pedimos a nuestros diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general que no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”, expresó.

De esta manera, Llaryora fijó públicamente una posición que también interpela a los distintos bloques con representación cordobesa y coloca el capítulo de discapacidad entre los puntos que prometen mayor discusión durante la negociación parlamentaria.

Córdoba advierte por el financiamiento

El Gobierno provincial asegura que actualmente trabaja junto a casi 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la estructura de atención vinculada a la discapacidad.

Pero Llaryora sostuvo que ese entramado provincial y municipal tiene un límite si Nación reduce su participación.

“Sabemos que el esfuerzo que hacemos entre todos no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades. Es más: esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”, advirtió.

La expresión marca el núcleo del reclamo cordobés: la Provincia sostiene que una modificación del esquema nacional no eliminaría la demanda de prestaciones, sino que podría trasladar una mayor presión financiera y asistencial hacia las jurisdicciones locales, los prestadores y las propias familias.

“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, agregó el gobernador, quien reclamó mantener una política integral que incluya no solamente atención sanitaria y terapéutica, sino también inclusión educativa, laboral y social.

Un reclamo que ya había comenzado

La intervención de Llaryora profundizó una posición que el Gobierno provincial ya había comenzado a expresar.

Días atrás, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, había cuestionado las modificaciones contempladas en el Presupuesto y reclamado que Nación mantenga su responsabilidad en el financiamiento de las políticas destinadas a personas con discapacidad.

El conflicto, además, excede a Córdoba. Los cambios generaron objeciones entre organizaciones, prestadores y distintos espacios parlamentarios, al punto de que el Gobierno nacional abrió conversaciones con bloques aliados para revisar algunos aspectos del capítulo de discapacidad durante la negociación presupuestaria.

La discusión recién comienza. El Presupuesto 2027 ya ingresó al Congreso y será allí donde se defina finalmente qué modificaciones permanecen, cuáles son negociadas y qué esquema de financiamiento tendrá el sistema.

Para Córdoba, Llaryora ya dejó marcada una línea: la discapacidad será uno de los capítulos sobre los que el Gobierno provincial no está dispuesto a acompañar una reducción de recursos.