Más de 11.000 conductores podrían quedar excluidos si avanza la nueva ordenanza impulsada por el oficialismo. El municipio alega razones de seguridad y orden para justificar la medida.

La empresa Uber expresó duras críticas contra el proyecto de regulación que se debate en el Concejo Deliberante de Córdoba y que busca imponer un límite de 3.998 vehículos habilitados para operar a través de aplicaciones de transporte en la ciudad. En un comunicado dirigido a sus socios conductores, la compañía calificó de “absurda” la iniciativa impulsada por el oficialismo y advirtió que, de aprobarse sin modificaciones, más de 11.000 personas perderían el acceso a la plataforma.

La propuesta oficialista, defendida por el presidente del bloque en el Concejo, Martín Simonian, establece un cupo de una licencia por cada 375 habitantes, lo que habilitaría cerca de 4.000 vehículos para operar mediante plataformas como Uber, DiDi y Cabify. Según Simonian, la intención es “ordenar el sistema de transporte por razones de seguridad”, una justificación que no logró convencer a la empresa ni a una parte importante de los conductores.

Una advertencia con tono de alarma

En su mensaje, Uber no solo cuestiona el límite de licencias, sino también los requisitos técnicos que se pretenden imponer. “Es una regulación que pone en riesgo tus ganancias”, expresa el comunicado. Entre las exigencias figuran la obligación de contar con vehículos modelo 2015 o más nuevos y la presentación de diversos certificados que, según la compañía, “demoran meses en obtenerse” y no contemplan la realidad económica y administrativa de Córdoba.

Uber enfatiza que actualmente más de 11.000 personas generan ingresos conduciendo con la app en la ciudad, y denuncia que el nuevo marco legal las dejaría afuera de la plataforma. Además, señala que más de 350.000 usuarios utilizan sus servicios cada mes, por lo que anticipa consecuencias directas sobre la experiencia de viaje: tarifas más altas, mayor tiempo de espera y una reducción en la disponibilidad de vehículos.

“La iniciativa de la Municipalidad afectará la experiencia de la app para los más de 350.000 usuarios cordobeses: los viajes serán más caros y con un mayor tiempo de espera”, insiste la empresa, que también cuestiona el artículo que prohíbe cobrar tarifas por debajo del valor del boleto del transporte urbano, lo que —sostiene— encarecerá aún más el servicio.

Un debate con historia

La discusión sobre el marco legal de las plataformas de transporte no es nueva en Córdoba. Durante años, Uber y otras apps operaron en un marco de ambigüedad legal, enfrentando restricciones y sanciones por parte del municipio. Sin embargo, el fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que habilitó su funcionamiento, cambió el escenario y obligó a las autoridades a discutir una reglamentación concreta.

En ese contexto, el oficialismo municipal elaboró una propuesta que ya cuenta con dictamen favorable en comisión y, según confirmó el viceintendente Javier Pretto, será tratada en el recinto en la primera sesión de agosto. El proyecto cuenta con los votos necesarios para su aprobación, aunque distintas voces dentro y fuera del Concejo advierten sobre el impacto que podría tener la norma.

“Queremos que puedas generar ganancias cómo y cuándo quieras”

Con esta frase, Uber cierra su comunicado y deja clara su postura: rechaza de plano el límite de licencias y las condiciones impuestas por el municipio, a las que considera fuera de contexto y perjudiciales tanto para conductores como para usuarios. La empresa sostiene que la regulación no solo afecta la libertad de trabajar, sino que también va en contra de la modernización del transporte urbano.

Mientras tanto, del otro lado del mostrador, el oficialismo insiste en que la normativa busca garantizar seguridad, trazabilidad y equidad. La ciudad de Córdoba se prepara así para un nuevo capítulo en la polémica por el rol de las plataformas tecnológicas en la movilidad urbana.

¿Regulación o exclusión?

La discusión no está cerrada. La tensión entre el Estado municipal, las empresas tecnológicas y los trabajadores de plataformas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿es posible regular sin excluir? Y más aún, ¿quién paga el costo de una norma que, aunque persiga el orden, podría condenar al desempleo a miles y encarecer el acceso a un servicio ya instalado en el hábito cotidiano de los cordobeses?

En agosto, el recinto tendrá la palabra. Mientras tanto, los conductores y usuarios observan con preocupación una regulación que, de “ordenar”, podría terminar restringiendo derechos y oportunidades.