Lo ocurrido en la última sesión de la Legislatura no fue un gesto aislado ni una decisión improvisada. Fue una postura política clara y necesaria. Junto al Bloque de la UCR y la mayoría de las fuerzas opositoras decidimos levantarnos de la sesión después de rechazar el proyecto que pretende crear una nueva estructura orgánica para la Procuraduría Penitenciaria, con sueldos millonarios y jubilaciones de privilegio.

Y quiero explicarlo en primera persona: no podía quedarme sentado avalando un despilfarro vergonzoso, mientras en la misma provincia se recortan haberes a los jubilados, se ajustan salarios y se pide “esfuerzo” a los que menos tienen. No íbamos a ser cómplices, ni por acción ni por silencio.

Lamentablemente, la única excepción dentro de la oposición fue el legislador Agustín Spaccesi, quien se autodenomina libertario pero volvió a estar alineado con el oficialismo. Si se hubiera retirado como correspondía, el oficialismo no habría logrado el quórum para aprobar este proyecto, que fue tratado de manera express, sin los tiempos mínimos de análisis que exige una estructura de tal magnitud.

Un proyecto hecho para pocos, no para mejorar las cárceles

Resulta insoportable escuchar al oficialismo justificar esta Procuraduría con discursos de preocupación por el sistema penitenciario. Si realmente les hubiera importado, tuvieron 26 años para ocuparse.
Y lo que dejaron es un servicio penitenciario deteriorado, con condiciones deplorables y con un historial tan escandaloso que hasta sus propios directores terminaron presos por hechos de corrupción.

Ahora, de un día para otro, pretenden que una superestructura —creada en tres días, sin debate, sin reformas, sin escuchar a la oposición ni a especialistas— será la solución.
Pero todos sabemos que esto no es una política pública: es una oficina más para ubicar amigos del poder, con cargos vitalicios que superan varias veces los sueldos promedio del escalafón judicial y que derivarán en jubilaciones de privilegio para un pequeño círculo.

Cuando falta la transparencia, sobra la urgencia

El tratamiento exprés de este proyecto es una señal más de que el objetivo no es mejorar el sistema penitenciario, sino aprobar un esquema de cargos antes de que la sociedad pueda enterarse de los verdaderos costos.

Una estructura de este calibre necesita un debate serio:
✔ análisis técnico,
✔ dictámenes,
✔ audiencias,
✔ y sobre todo, transparencia en el uso de los recursos.

Nada de eso ocurrió. El proyecto se trató como si fuera un trámite administrativo cualquiera, cuando en realidad compromete fondos millonarios de todos los cordobeses.

Nuestro deber es poner límites

Por eso nos levantamos:
Porque no vamos a legitimar privilegios mientras el Gobierno ajusta a los sectores más vulnerables.
Porque no vamos a ser parte de una maniobra armada entre gallos y medianoche.
Y porque nuestra responsabilidad es defender a los cordobeses, no al oficialismo de turno.

Que quede claro: nuestra salida de la sesión no fue una huida; fue un acto político. Fue la manera más contundente de dejar en evidencia un atropello que no vamos a permitir que pase desapercibido.

La sociedad nos exige coherencia, seriedad y respeto por los recursos públicos. Y eso es exactamente lo que hicimos.