La Secretaría Administrativa de la Unicameral decidió reforzar la verificación de antecedentes de funcionarios, asesores, empleados y contratados. La medida contempla controles nacionales y provinciales cada seis meses y surge tras la detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, investigado por presunto grooming y abuso sexual.
La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, investigado por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra dos adolescentes en Villa de María de Río Seco, generó repercusiones dentro de la Legislatura de Córdoba.
El caso tomó mayor dimensión luego de que Villarreal apareciera en la última nómina oficial de personal contratado de la Unicameral. Aunque desde el oficialismo señalaron que había sido apartado previamente, la situación provocó cuestionamientos de la oposición, que presentó un pedido de informes para conocer cuál fue su vínculo laboral y qué controles se aplicaron.
En respuesta, la Secretaría Administrativa comunicó a los distintos bloques y áreas de la Legislatura que comenzará una actualización de los legajos de todo el personal, un universo que ronda las 1.055 personas.
Antecedentes cada seis meses
La principal novedad será la exigencia de dos certificados de antecedentes: uno nacional, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, y otro provincial, expedido por la Policía de Córdoba.
Ambos deberán actualizarse cada seis meses, con el objetivo de que los controles no se limiten al momento de ingreso o contratación, sino que se mantengan durante toda la permanencia en la función pública.
La medida se fundamenta en la Ley Provincial N° 9880, que establece requisitos e incompatibilidades para el personal legislativo.
Para esta primera etapa, los trabajadores deberán presentar la documentación requerida antes del 31 de agosto de 2026. En el caso del certificado provincial, se permitirá inicialmente acreditar que el trámite fue iniciado y luego completar el legajo con la documentación correspondiente.
Una respuesta después de la polémica
La decisión llega en medio de los interrogantes que dejó el caso Villarreal sobre los mecanismos de control de la Legislatura y la actualización de sus registros de personal.
El nuevo esquema busca cerrar esa brecha mediante controles semestrales y una doble verificación de antecedentes. Sin embargo, el pedido de informes de la oposición todavía deberá determinar qué controles se realizaron específicamente sobre Villarreal durante el período en que figuró como contratado.
La Legislatura intenta así convertir la repercusión de un caso sensible en un nuevo mecanismo permanente de control sobre quienes trabajan dentro de la Unicameral.