La Provincia de Córdoba dio un paso firme en materia de ordenamiento urbano y control del espacio público con la promulgación de la Ley 11.117, una normativa que modifica el Código de Convivencia Ciudadana e introduce nuevas sanciones para actividades informales en la calle. La medida apunta principalmente a los denominados “naranjitas” que operan sin autorización y establece la prohibición total de los limpiavidrios en rutas, calles, avenidas y semáforos de todo el territorio provincial.

La ley ya fue publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir dentro de los próximos 30 días, plazo en el que municipios y comunas deberán adecuar sus mecanismos de aplicación y control.

El foco puesto en los cuidacoches ilegales

Uno de los ejes centrales de la reforma es el endurecimiento de las sanciones para quienes exijan dinero a conductores a cambio de permitir estacionar o retirar vehículos sin contar con habilitación oficial.

La nueva legislación prevé penas que pueden incluir:

• Hasta seis días de arresto.
• Multas económicas.
• Trabajo comunitario.

Además, la norma incorpora agravantes que elevan la sanción en determinados casos. Entre ellos:

• Actuar de manera organizada o en grupo.
• Utilizar menores de edad para la actividad.
• Emplear credenciales falsas o apócrifas.
• Operar en zonas sensibles como hospitales, escuelas o eventos masivos.
• Reincidir en la conducta.
• Señalizar espacios públicos sin autorización.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca atacar una problemática que desde hace años genera conflictos en ciudades como Córdoba capital, Villa Carlos Paz, Río Cuarto y otras localidades donde la actividad informal vinculada al estacionamiento creció sin regulación efectiva.

También habrá sanciones para habilitados que incumplan reglas

La ley no solo alcanza a quienes trabajan sin permiso. También incorpora el artículo 60 bis, que contempla sanciones para cuidacoches autorizados que violen las condiciones fijadas por cada municipio.

Entre las faltas previstas se encuentran:

• Cobrar tarifas no permitidas.
• Trabajar fuera de las zonas asignadas.
• Prestar o ceder credenciales a terceros.
• Incumplir las condiciones de funcionamiento establecidas por la autoridad local.

Esto marca una señal política clara: la Provincia no solo busca perseguir la informalidad, sino también exigir mayor transparencia y control sobre quienes sí formen parte de esquemas habilitados.

Prohibición total para limpiavidrios

Otro punto fuerte de la reforma es la incorporación del artículo 60 quater, que prohíbe expresamente la actividad de limpiavidrios en toda la provincia.

La disposición alcanza a quienes ofrezcan o intenten limpiar parabrisas, ventanillas u otras superficies de vehículos en:

• Semáforos.
• Calles y avenidas.
• Banquinas.
• Playas de estacionamiento.
• Espacios públicos de circulación vehicular.

Las penas serán similares a las previstas para los cuidacoches ilegales: arresto, multas o tareas comunitarias.

Unificación de criterios en toda Córdoba

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el objetivo principal es establecer reglas homogéneas para todo el territorio cordobés. Hasta ahora, cada municipio aplicaba criterios distintos frente a estas actividades, lo que generaba vacíos legales y diferencias en los controles.

Con la nueva ley, comunas y municipios tendrán respaldo jurídico para actuar bajo una misma normativa, algo que también fortalece la capacidad sancionatoria local.

Debate social y trasfondo político

La decisión seguramente abrirá discusión pública. Para una parte de la sociedad, la medida representa una respuesta necesaria frente a situaciones de apriete, ocupación irregular del espacio público y falta de seguridad. Para otros sectores, expone la ausencia de políticas laborales y de contención para personas que encuentran en estas actividades su único ingreso.

Allí aparece uno de los debates de fondo: si el Estado debe limitarse a sancionar o si también debe ofrecer alternativas reales de inclusión económica.

Un cambio de rumbo en convivencia urbana

Con la Ley 11.117, Córdoba avanza hacia un modelo más estricto de convivencia ciudadana, donde el uso del espacio público queda sujeto a mayores controles y sanciones. La calle, cada vez más disputada entre circulación, trabajo informal y seguridad urbana, vuelve a convertirse en escenario de una discusión central para la política actual.