La Legislatura de Córdoba se prepara para debatir una de las iniciativas que el gobierno de Martín Llaryora considera centrales dentro de su estrategia de seguridad. Antes del inicio del receso invernal parlamentario, el oficialismo intentará convertir en ley el proyecto denominado Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una herramienta que apunta a intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, debido a su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana.

La intención del bloque oficialista es cerrar la primera etapa del año legislativo con la aprobación de una norma que fue impulsada personalmente por el gobernador y presentada junto a los ministros de Justicia y Trabajo, Julián López, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La expectativa es que el proyecto obtenga un respaldo amplio, luego de que se incorporaran modificaciones consensuadas con sectores de la oposición.

Una nueva herramienta para combatir el delito

La iniciativa propone crear un régimen específico para actuar sobre búnkeres de comercialización de drogas, aguantaderos utilizados por organizaciones delictivas y edificios abandonados que puedan transformarse en focos de inseguridad.

Desde el oficialismo sostienen que la ley permitirá agilizar la intervención del Estado sobre estos inmuebles mediante un esquema coordinado entre la Provincia, la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los municipios.

Además, el proyecto contempla la creación de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, instrumento que permitirá identificar y realizar el seguimiento de los inmuebles alcanzados por las medidas previstas en la normativa.

El objetivo declarado es fortalecer las políticas de prevención del delito y atacar espacios físicos que suelen ser utilizados para la venta de estupefacientes o como refugio de bandas criminales.

La oposición incorporó modificaciones

El tratamiento legislativo comenzó la semana pasada en la Comisión de Seguridad, presidida por el legislador de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas.

Si bien la Unión Cívica Radical y el PRO habían presentado iniciativas propias con objetivos similares, las negociaciones permitieron avanzar hacia un texto unificado incorporando observaciones y propuestas realizadas por ambas bancadas.

La estrategia del peronismo fue priorizar un acuerdo amplio para que la norma sea sancionada con el mayor consenso político posible en la última sesión previa al receso legislativo.

Entre los legisladores que promovieron modificaciones al proyecto figuran Oscar Agost Carreño, por el PRO, y los radicales Oscar Saliba, Ariela Szpanin, Alfredo Nigro, Matías Gvozdenovich, Mauricio Jaimes, Fernando Luna, Ariel Grich, Gustavo Bottasso, José Bría, Víctor Molina, Inés Contrera y Carlos Carignano.

Las modificaciones consensuadas serán analizadas previamente en la reunión de Labor Parlamentaria antes de que el proyecto llegue al recinto.

Última sesión antes del receso

La aprobación de la Ley Antibúnker aparece como uno de los principales objetivos legislativos del oficialismo antes del inicio del receso invernal, período durante el cual la Legislatura suspenderá su actividad parlamentaria durante dos semanas.

Como ocurre cada año, la pausa institucional interrumpirá las sesiones hasta los primeros días de agosto, momento en que volverá a retomarse la agenda legislativa.

Con ese escenario, el peronismo pretende cerrar el semestre exhibiendo una de las leyes que considera más relevantes en materia de seguridad pública.

El Gobierno ya piensa en la etapa preelectoral

Más allá de la actividad legislativa, en el Centro Cívico ya comenzó a perfilarse una nueva etapa política. El gobernador Martín Llaryora busca mantener activo al oficialismo territorial mientras se aproxima el ciclo electoral que desembocará en las elecciones provinciales y nacionales de 2027.

La instrucción hacia legisladores, intendentes y dirigentes del espacio es mantener presencia permanente en cada departamento, acompañando la gestión provincial y fortaleciendo el vínculo con los vecinos.

El propio mandatario viene intensificando sus recorridas por el interior provincial y espera que esa dinámica se replique en toda la estructura política del oficialismo.

Perfil bajo y control de la exposición pública

Dentro de esa estrategia también existe una marcada preocupación por la imagen pública de los funcionarios.

Según trascendió desde el entorno gubernamental, hubo recomendaciones para evitar exhibiciones que pudieran generar cuestionamientos sociales, especialmente en un contexto económico complejo donde la ciudadanía observa con atención el comportamiento de la dirigencia política.

La premisa dentro del oficialismo es que la gestión debe mantenerse como principal eje de comunicación, evitando situaciones que puedan interpretarse como privilegios o desconexión con la realidad cotidiana.

Ese criterio cobró mayor relevancia luego de la polémica generada por el denominado «Adornigate», episodio que obligó al Gobierno provincial a brindar explicaciones sobre el viaje realizado a China por el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, acompañado por su esposa.

La controversia fue rápidamente capitalizada por sectores de la oposición, que impulsaron distintos pedidos de informes para conocer detalles del viaje y sus costos, manteniendo abierto un frente político que el oficialismo todavía busca desactivar.

En ese contexto, la aprobación de la Ley Antibúnker representa para el Gobierno de Córdoba no sólo un avance en su agenda legislativa de seguridad, sino también una oportunidad para cerrar el primer semestre del año mostrando capacidad de consenso político y una iniciativa concreta frente a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la lucha contra el delito y el narcotráfico.