Omar Ludueña es empleado de planta permanente de la Unicameral y militante radical de la seccional cuarta. Una mujer de su círculo familiar lo denunció por presuntos abusos que se habrían producido durante su infancia. Desde el radicalismo pidieron su apartamiento y realizaron presentaciones ante la Justicia. Hasta el momento no se informó una imputación en su contra.

Una grave denuncia judicial contra un empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba generó repercusiones dentro de la política provincial. Omar Manuel Ludueña, militante de la Unión Cívica Radical y trabajador de la Unicameral, fue denunciado por una mujer de su círculo familiar por presunto abuso sexual agravado por el vínculo.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, la denunciante aseguró que los hechos habrían comenzado cuando tenía apenas tres años y se habrían extendido hasta los 14, incluyendo episodios de abuso sexual con acceso carnal. La presentación judicial habría sido realizada el pasado 15 de agosto.

El caso tomó estado público después de que la propia denunciante difundiera su situación a través de las redes sociales y se comunicara con dirigentes del radicalismo cordobés.

El radicalismo pidió su apartamiento

La repercusión política del caso está vinculada directamente con el lugar de trabajo y la trayectoria partidaria de Ludueña. Se trata de un histórico militante radical de la seccional cuarta que actualmente se desempeñaba dentro del ámbito legislativo.

La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, confirmó que solicitó formalmente a las autoridades de la Legislatura el apartamiento del empleado y la adopción de medidas disciplinarias frente a la gravedad de la denuncia.

Ferrero explicó además que dirigentes radicales realizaron una presentación ante la Justicia luego de tomar conocimiento del relato de la mujer. Según indicó, desde que se conoció la situación no volvió a mantener contacto con Ludueña. La decisión definitiva sobre su situación laboral depende administrativamente de las autoridades de la Unicameral.

La concejal radical Elisa Caffaratti, quien conoce a la familia involucrada, también confirmó que realizó una presentación ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno.

Los vínculos políticos y la discusión por su ingreso

Ludueña mantiene desde hace años vínculos políticos con dirigentes de la UCR y en sus propias redes sociales pueden observarse publicaciones e interacciones con referentes del espacio, entre ellos Caffaratti y dirigentes ligados al sector de Rodrigo de Loredo.

Sin embargo, la denuncia judicial no involucra a De Loredo, Caffaratti ni a ningún otro dirigente radical. La dimensión política del episodio surge exclusivamente del desempeño de Ludueña dentro de la Legislatura y de su trayectoria dentro del radicalismo.

En paralelo, el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba presentó un pedido para que la Legislatura informe desde cuándo trabaja Ludueña, bajo qué modalidad ingresó y cuáles fueron los cambios posteriores en su situación laboral.

En ese pedido, el oficialismo sostuvo que Ludueña habría ingresado el 10 de diciembre de 2011 mediante un contrato como asistente legislativo solicitado por el bloque de la UCR y que posteriormente habría pasado a planta permanente a requerimiento del entonces legislador Rodrigo de Loredo.

Existe, no obstante, una diferencia con la versión brindada públicamente por Caffaratti. La actual concejal declaró a El Doce que Ludueña comenzó a trabajar como colaborador suyo en 2015 y que posteriormente rindió un concurso mediante el cual quedó incorporado a la planta permanente de la Legislatura.

La situación administrativa aparece así como otro de los puntos que deberá aclarar formalmente la Unicameral.

Una causa que recién comienza

Según la información difundida inicialmente, después de que el caso adquiriera trascendencia pública Ludueña habría intentado comunicarse con la denunciante y se habría dispuesto una restricción de acercamiento. El expediente quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar ahora con las medidas necesarias para determinar qué ocurrió.

La gravedad de la acusación provocó conmoción en el entorno de la denunciante y rápidamente trasladó la discusión al escenario político, particularmente por tratarse de un empleado permanente de uno de los poderes del Estado provincial.

Desde el radicalismo, la primera reacción fue realizar presentaciones judiciales y pedir su apartamiento del ámbito legislativo.

El punto central, sin embargo, permanece en el terreno judicial. Hasta la última información pública disponible no se había comunicado una imputación contra Ludueña. La existencia de una denuncia no implica una condena y será la Justicia la que deberá investigar los hechos, reunir las pruebas y determinar eventuales responsabilidades penales.