La tensión política en Córdoba sumó un nuevo capítulo este lunes luego de que el oficialismo provincial decidiera pasar a la ofensiva frente a los cuestionamientos impulsados por la oposición tras el femicidio de Agostina Vega. En una jugada que busca equilibrar la presión política y exponer presuntas inconsistencias en el discurso opositor, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) puso bajo la lupa la situación judicial del dirigente radical Marcos Carasso y reclamó información sobre el allanamiento realizado en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
La movida fue interpretada en los pasillos de la Legislatura como un contragolpe político del peronismo cordobés, luego de varios días en los que la agenda pública estuvo dominada por las críticas opositoras hacia funcionarios provinciales, fiscales y autoridades del Ministerio de Seguridad a raíz de la investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años que conmocionó a Córdoba.
Pedido de informes y foco en el Tribunal de Cuentas
La ofensiva oficialista se materializó a través de un pedido de informes presentado ante la Justicia Federal para conocer el estado de la investigación que involucra a Marcos Carasso, ex diputado nacional de la Unión Cívica Radical y ex candidato a vicegobernador en la fórmula encabezada por Luis Juez durante las elecciones provinciales de 2023.
Además, los legisladores solicitaron precisiones sobre el allanamiento realizado recientemente en el Tribunal de Cuentas, organismo que se encuentra bajo la conducción política del juecismo, y requirieron información acerca de las funciones asignadas a Carasso y a Claudio Suchecki, cuñado de Luis Juez, dentro de esa institución.
El pedido también apunta a determinar cuáles son las tareas efectivamente desempeñadas por ambos funcionarios y cuál es el alcance de sus responsabilidades dentro del organismo encargado de controlar la ejecución del gasto público provincial.
La causa que involucra a Carasso
Carasso quedó imputado en una investigación federal que analiza presuntas maniobras de sobrefacturación vinculadas al PAMI. En ese marco, durante la semana pasada fueron allanados tanto su domicilio particular en General Cabrera como la oficina que ocupa en el Tribunal de Cuentas.
El dato político no pasó inadvertido. Desde el oficialismo consideran que la oposición ha sido particularmente dura al exigir responsabilidades políticas en otros casos, pero mantiene una actitud más cautelosa cuando las investigaciones judiciales alcanzan a dirigentes de su propio espacio.
Por ello, el PJ decidió colocar el foco sobre el organismo de control provincial y sobre los vínculos políticos que unen a Carasso con referentes de la oposición, especialmente con Luis Juez y sectores de la UCR.
La acusación de «doble vara»
El encargado de encabezar la respuesta oficialista fue el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, quien cuestionó con dureza el comportamiento de los principales espacios opositores.
Según planteó el legislador, durante los últimos días dirigentes opositores desplegaron una intensa actividad mediática y política vinculada al caso Agostina Vega, impulsando conferencias de prensa, declaraciones públicas, pedidos de jury contra fiscales y reclamos de renuncias de funcionarios.
Sin embargo, sostuvo que la reacción fue muy diferente cuando la situación judicial alcanzó a Marcos Carasso.
Para Torres, existe una evidente contradicción entre la exigencia de explicaciones al oficialismo y el silencio que, según afirmó, predomina ahora dentro de la oposición respecto de un dirigente que integró la fórmula provincial de Juez y formó parte de uno de los principales espacios opositores de Córdoba.
El legislador defendió además la legitimidad del pedido de informes y remarcó que el Tribunal de Cuentas es una institución sostenida con recursos públicos, por lo que consideró razonable conocer qué funciones cumplen quienes fueron designados en ese organismo.
Transparencia institucional y responsabilidades políticas
La vicepresidenta de la Legislatura, Julieta Rinaldi, respaldó la iniciativa y afirmó que el allanamiento al Tribunal de Cuentas constituye un hecho de relevancia institucional que requiere explicaciones claras por parte de todos los involucrados.
La dirigente sostuvo que el objetivo del pedido de informes es conocer tanto el alcance de la investigación judicial como las responsabilidades concretas que desempeñan Carasso y Suchecki dentro de la estructura del organismo.
En esa línea, argumentó que el debate trasciende las disputas partidarias y se vincula con la necesidad de garantizar transparencia y rendición de cuentas en instituciones públicas que administran recursos de todos los cordobeses.
Desde el oficialismo remarcan que quienes han recibido respaldo ciudadano y ocuparon cargos de representación política tienen una responsabilidad adicional en materia de transparencia pública.
Limia y Chamorro elevan el tono
La respuesta del peronismo no se limitó a los pedidos institucionales. Otros legisladores oficialistas endurecieron el discurso y apuntaron directamente contra los principales referentes opositores.
Leonardo Limia acusó al juecismo y al radicalismo de manejar una «doble vara» según quién sea el involucrado en cada investigación judicial y cuestionó lo que definió como un silencio llamativo frente a una causa que afecta a un dirigente cercano a Luis Juez.
El socialista Matías Chamorro fue incluso más allá y vinculó la investigación por presuntas irregularidades en el PAMI con la designación de Carasso en el Tribunal de Cuentas, planteando cuestionamientos sobre la oportunidad política de ese nombramiento.
Las declaraciones evidencian que el oficialismo busca instalar la discusión sobre la transparencia institucional también dentro de la oposición, intentando equilibrar una agenda que en las últimas semanas estuvo dominada por cuestionamientos hacia el gobierno provincial.
Un escenario político cada vez más tensionado
La ofensiva del PJ se produce apenas horas después de que los principales bloques opositores presentaran pedidos de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez y renovaran sus reclamos por la salida del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a raíz de las repercusiones políticas derivadas del caso Agostina Vega.
En ese contexto, la decisión de Hacemos Unidos por Córdoba de poner el foco sobre Marcos Carasso y el Tribunal de Cuentas refleja un cambio de estrategia: abandonar la posición defensiva y trasladar parte del debate hacia las responsabilidades y contradicciones de la oposición.
Más allá del desenlace judicial de la causa, la disputa deja en evidencia cómo la crisis política generada por el femicidio de Agostina Vega sigue profundizando la confrontación entre oficialismo y oposición. Mientras unos exigen responsabilidades por las fallas institucionales que quedaron expuestas en la investigación del crimen, otros reclaman la misma vara para analizar las situaciones que alcanzan a dirigentes opositores.
La batalla política, lejos de apaciguarse, parece haber ingresado en una nueva etapa donde la transparencia, la rendición de cuentas y las investigaciones judiciales se han convertido en las principales armas de una confrontación que promete seguir escalando en el escenario político cordobés.